Guatemala: Proyección internacional y contradicciones internas en Derechos Humanos

María Alejandra De León Quiñónez Guatemala ha desplegado una activa presencia internacional para proyectarse como un país comprometido con la defensa de los Derechos Humanos. Por tercera vez, en mayo de 2025 el país será sede de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo fue en 2007 y 2017; este […]

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22/05/2025 08:57

Fuente: La Hora

María Alejandra De León Quiñónez

Guatemala ha desplegado una activa presencia internacional para proyectarse como un país comprometido con la defensa de los Derechos Humanos. Por tercera vez, en mayo de 2025 el país será sede de sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tal como lo fue en 2007 y 2017; este acto es constitutivo del “compromiso compartido” del Estado con la promoción de los derechos fundamentales. Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- volvió a visitar Guatemala en 2024 tras años de ausencia, reflejando cierta apertura reciente al escrutinio internacional. En discursos oficiales, las autoridades suelen reafirmar esta narrativa de compromiso; desde el Ejecutivo, se ha declarado la apuesta por la justicia y la vida digna, situando los Derechos Humanos como eje del futuro del país.

Esta diplomacia de los Derechos Humanos se extiende al ámbito multilateral. Guatemala es Estado parte de los principales tratados internacionales y participa activamente en foros de la Organización de Estados Americanos y las Naciones Unidas, donde subraya su adhesión al orden internacional en esta materia.

A pesar de ello, la imagen internacional contrasta con serias limitaciones estructurales dentro del país. Durante 2021-2023, Guatemala fue incluida por la CIDH en el capítulo IV.B de su informe anual. Esta sección es reservada a países con violaciones sistemáticas de Derechos Humanos como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Si bien recientemente salió de esta lista, la CIDH advirtió en 2024 que continúa la instrumentalización del sistema de justicia para criminalizar a quienes defienden los Derechos Humanos en el país. Este señalamiento subraya la persistente criminalización de defensores a través de procesos penales infundados y otros hostigamientos legales dirigidos contra activistas sociales, fiscales independientes y jueces que luchan contra la impunidad.

La falta de independencia judicial y los rezagos en el acceso a la justicia agravan este panorama. Organismos internacionales han denunciado el debilitamiento del Estado de derecho, evidenciado en la interferencia política en la elección de magistrados y en cómo se protege a actores corruptos por encima de la ley. La justicia transicional también está estancada: a décadas del fin del Conflicto Armado Interno, numerosas violaciones graves permanecen impunes.

Por otra parte, la violencia estructural y la inseguridad siguen latentes. Defensores comunitarios que protegen el territorio o denuncian abusos enfrentan ataques constantes. En 2024 se registró la cifra histórica de 29 activistas asesinados, en su mayoría líderes indígenas ambientalistas, y se documentaron más de 9,000 agresiones contra defensores de derechos, periodistas y comunidades. Estos hechos ocurren en un contexto de debilidad institucional y exclusión social, pues actualmente la pobreza afecta al 56% de la población y la discriminación histórica mantiene marginalizadas a comunidades indígenas y rurales.

Guatemala equilibra un discurso externo de compromiso con los Derechos Humanos y la democracia, aunque internamente enfrenta desafíos persistentes para concretizar estos ideales. La participación del país como sede de foros internacionales y la retórica diplomática contrastan con la realidad de la criminalización de defensores, los rezagos en la justicia y la violencia estructural que afectan a amplios sectores.

Para cerrar la brecha entre la imagen proyectada y la situación interna, Guatemala debe traducir sus compromisos internacionales en acciones concretas: fortalecer el Estado de derecho, proteger a quienes defienden derechos fundamentales y atender las causas profundas de la exclusión y la violencia. Solo así la narrativa de país comprometido con los Derechos Humanos dejará de ser un mero lema diplomático para convertirse en una realidad tangible.

Referencias bibliográficas