Jorge Ayala, vicepresidente de dicha comisión en el Congreso de la República, brindó un panorama sobre los avances en la discusión de la iniciativa 6593, denominada Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y Financiamiento al Terrorrismo, que responde a la próxima evaluación mutua del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

El legislador apuntó que se espera contar con un dictamen este año, de modo que la propuesta pueda ser conocida en el pleno durante los primeros meses del 2026, en cumplimiento de las recomendaciones para la actualización de la ley.

El parlamentario explicó esto a Prensa Libre.

¿Cuál es el avance de la discusión de la ley?

La iniciativa la recibimos para dictaminar en dos comisiones: una, la de Economía, y la otra, la de Finanzas, que es el proyecto que envió el Ejecutivo. Estamos escuchando a los directivos de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG) y de la Cámara de Finanzas de Guatemala (CFG), a manera de recibir las observaciones del proyecto de ley, así como el cumplimiento de las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat), en audiencias públicas.

Es una actualización de la normativa de lavado de dinero.

¿Qué aspectos han evaluado?

Hemos tenido acercamiento con la ABG y participamos en una reunión con directivos del Gafilat en Antigua Guatemala, en la cual estuvo el secretario general de esa organización.

Lo más relevante fue conocer la experiencia de Panamá, que vivió todo el proceso cuando fueron incluidos en la lista gris y cómo tuvieron que hacer los cambios para actualizar su normativa y así poder salir de ese listado.

Hay temor e inquietudes del sector bancario nacional de no cumplir con la normativa y su actualización previo a la visita del Gafilat en febrero del 2027.

A su juicio, ¿cuál es la importancia de esta actualización?

En términos generales, como Comisión lo que queremos es que sea una iniciativa que efectivamente brinde el cumplimiento con las recomendaciones y que se busque la incorporación de estas.

Hay que aclarar que Guatemala no es que esté en incumplimiento con las 40 recomendaciones, sino que ha tenido cumplimientos parciales y, en algunos puntos, cumplimientos plenos de las recomendaciones.

Entonces, lo que sucede es que la última vez que Guatemala actualizó su legislación fue en el año 2001, en la Ley de Lavado de Dinero, y obviamente se requiere una actualización por nuevos delitos, digamos, los activos virtuales, las criptomonedas, algunos otros agentes obligados que las recomendaciones integran para poder dar un mejor seguimiento a transacciones que puedan ser anómalas.

Considero que también el enfoque de riesgo está incluido.

¿Por qué es una actualización?

La iniciativa incluye básicamente los aspectos de esa actualización: un enfoque basado en riesgos, un enfoque estrictamente en cumplimiento de los aspectos que Guatemala está fuera de la normativa, digamos, en sujetos obligados, en integrar dos normativas.
Recordemos que se tiene una ley de lavado de dinero y otra ley sobre el financiamiento al terrorismo. La propuesta en análisis integra ambas iniciativas en una sola nueva legislación que incluye los dos aspectos.

En los tiempos, ¿es viable que se conozca aún en el pleno?

Vemos una calendarización, y es probable que la Comisión de Economía logre tener avanzado su dictamen al final de este año.

No sé si por el cierre de las sesiones legislativas ordinarias, el 30 de noviembre, nos daría tiempo de llevarlo a discusión al Pleno. Si no, considero que debe ser aprobado, la iniciativa ser presentada, el dictamen, para que pueda ser discutido y aprobado al inicio del año entrante.

Entonces, ¿sí habrá dictamen?

Sí hay un dictamen de parte de la Comisión y esperamos que sea antes del fin de este año.

En diciembre hay dos sesiones extraordinarias todavía programadas en el Pleno. O sea, puede ser el 30 de noviembre o puede ser todavía en las sesiones, digamos, que se den en el mes de diciembre, que hay un par de sesiones todavía de la Comisión que se pueden realizar en el mes de diciembre.

Creemos que es difícil que podamos tener el dictamen para que ya sea agendado para discutir en el Pleno antes del cierre de este año. Pero el esfuerzo y el compromiso de la Comisión de Economía es poder buscar un dictamen de la iniciativa de ley todavía en este año.

En el Legislativo, ¿se comprende la importancia y lo que representa esta actualización de ley?

Creemos que se va a hacer un trabajo realmente importante hacia los diputados y también al ciudadano guatemalteco de a pie. Parte de las historias que escuchábamos, de las experiencias que tuvo, por ejemplo, Panamá, es que cuando uno cae eventualmente en una lista gris, eso puede llegar a tener afectación hasta el ciudadano común y corriente, que pueda tener un incremento del costo de los financiamientos a los que puede acceder.

Entonces, mientras los bancos tengan menos posibilidades de tener corresponsalías con bancos del extranjero, el costo de ese capital va a aumentar, y ese aumento se trasladaría en el costo del financiamiento a los usuarios del crédito.

Ese es el mensaje importante para que todos entendamos la importancia de la actualización de nuestra legislación. Creo que algunos diputados tienen algunas inquietudes en relación, por ejemplo, al tema de la economía informal.

Hay mucha gente que participa en secciones de economía informal, que hace transacciones en efectivo, que deben ser bien atendidas, para que no toda transacción en efectivo necesariamente sea una acción de lavado

Ley contra lavado es clave para el país

Luis Fernando Samayoa Delgado, director de la Asociación Bancaria de Guatemala (ABG), aseguró que dan seguimiento a la discusión en el Legislativo sobre la normativa que actualizará las leyes para la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LDFT), y recalcó la urgencia de su aprobación.

En una entrevista conPrensa Libre, el directivo enfatizó que esperan que la ley pueda ser aprobada de inmediato, ya que se trata de una urgencia nacional. Subrayó que se trata de una normativa que moderniza el combate al financiamiento del terrorismo y al narcotráfico, lo que la hace muy importante.

Samayoa calificó el contenido de la iniciativa como moderno y técnico, especialmente dentro del sector financiero, ya que está dirigida a cumplir con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat).

Reiteró que esta ley no solo es clave para el sector financiero, sino para el país en general y para la ciudadanía. Por ello, hizo un llamado a los congresistas para que, si es posible, la aprueben por urgencia nacional.