Cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones tomaron posesión el 13 de octubre del año pasado, se pensó que la elección había sido balanceada y que los nuevos funcionarios impartirían justicia de forma independiente, sin vínculos políticos. Ocho meses después, el panorama judicial es desolador: la justicia continúa siendo instrumentalizada para la persecución política y permanece secuestrada por redes clientelares vinculadas al partido Vamos y sus aliados.

Durante la pasada elección en el Congreso, las fuerzas encabezadas por el diputado Allan Rodríguez —quien representaría los intereses del expresidente Giammattei— lograron aglutinar los votos de al menos 12 bancadas, entre ellas, Valor, UNE, Unionista, Todos, Cabal y Bien. Las resoluciones más recientes de jueces y magistrados confirman que persiste un nefasto contubernio con el Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras.

Esta semana, la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones agregó el delito de Asociación ilícita contra Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirigentes de los 48 Cantones de Totonicapán. Ese sería el tercer delito que se les imputa. Desde abril pasado, están en prisión por cargos de terrorismo y obstaculización a la acción penal. Este nuevo cargo ilustra con crudeza la criminalización sistemática de las protestas ciudadanas.

Esto es sintomático de la utilización de la justicia como forma de venganza política, porque en el 2023 el movimiento indígena exigía la renuncia de Porras y el respeto al voto ciudadano que estaba en peligro por las acciones golpistas encabezadas por la fiscal general. Ellos no actuaban solos, sino como presidente y tesorero, respectivamente, de la Junta Directiva de los 48 Cantones de Totonicapán y ejercían sus derechos a la manifestación y a la libre emisión del pensamiento. Tanto Porras como los magistrados violan flagrantemente esos dos derechos consagrados en la Constitución.

En forma paralela, el abogado Eduardo Masaya, quien fuera aprehendido cuando formaba parte de una planilla en el Colegio de Abogados y Notarios, enfrentará juicio hasta el 30 de abril de 2026, por el delito de falsedad ideológica porque supuestamente avaló unas actas del Movimiento Semilla. Este caso forma parte de la persecución política de Porras y el juez Fredy Orellana contra el partido en el gobierno.

El peso de la justicia no es igual para todos. El abogado David Barrera, principal acusado de la estructura criminal B410, fue dejado en libertad condicional por la Sala Tercera de Apelaciones, pese a que la Superintendencia de Administración Tributaria lo señala de una defraudación de Q300 millones. Barrera representa a más de 200 empresas que estarían involucradas en el mayor caso de defraudación fiscal de la historia del país. Esa misma sala es la que mantiene en prisión al periodista Jose Rubén Zamora, otra víctima de la persecución política del MP.

Mientras Porras se ensaña con casos inventados contra sus opositores, sus fiscales fracasan en sustentar adecuadamente casos de corrupción comprobada. Es lo que ocurrió con el expediente de plazas fantasmas contra el expresidente del Congreso, Luis Rabbé, quien estuvo prófugo durante años. La investigación del MP fue tan deficiente que permitió a la jueza Claudette Domínguez dictar sobreseimiento a favor del acusado. Así, Rabbé quedó libre de los cargos de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

Los hechos no dejan lugar a dudas: la justicia no es independiente. Está al servicio de la cleptocracia y es un instrumento de persecución política contra líderes indígenas, fiscales, jueces, periodistas y contra quienes se atrevan a desafiar la corrupción y la impunidad. Hoy, la ley protege a quienes manipulan las instituciones para conservar sus privilegios.