Los ataques e intimidaciones en contra de las y los periodistas en Guatemala siguen imparables. Cada semana se registran diversos tipos de agresiones que van desde persecución penal indebida, amenazas de muerte y de violencia sexual hasta campañas de hostigamiento y descrédito.

En lugar de cumplir con su mandato y dedicarse a perseguir a quienes realmente cometen delitos, el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci) de Rafael Curruchiche Cucul dedican recursos y esfuerzos para procesar penalmente a periodistas que trabajan con independencia.

El caso más grave es el del fundador y expresidente del diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, a quien devolvieron a prisión luego de una orden ilegal de la Sala Tercera de Apelaciones que obligó al juez Érick García a anular el fallo con el que le otorgó arresto domiciliario al periodista.

Zamora cumple hoy 984 días de detención arbitraria. Y aunque en su caso se dan todos los requisitos para tener una medida sustitutiva, el sistema de “justicia” está empeñado en mantenerlo encerrado. La razón: castigarlo por las publicaciones periodísticas que desvelaron (una y otra vez) enormes escándalos de corrupción de estructuras criminales enquistadas en las entrañas del Estado.

La última de enorme calado fue la investigación que dio detalles del supuesto pago de sobornos rusos al entonces presidente Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez. El caso de la “alfombra mágica” en la que se habría colocado la coima provocó el despido arbitrario del fiscal Juan Francisco Sandoval y fue el detonante de la persecución espuria en contra de Zamora. Pero la Fiscalía no está contenta con tener solamente a un periodista en prisión. Con una terquedad que espanta no ceja en su empeño de perseguir penalmente a un grupo de seis periodistas y dos columnistas que trabajaron con Jose Rubén en elPeriódico. Ya una jueza de primera instancia resolvió que el “caso” debía ser conocido por un juzgado de imprenta y una sala de apelaciones le dio la razón a la juzgadora, luego de que el MP apelara su resolución.

La Corte Suprema, a la que también acudió la Feci, confirmó la decisión de la sala. Pero como lo que se quiere es castigar y criminalizar, de nuevo se presentó un recurso ante la Corte de Constitucionalidad para intentar reactivar la investigación por el delito de “obstrucción a la justicia” en contra de los colegas.

Ahí tienen ustedes también el “caso” en contra del periodista Juan Luis Font a quien le giraron una orden de captura tras una acusación absurda del exministro de Comunicaciones del Partido Patriota, Alejandro Sinibaldi.

O la barbaridad que intentan en contra de Diego España, del diario La Hora, quien tras develar una reunión secreta entre la jueza Abelina Cruz y la fiscal Sofía Castillo, fue acusado por esta última de “violencia contra la mujer”. Indigna que en un país en el que se asesina y violenta a niñas y mujeres todos los días, se retuerza una ley como la de feminicidio para perseguir a periodistas.

Las campañas de intimidación y desprestigio también están a la orden del día. Este fin de semana se denunció el hostigamiento en contra del medio Prensa Comunitaria y de uno de sus fundadores, Nelton Rivera. Cuentas anónimas, que usualmente anuncian acciones del MP y amenazan a periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, anunciaron una posible captura.

Hace años que el gremio periodístico ha pedido que se implemente un mecanismo de protección que garantice integridad, seguridad y libertad para continuar desempeñando nuestro oficio. Es cada vez más difícil seguir con esta labor cuando el MP se ha convertido en un Estado paralelo y el derecho penal en una herramienta de persecución y castigo.