La Constitución de Guatemala, por elemental lógica, debe ser el documento legal de la ley en nuestro país. No es indispensable tener un doctorado honoris causa en Derecho Constitucional, pero sí es un principio cuyo conocimiento y dominio debe estar en la mente de un presidente o un canciller. Debido a la forma suigéneris —por decir lo mínimo— de interpretarla en sus 41 años de agitada vida, y a los frustrados intentos de cambiarla, fue entendida y aceptada por muchos la decisión de otorgarle a los criterios legales foráneos específicos sobre Derechos Humanos, una supremacía exclusiva sobre el tema, aunque estos a veces se aplican en favor de los intereses de minorías elitistas poderosas por razones políticas, económicas, religiosas y demás.

La decisión de dejar abierta la puerta a esa supremacía en la totalidad de temas de la convención de Viena, era claramente peligrosa por sus posibles efectos, al constituir una cesión de soberanía. Por eso Guatemala al ratificarla en 1997, 28 años después, dejó una reserva al artículo 27, cuyo texto es inaceptable: “el estado parte (miembro) no puede invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación para incumplir un tratado internacional”. Esa convención ocurrió en 1969, cuando el mundo era otro. Al haber transcurrido 56 años y a causa de la interferencia de entidades político-jurídicas internacionales causantes de problemas, si esa reserva no hubiera existido, habría necesidad de colocarla en el mencionado derecho interno.

Desde la perspectiva interna actual, no importa quién gobierna ni quién solicitó a la Corte de Constitucionalidad un dictamen. El hecho es simple: se cede la soberanía. El país no puede depender de la voluntad foránea para legalizar o no los criterios extranjeros. El ejemplo de México desde hace décadas, mantenido a pesar de la salida del PRI de la dictadura perfecta y la sustitución por el PAN y por Morena, es muy valioso en cuanto a ser inflexibles al respecto a la validez constitucional por sobre todo y todos. La decisión de Bernardo Arévalo y del canciller Carlos Ramiro Martínez tuvo el grueso error de fondo de no haber sido informada a la ciudadanía, lo cual es extraño porque ambos han sido fundamentalmente diplomáticos, no políticos.

La CC hoy, por unanimidad, está cerca de repetir su acción cuando sus miembros, encabezados por el licenciado Epaminondas González, la salvaron ante el “autogolpe” de Estado del grotesco dictador Jorge Elías en 1993, quien en su período fue el peor presidente de Guatemala, título ahora disputado por los tres últimos, pero ese es otro tema. Esa defensa de la Constitución lo convirtió en un mártir ahora olvidado porque lo pagó con su vida, ser asesinado —impunemente, por supuesto— en abril de 1994, por lo cual lo mínimo de justicia sería erigir un busto de homenaje a él en esa corte. Esta vez, esa entidad político-jurídica rescató de nuevo a la Carta Magna, y esto permite pensar en la posibilidad de corregir acciones anticonstitucionales, no importa quién la presida e integre. La actual CC no necesita reconocimiento porque simplemente se limitó a cumplir con su deber, coincidente con principios ético-lógico-jurídicos. Cuando sus dictámenes son inadecuados o tienen malas consecuencias, como ha ocurrido muchas veces, sí merecen el rechazo y la crítica generalizadas, razón de las críticas vertidas en esta columna sobre ese tema. No es ingratitud, sino un análisis de una decisión específica. Es importante señalar un factor adverso: dejar como cosa juzgada a un tema solo después de tres ocasiones de haber sido consultado, así como darle rienda suelta a todo tipo de quejas porque su área es, como su nombre lo indica, la constitucionalidad. Debe ser selectiva en los casos aceptados, para evitar atrasos innecesarios.