Durante décadas, el crecimiento económico ha sido el indicador favorito para evaluar el éxito de un país. Cada trimestre, gobiernos, analistas y medios celebran cuando el Producto Interno Bruto (PIB) aumenta algunos puntos porcentuales y expresan preocupación cuando disminuye. Sin embargo, para países como México y Guatemala, el crecimiento por sí solo resulta insuficiente. Un país puede crecer económicamente y, al mismo tiempo, mantener altos niveles de pobreza, desigualdad, violencia, corrupción y deterioro institucional. Por ello, es momento de cambiar la pregunta, no basta saber cuánto crece una economía, sino cuánto se desarrolla una sociedad.

El crecimiento económico simplemente mide el incremento en la producción de bienes y servicios. Es un indicador cuantitativo. El desarrollo nacional, en cambio, es un concepto más amplio. Implica mejores condiciones de vida para las personas, en instituciones más sólidas, mayor movilidad social, acceso efectivo a la educación, salud, seguridad, justicia y oportunidades para desplegar el talento individual.

La historia reciente ofrece numerosos ejemplos de economías que crecieron rápidamente sin alcanzar un desarrollo integral. El incremento del PIB puede provenir del auge de las exportaciones, de un aumento en el precio de las materias primas o de una mayor inversión extranjera. Sin embargo, si esa riqueza queda concentrada en pocos sectores o regiones, el ciudadano común apenas percibe sus beneficios. El crecimiento económico puede coexistir perfectamente con salarios estancados, sistemas educativos deficientes, pésimos servicios públicos o el flagelo de la corrupción.

México constituye un ejemplo ilustrativo. A pesar de haberse consolidado como una de las quince economías más grandes del mundo, continúa enfrentando graves problemas de inseguridad, desigualdad regional y baja productividad laboral. Algo similar ocurre en Guatemala, donde algunos indicadores macroeconómicos muestran estabilidad, pero amplios sectores de la población siguen padeciendo pobreza, desnutrición y limitada presencia efectiva del Estado. En ambos casos, el crecimiento económico no ha logrado convertirse verdaderamente en un desarrollo humano integral.

Mahbub ul Haq fue uno de los principales impulsores de un cambio de paradigma al afirmar que «la verdadera riqueza de una nación son sus personas». Como creador del Índice de Desarrollo Humano (IDH), sostuvo que el éxito de un país no puede medirse únicamente por el tamaño de su economía, sino por la capacidad de sus ciudadanos para vivir una vida larga, saludable, educada y con amplias oportunidades. Su propuesta desplazó el foco desde el simple crecimiento del ingreso hacia el bienestar efectivo de la población.

El economista indio Amartya Sen sostiene asimismo que el verdadero desarrollo consiste en ampliar las capacidades y libertades de las personas. Una economía desarrollada no es simplemente aquella que produce más riqueza, sino aquella que permite que los individuos tengan mayor libertad para elegir su propio destino. Así, bajo estas nuevas perspectivas, el crecimiento económico deja de ser un fin y se convierte en un medio.

El economista Albert O. Hirschman, por su parte, advertía que el desarrollo es un proceso complejo de transformación institucional, social y política. No basta con invertir capital; es indispensable construir instituciones capaces de canalizar los conflictos, generar confianza y coordinar esfuerzos colectivos. Sin instituciones eficaces, incluso los periodos de rápido crecimiento terminan siendo efímeros.

Las investigaciones de Douglass North reforzaron esta idea al demostrar que la calidad institucional explica buena parte de las diferencias de prosperidad entre los países. El respeto al Estado de Derecho (rule of law), la protección de los derechos de propiedad, la certeza jurídica y gobiernos eficaces constituyen factores mucho más importantes para el desarrollo sostenido que el simple aumento del PIB.

En el caso de México y Guatemala, la discusión pública continúa excesivamente enfocada en variables macroeconómicas. Se debate el crecimiento anual, la inflación o el tipo de cambio, mientras se presta menor atención a indicadores igualmente relevantes como la calidad educativa, la confianza en las instituciones, la innovación tecnológica, la productividad, la fortaleza del sistema judicial o la capacidad del Estado para ofrecer seguridad y justicia.

El desarrollo nacional también exige fortalecer el llamado “capital social”. Las sociedades prosperan cuando existe confianza entre ciudadanos, cooperación, cumplimiento de la ley y una cultura de responsabilidad compartida. Sin estos elementos, incluso las mejores políticas económicas encuentran límites severos. La riqueza puede crearse; la confianza institucional requiere décadas para consolidarse.

En la misma línea, los economistas Daron Acemoglu y James A. Robinson, en su obra Why Nations Fail, argumentan que la prosperidad sostenible depende de la existencia de instituciones inclusivas que permitan la participación económica y política de la población. Los países que concentran el poder y las oportunidades en pequeñas élites pueden registrar episodios de crecimiento económico, pero difícilmente alcanzarán un desarrollo duradero. Por el contrario, las sociedades que fortalecen el Estado de Derecho y protegen los derechos de propiedad, promueven la competencia y garantizan igualdad de oportunidades, y generan las condiciones para un desarrollo que beneficia a la mayoría de sus ciudadanos.

Además, el siglo XXI nos obliga a incorporar nuevas dimensiones del desarrollo. La revolución tecnológica y la inteligencia artificial están transformando la productividad mundial a una velocidad sin precedentes. Los países que inviertan en ciencia, investigación, innovación y formación de capital humano y social estarán mejor preparados para competir. Aquellos que concentren exclusivamente sus esfuerzos en aumentar el crecimiento económico, sin fortalecer las capacidades de su población, corren el riesgo de quedar rezagados en la economía del conocimiento.

La verdadera medida del éxito nacional no debería consistir únicamente en cuánto produce una economía, sino en cuánto mejora la vida de sus ciudadanos. Un país desarrollado no es aquel que acumula más riqueza numérica, sino aquel que ofrece oportunidades reales para que cualquier persona pueda prosperar.

México y Guatemala necesitan construir una nueva visión de largo plazo. Una visión donde el crecimiento económico sea importante, pero subordinado al objetivo superior del desarrollo nacional. Esto implica fortalecer las instituciones, elevar la calidad educativa, combatir la corrupción, garantizar el Estado de Derecho, fomentar la innovación y ampliar las oportunidades para todos.

Al final, las cifras del PIB pueden impresionar durante un año; el desarrollo, en cambio, transforma generaciones enteras. Esa es la diferencia entre una economía que simplemente crece y una nación que verdaderamente progresa.