Requerido por el Gobierno de Estados Unidos con fines de extradición, Aler Samayoa, alias «Chicharra» deberá cumplir una serie de pasos hasta que su extradición se concrete, tras haber aceptado los cargos por los que es sindicado en Guatemala.

Tras la condena por el caso Olimpo, «Chicharra» ha acortado en un 50% la sentencia que le correspondía al haber aceptado los cargos, quedando a la espera el traslado de los oficios para el procedimiento de extradición a los Estados Unidos a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX).

Previo a este proceso, «Chicharra» deberá realizar un pago por reparaciones dignas de Q48 mil por su vinculación al caso, luego deberá cumplir con su sentencia de cuatro años a prisión conmutables a razón de Q50 diarios.

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En total, para que «Chicharra» quede libre por el caso Olimpo, deberá pagar un total de Q121 mil para comenzar con el proceso de extradición, lo que podría tardar algunos meses para su entrega efectiva.

Tras asegurarse que ya no existan procesos por resolver, se debe informar inmediatamente al gobierno estadounidense que Samayoa ya está listo para la extradición y hacer las gestiones del caso.

ACEPTACIÓN DE CARGOS

Luego de ser ligado a proceso, Samayoa enfrentó este lunes 14 de abril, la audiencia de aceptación de cargos por asociación ilícita, al ser señalado de haber ayudado a Juan Rozotto, alias «Juancho», a evadir la justicia y evitar ser procesado por lavado de dinero.

El presunto líder de «Los Huistas», durante la audiencia llevada a cabo en la sala del juzgado primero de mayor riesgo «D», aceptó los cargos por los que es requerido en el caso Olimpo, mientras era escuchado a través de videollamada por la jueza Abelina Cruz.

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LA CAPTURA

El Ministerio Público (MP) informó, el pasado 11 de marzo, sobre la captura en México de Aler Baldomero Samayoa Recinos, conocido como “Chicharra”, requerido en la Corte Distrital de Estados Unidos para el Distrito de Columbia por delitos relacionados con el narcotráfico.

Según explicó el ente investigador, Samayoa Recinos es requerido por la justicia norteamericana por conspiración para distribuir cocaína, con la intención de que conociendo y teniendo causa “razonable para creer que dicha sustancia sería ilegalmente importada” a territorio estadounidense.

La investigación detalla que la organización a gran escala de tráfico de drogas operaba en Guatemala, y se logró identificar a los dirigentes de la agrupación, así como a los coordinadores responsables de facilitar el transporte de ilícitos, según la Fiscalía.

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