Juzgado liga a proceso a agentes de la PNC por supuesta venta ilegal de armas y municiones de la institución

El Juzgado Tercero Penal ligó a proceso a siete personas vinculadas a la supuesta sustracción y venta de armas y municiones de la Policía Nacional Civil (PNC). Los señalados fueron capturados hace tres semanas, tras una investigación que apunta a posibles actos ilícitos dentro de la institución de seguridad ciudadana.

Debido a que el caso fue declarado en reserva, se conoce que el Ministerio Público (MP) inició la investigación a raíz de un ataque armado en una cevichería de la zona 6, que dejó seis personas fallecidas y un niño herido. Al analizar los indicios balísticos localizados en la escena del crimen, se determinó que uno de los casquillos correspondía a una bala perteneciente a la PNC.

Este indicio hizo que se ampliaran las pesquisas, que permitieron lograr información preliminar de que posiblemente existía una extracción ilegal de armas del almacén de la PNC. Estas, de acuerdo con las primeras indagaciones, pudieron haber sido vendidas a grupos criminales por medio de terceros.

En ese contexto, las autoridades capturaron a siete personas identificadas como Edgar Francisco Padilla Guerra, Maynor Fredi Reyes Ruiz, José David Ramírez Jérez y Willy Josué García Montepeque, todos agentes de la PNC. También fueron detenidos los civiles Mario Antonio Barrera Escobar, Óscar Humberto Paz Gudiel y Óscar Daniel Paz Lima, quienes están vinculados al proceso.

Según la información recopilada, tras dos audiencias de primera declaración, el juez Mynor Moto, a cargo del caso, ligó a proceso penal a los siete sindicados.

Dos de los agentes, que estaban a cargo de la custodia del almacén de armas de la PNC, fueron ligados a proceso por los delitos de incumplimiento de deberes y peculado por sustracción, mientras que los otros dos enfrentan proceso por venta ilegal de armas.

En el caso de Barrera Escobar, fue ligado a proceso por encubrimiento propio, mientras que Paz Gudiel y Paz Lima fueron procesados por venta ilegal de armas.

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De la misma manera, se conoció que Paz Gudiel fue beneficiado con una medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliar, arraigo, la obligación de registrar su huella cada 15 días, prohibición de comunicarse con los coimputados y una caución económica de Q30 mil. En el caso de Paz Lima, se le otorgó la misma medida, con la diferencia de que el pago que debe solventar asciende a Q75 mil.

Los demás sindicados fueron enviados a prisión preventiva. No obstante, el juez fijó para el próximo 23 de noviembre una audiencia de revisión de medidas, en la que el MP y la defensa de los procesados deberán presentar sus argumentos para evaluar si deben permanecer privados de libertad o pueden ser beneficiados con una medida sustitutiva mientras continúa la investigación.

Mientras tanto, se le otorgó al MP un plazo de tres meses para concluir la investigación. Posteriormente, el 9 de febrero de 2027 se discutirá si los implicados deben enfrentar juicio.

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