Congreso gasta Q7.4 millones mensuales por asesores delegados a tareas administrativas

Congreso gasta Q7.4 millones mensuales por asesores delegados a tareas administrativas

Analistas consideran que el aumento de asesores en el Organismo Legislativo podría ser consecuencia de la existencia de plazas fantasmas a favor de diputados o partidos.

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21/07/2025 00:05
Fuente: Prensa Libre 

El Organismo Legislativo tiene contratados a 991 asesores para el 2025, según datos de las organizaciones que integran Congreso Eficiente. De ellos, 446 están asignados a tareas administrativas, conforme a datos publicados en el sitio web del Parlamento.

Los datos del informe de Congreso Eficiente —que evaluó el primer período de sesiones ordinarias del Legislativo, del 14 de enero al 15 de mayo— reflejan un aumento en la contratación de personal bajo el renglón 022, con un gasto mensual de Q7 millones 480 mil.

Entre las personas contratadas bajo el renglón 022 asignadas a funciones administrativas se incluyen 95 en la Dirección Administrativa; 74 en Recursos Humanos; 56 en el área de Investigación Legislativa; 49 en Asuntos Jurídicos, además de otros en Comunicación Social (27) y 16 en la Guardia Parlamentaria.

En los listados que publica el Congreso también hay 15 contrataciones 022 con la anotación “reinstalación”. Se trata de personas que demandaron al Congreso por despido injustificado y lograron que un juez ordenara su regreso a la institución.

El renglón 022 se utiliza para contratar apoyo en tareas específicas sin crear plazas fijas. Se usa para contratar personal técnico, profesional o administrativo por un tiempo definido, de acuerdo con la legislación vigente. Funciona como un contrato por servicios, sin los beneficios completos de un empleado permanente.

“Desde el Congreso argumentan que, dado que los contratos del personal que realiza labores administrativas se renuevan cada año, son temporales. Sin embargo, según nuestra interpretación, el hecho de que se renueven anualmente no significa que las funciones administrativas sean temporales; son permanentes”, explicó Walter Menchú, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien).

Para los analistas, la cantidad de asesores es “excesiva” y podría reflejar un fenómeno de corrupción ya documentado en el Congreso: las plazas fantasmas.

En el 2016, el Ministerio Público (MP) acusó a diputados y exdiputados de crear puestos innecesarios con el fin de obtener ingresos adicionales del Parlamento: personal contratado que no asistía a trabajar, pero cobraba puntualmente y entregaba una comisión a los legisladores.

Síntoma de corrupción

La constante contratación de asesores no se justifica, según los analistas, quienes consideran que sería posible cumplir con las funciones del Legislativo con menos personal.

“Esas actividades se podrían —o se tendrían que— cubrir con el personal fijo. ¿Qué necesidad hay de tener 2 mil 432 empleados en una institución con 160 diputados? Aunque directamente haya entre 6 y 10 empleados por diputado, si se divide el total de trabajadores entre los congresistas, hay en promedio 15 por cada uno”, cuestiona Menchú.

Esa elevada cantidad de personal, añade, podría propiciar contrataciones fraudulentas. “Existe el riesgo de que haya plazas fantasmas. Además, hay presiones de los partidos políticos por colocar a su gente. Si se revisan los asesores contratados, algunos han sido candidatos, exdiputados o colaboradores partidarios”.

La misma sospecha expresa Manfredo Marroquín, director de Acción Ciudadana, quien señala que las contrataciones en el Congreso suelen carecer de respaldo técnico.

“No es algo aislado ni nuevo. El Congreso siempre ha sido un espacio para hacer contrataciones innecesarias, injustificadas e indebidas”, afirma.

Las investigaciones por plazas fantasmas presentadas hace casi una década fueron, según Marroquín, apenas una muestra del problema real. Estima que de haberse continuado las pesquisas se habrían descubierto otros usos cuestionables de los fondos públicos.

“Hace años se reveló que muchas de esas plazas son fantasmas: personas que no cubren una necesidad real en el Congreso. En otras ocasiones, se crean para generar ingresos a los diputados, quienes exigen una parte del salario de quienes logran ser contratados”, indicó.

Congreso niega contrataciones

El Departamento de Comunicación Social del Organismo Legislativo niega la existencia de asesores administrativos bajo el renglón 022, pese a los informes públicos y el análisis de Congreso Eficiente.

“El Organismo Legislativo no cuenta con la figura de asesores en el renglón 022 asignados a tareas administrativas”, respondieron.

El Congreso evadió las preguntas sobre el gasto mensual de asesores con funciones administrativas ni la justificación de los contratos. “Aclaramos nuevamente que el Organismo Legislativo no cuenta con asesores administrativos en el renglón 022. El personal de dicho renglón está distribuido en diversas direcciones, departamentos y unidades funcionales de este alto organismo de Estado”, respondió.

Respecto de las observaciones de los analistas sobre posibles plazas fantasmas, el Legislativo asegura contar con controles internos para supervisar al personal contratado.

“Además, se realiza marcaje diario de entrada y salida mediante huella digital. En el caso de los servicios profesionales y técnicos contratados bajo el renglón 029, estos no se consideran empleados públicos. Las personas contratadas en ese renglón cumplen actividades definidas por sus términos de referencia y presentan productos mensuales con factura adjunta”.

Auditoría en curso

Ante las alertas de Congreso Eficiente y los señalamientos de los analistas, la Contraloría General de Cuentas (CGC) indicó que desarrolla una auditoría especial de nóminas.

“La CGC realiza auditorías de nómina como parte de su función de fiscalización de los recursos públicos. Estas verifican la correcta aplicación de las normas y procedimientos en el manejo de la nómina, incluyendo cálculos de salarios, beneficios, deducciones y retenciones de impuestos. El objetivo es garantizar la transparencia y legalidad en la gestión de los fondos públicos”, señaló la dependencia.