En Guatemala, el crecimiento de negocios impulsados por la transformación digital ha sido explosivo en sectores como finanzas, telecomunicaciones y educación. Sin embargo, se multiplicaron las amenazas cibernéticas. La ciberseguridad, entendida como la protección de sistemas, redes y datos, es crucial para la estabilidad económica, la seguridad nacional y la privacidad ciudadana. Debe ser una obligación del Estado, pero nuestro país enfrenta retos como la falta de legislación específica y la escasez de profesionales capacitados.

Los datos son ahora un activo crítico y su protección es esencial. Sectores como banca, salud y gobierno manejan información sensible que, si se compromete, puede generar graves consecuencias. Según la Asociación de Internet de Guatemala, los ciberataques crecieron un 125% en los últimos cinco años, afectando especialmente a telecomunicaciones y finanzas. Los ataques de phishing, malware y ransomware son frecuentes.

Check Point reporta para el 2025 un promedio de 1,925 ataques semanales a nivel mundial. En Guatemala, la ausencia de normativas claras agrava estas vulnerabilidades, dificulta la persecución de delitos y deja desprotegidos a los usuarios. La seguridad cibernética es una necesidad nacional y no debe considerarse como el negocio privado de una élite.

Una ciberseguridad débil amenaza la estabilidad nacional. Los ciberataques pueden interrumpir servicios esenciales, como ocurrió en Costa Rica en 2023, cuando un ataque paralizó sistemas gubernamentales. A nivel empresarial, las violaciones de datos causan pérdidas económicas y daños a la reputación. Para los ciudadanos, el robo de información puede derivar en fraudes o extorsión. La sofisticación de los ataques, potenciada por inteligencia artificial, exige defensas muy robustas.

Guatemala ha avanzado. En 2018 se lanzó la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética, liderada por el Comité Nacional de Seguridad Cibernética (Conciber). Se busca fortalecer las capacidades del país y crear un entorno digital seguro. El plan incluye formación en ciberseguridad para cubrir la demanda de profesionales. Además, en colaboración con la OEA, se han impartido talleres sobre amenazas digitales y se creó el primer Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT). En el ámbito legislativo, la iniciativa 6347, actualmente en análisis en el Congreso, propone un marco legal para combatir delitos cibernéticos. Ojalá prospere más que el engavetado decreto 39-2022.

Para avanzar, Guatemala necesita un enfoque integral y colaborativo. Es necesario fortalecer el marco legal aprobando la iniciativa 6347, alineándola con los estándares del Convenio de Budapest. Debe promoverse la educación y la capacitación integrando la ciberseguridad a los planes de estudio y promover a profesionales en criptografía y forense digital. Es indispensable una colaboración público-privada para optimizar recursos, invertir en tecnología, adoptar herramientas avanzadas y fortalecer la CSIRT para que sea un centro de respuesta rápida, coordinando los esfuerzos multisectoriales.

Guatemala está en el momento crucial para robustecer su ciberseguridad. La creciente dependencia tecnológica y el aumento de los ciberataques requieren acción coordinada entre gobierno, sector privado, academia y sociedad. Aprobar leyes específicas, invertir en educación y tecnología, y fomentar la colaboración permitirá al país construir un marco de ciberseguridad resiliente. Se protegerán los datos, la economía y la seguridad nacional en este mundo interconectado. Debemos actuar ahora para lograr un futuro digital seguro.