Guatemala convive a diario con una bomba de tiempo llamada Sistema Penitenciario. No hay reforma, promesa ni operativo que logre tapar lo que en realidad ocurre dentro de sus cárceles: una degradación total del orden, una burla a la justicia y una complicidad institucional que ya no se puede ocultar. Las prisiones del país son cuevas de poder criminal, y lo más aterrador es que, pese a las continuas requisas, el panorama nunca cambia. Al contrario, se repite con una precisión escalofriante. En medio del desorden hay personas aprovechándose de la situación.

Las imágenes son tan predecibles como indignantes: celulares, cargadores, cuchillos, marihuana, licor, televisores, parlantes, billetes, armas improvisadas… y comodidades como aire acondicionado, suntuosas suites, hasta seguridad a su servicio. Y no estamos hablando de objetos “escondidos” entre ropas o colchones. No. Muchos de estos artículos están a la vista, como si fuesen parte del inventario permitido, como si las cárceles fueran suites del crimen organizado. La pregunta ya no es cómo entran, sino quién lo permite y por qué nadie lo detiene. La desfachatez llegó al extremo cuando uno de los prisioneros muestra una autorización escrita para su televisor emitida por autoridades anteriores.

La repetición casi ritual de estos hallazgos convierte las requisas en actos de teatro institucional. Se hacen para las cámaras, para las conferencias de prensa, para fingir control donde lo único que hay es caos estructural. Es un espectáculo que se repite con vergonzosa frecuencia, donde los únicos que cambian son los funcionarios que prometen “ahora sí” limpiar el sistema… mientras el sistema los traga.

A esto se suma el hacinamiento brutal: más de 25 mil reclusos en instalaciones pensadas para albergar una cuarta parte de esa cantidad. Dormir en el suelo, vivir sin agua, sin comida suficiente, sin atención médica es rutina para miles de personas, muchas de ellas aún sin sentencia firme. Pero en medio de esa miseria hay espacios privilegiados, controlados por pandillas y líderes del crimen, con apadrinamiento de autoridades a todo nivel, donde el dinero compra comodidades, protección e incluso libertad para seguir delinquiendo desde dentro.

¿Y qué hace el Estado? Calla, actúa tarde o simplemente mira hacia otro lado. Las estructuras criminales no solo han tomado los pabellones: han infiltrado al personal, han negociado favores, han convertido la prisión en un centro de operaciones más cómodo que la calle. ¿Qué clase de justicia permite que una condena se convierta en una oficina con línea directa al crimen?

Lo que pasa en las cárceles no es una anécdota aislada. Es el espejo más crudo del fracaso institucional del país. No hay sistema judicial que funcione si el castigo no corrige, si el encierro no repara, si la pena no limita. Hoy por hoy, las prisiones no disuaden del crimen: lo reproducen. Y es que…. el mismo sistema judicial está maliciosamente de cabeza al servicio de poderes fácticos que controlan el país.

Guatemala no necesita más requisas para demostrar lo que ya sabemos. Necesita una intervención profunda, radical, sin pactos con mafias ni tolerancia a la corrupción. Se requiere depurar el personal penitenciario, profesionalizar a los custodios, usar tecnología para controlar los ingresos, cortar de raíz los privilegios de los cabecillas y, sobre todo, dejar de fingir que todo va a cambiar con otro operativo televisado.

Mientras sigamos encontrando los mismos objetos en las mismas cárceles, no solo confirmamos que no hay control. Confirmamos que, para muchos, el infierno carcelario ya no es un error del sistema: es parte de su diseño; como mucho, en el país, convirtiéndose en un lastre más para el desarrollo de nuestra bella Guatemala.