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Conap cuestiona reformas sobre áreas protegidas incluidas en la Ley de Puertos

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Conap cuestiona reformas sobre áreas protegidas incluidas en la Ley de Puertos
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A través de sus redes sociales, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) se pronunció sobre las reformas relacionadas con las áreas protegidas, contenidas en el Decreto 20-2026: Ley General del Sistema Portuario Nacional. El Conap manifestó públicamente que los cambios introducidos a la normativa debilitan sus competencias legales y las acciones de conservación ambiental […]
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A través de sus redes sociales, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap) se pronunció sobre las reformas relacionadas con las áreas protegidas, contenidas en el Decreto 20-2026: Ley General del Sistema Portuario Nacional.

El Conap manifestó públicamente que los cambios introducidos a la normativa debilitan sus competencias legales y las acciones de conservación ambiental que tiene a su cargo, por considerar que contienen «criterios incompatibles».

En específico, señaló los artículos 131 al 133 de la ley, al considerar que afectan negativamente sus competencias institucionales en la protección de las áreas protegidas. Según la institución, estas disposiciones la obligarían a modificar los objetivos de conservación para permitir el desarrollo de infraestructura.

De acuerdo con el análisis del Instituto de Investigación en Ciencias Naturales y Tecnología (IARNA), los artículos 131, 132 y 133 no están directamente relacionados con el manejo de los puertos, sino que introducen modificaciones a la Ley de Áreas Protegidas.

Estos cambios establecen que las instituciones, entre ellas el Conap, deberán adaptar las áreas protegidas a proyectos de interés público, que pueden incluir obras de infraestructura, actividades comerciales u otras iniciativas. Asimismo, los planes maestros relacionados con estos espacios podrán revisarse mediante una solicitud específica.

De acuerdo con el Decreto 20-2026, dichos planes también deberán ser evaluados por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), con el propósito de verificar que los proyectos de infraestructura sean compatibles con las medidas de mitigación y restauración por los impactos que generen.

Las reformas a la Ley General del Sistema Portuario Nacional establecen que el MARN, el Conap, el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) y la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET) tienen seis meses, a partir de la entrada en vigor del decreto, para adaptarse a las nuevas disposiciones.

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«El alcance de estas disposiciones trasciende la esfera estrictamente portuaria a otros ámbitos», advirtió el Conap, al expresar su preocupación por los posibles efectos negativos en los espacios naturales de alto valor ecológico del país.

Por su parte, el IARNA señaló que las reformas del Decreto 20-2026 también afectan otras legislaciones, como la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación (Decreto 26-97), la Ley de Protección y Mejoramiento del Medio Ambiente (Decreto 68-86) y la Ley Reguladora de las Áreas de Reservas Territoriales del Estado (Decreto 126-97).

Aunque la Ley Forestal no fue modificada directamente, el artículo 90 de la normativa portuaria también establece cambios que inciden en este ámbito.

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