El 3 de mayo se conmemoró el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Una fecha propicia para realizar un balance sobre la situación que enfrentan medios y periodistas en un contexto marcado por la regresión autoritaria y el debilitamiento acelerado de la democracia a nivel regional y global.

La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó la clasificación mundial de la libertad de prensa 2026 y alertó sobre que, por primera vez en 25 años, “más de la mitad de los países se encuentran en una situación difícil o muy grave”.

En un apretado resumen: las y los periodistas siguen siendo asesinados y encarcelados por su trabajo, se ha exacerbado un discurso político hostil contra la prensa y quienes ejercen el oficio; la economía de los medios va en declive por diversos factores, entre estos, el boicot comercial y publicitario para asfixiarlos, y hay una instrumentalización de las leyes para perseguir y silenciar voces críticas.

De los cinco indicadores que miden el estado de la libertad de prensa, el del marco legal es el más afectado. Esto se traduce en el uso indebido de normativas como las de seguridad nacional o leyes contra el crimen organizado para encarcelar periodistas a través de acciones judiciales abusivas.

No hay que irse demasiado lejos para constatar la persecución en contra de quienes investigan, revelan y denuncian casos de gran corrupción o graves violaciones a los derechos humanos. En Guatemala, el expresidente de diario elPeriódico, Jose Rubén Zamora Marroquín, estuvo mil 295 días encarcelado y continúa sujeto a tres procesos judiciales a partir de casos fabricados por el Ministerio Público (MP) de María Consuelo Porras Argueta y José Rafael Curruchiche Cucul.

Y la criminalización continúa. El pasado viernes, Jose Rubén denunció a través de una columna de opinión que, faltando 10 días (ahora menos) para que Porras Argueta deje el cargo, la Fiscalía está intentando capturarlo nuevamente a partir de un cuarto caso penal que estaría relacionado con la publicación de una investigación periodística sobre una comitiva de empresarios rusos que visitó Guatemala en 2021 y que, se presume, habría entregado un millonario soborno al entonces presidente Alejandro Giammattei Falla.

Esta trama de corrupción, bautizada como “la alfombra mágica” porque, según testigos, el dinero del posible soborno se habría envuelto en una alfombra, nunca fue investigada por el MP y, en cambio, ahora se pretende perseguir penalmente a Zamora por revelación de información confidencial o reservada, delito que no aplica a los periodistas, sino a los funcionarios. Le están apostando a que algún juez-socio de la Fiscalía, de esos que comparten sanciones internacionales como actores corruptos y antidemocráticos, se preste a girar una nueva orden de captura para llevárselo preso por tercera vez.

Aunque, desde el día uno, la dupla Porras-Curruchiche se ha empeñado en negar que la persecución penal que enfrenta Zamora tiene relación con su trabajo periodístico, este nuevo “caso” solo refuerza la realidad: a Jose Rubén lo capturaron, lo torturaron, lo mantuvieron en prisión y quieren volver a encerrarlo en represalia por las investigaciones y publicaciones de elPeriódico que desvelaron enormes escándalos de corrupción que involucraban a Giammattei y su pareja, Miguel Martínez.

Quedan apenas seis días para que se cierre el nefasto capítulo de la jefatura de Consuelo Porras al frente del MP. Seguramente los van a aprovechar para dejar en marcha otros casos sin fundamento y consolidar un andamiaje interno para no perder el “control”. La tarea del nuevo fiscal general será titánica y ameritará que, sin demora, se analicen y reviertan los casos de criminalización que mantienen presas, exiliadas y perseguidas a personas que no han cometido delitos.