Varios diputados y partidos en el Congreso de la República andan, desde hace rato, bajo la sombra de oscuros financiamientos y fidelidades. Aunque se hayan cambiado de carretón electoral para reelegirse o hayan llegado en alguno de reciente formación, no se borra la mancha de sus acciones, decisiones o nexos. Otros están en una penumbra dudosa, votando a donde apunte la conveniencia, quizá por pura ignorancia o simulando una, pero no fueron electos para eso, sino para trabajar en favor del bien común, del desarrollo de la Nación, de la probidad y del estado de Derecho. Pero ello no está ocurriendo, y para ejemplo basta recordar el ilegal, inviable y lesivo autoaumento, que sigue sin ser discutido en el pleno.

A estas alturas, ya debería haber quedado sin efecto por falta de sustento, pues ni siquiera tienen las agallas para confesar de viva voz en el pleno su gazuza. Prefieren cobrar a hurtadillas, sin sesionar, quedándose quietos, apáticos y mudos, como si así fueran a pasar cuatro años en la invisibilidad más improductiva. Pero ya se acabó el pretexto del receso de medio año y se acumulan iniciativas.

De hecho, una de las más recientes es la 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo, la cual plantea reformas para mejorar el combate de delitos financieros y uso de fondos ilícitos provenientes del narcotráfico, crimen organizado y corrupción, cuya propuesta fue recientemente anunciada por el Ejecutivo. Sin embargo, el partido oficial parece no tener tracción para impulsarla en el Legislativo, en donde ni siquiera alcanzó a ser conocida en la sesión extraordinaria del 29 de julio. Sin embargo, los diputados deberán tomar postura, y esta no quedará sin consecuencia.

En el 2020, durante el gobierno de Alejandro Giammattei, se presentó una propuesta similar que fue simplemente ninguneada. En esencia, también proponía establecer controles sobre los flujos dinerarios de videoloterías, apuestas en línea y empresas remesadoras que hasta ahora no son cubiertas por los monitoreos. Cabe recordar que la norma vigente contra el lavado tiene ya casi dos décadas y las modalidades de este delito se han diversificado con la tecnología. La nueva iniciativa abarca también los soportes financieros y de pagos por servicios digitales, incluyendo criptomonedas, tokens de redes sociales y software, que en países como México han resultado ser una inmensa lavandería para grupos del narco.

Ya que se menciona a dicho país, en este momento existe una fuerte ofensiva del gobierno de Donald Trump: tres bancos, relativamente pequeños, fueron sancionados por estar involucrados en el blanqueo de capitales provenientes del trasiego de fentanilo por parte de dos carteles. Es tiempo de curarse en salud, porque Guatemala es el siguiente enclave geoestratégico de seguridad para Estados Unidos, y las ramificaciones de tales organizaciones ya se perciben, sobre todo en los departamentos fronterizos y costeros. Justo allí entroncan las conexiones e intereses con muchos diputados distritales. ¿Qué congresista se va a negar a aprobar reformas que golpean las finanzas criminales? Y es allí donde se revelarán las fidelidades.

La iniciativa 6593 abarca también el financiamiento del terrorismo. En el 2020 la propuesta pasó sin pena ni gloria, y basta ver a los partidos y diputados que apoyaban al anterior oficialismo, incluyendo los de la extinta UCN. Pero ahora la potencia del norte considera terroristas a carteles y pandillas, por lo cual negarse a fortalecer controles implica una postura potencialmente riesgosa para su seguridad nacional.