Cuatro de cada 10 hogares en Guatemala carecen de los recursos económicos para adquirir una canasta nutritiva, cuyo costo ronda los Q1,531, según el análisis Llenando brechas de nutrientes, presentado por el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán). Esta situación agudiza la inseguridad alimentaria en el país.

Esta canasta ha sido modelada para un hogar compuesto por cinco personas: una mujer lactante, un hombre, un adolescente y dos niños. Su contenido cubre los nutrientes y calorías esenciales al menor costo posible. Es entre dos y hasta cuatro veces más costosa que una canasta energética, la cual solo cumple con requerimientos calóricos.

No incluye dulces, azúcar ni alimentos de consumo masivo, sino grupos que aportan valor nutricional, como cereales, raíces, legumbres, lácteos, huevo, pescado, carne, frutas, vegetales y aceites.

El informe destaca que en 16 de los 22 departamentos del país, la proporción de hogares que no pueden costear esta canasta supera el promedio nacional. Los casos más críticos se registran en Quiché y Jalapa, donde cinco de cada diez hogares están en esa condición; en Alta Verapaz, la cifra sube a seis de cada 10, y en Chiquimula, a casi ocho.

También existe variación en el costo de la canasta entre departamentos. En San Marcos cuesta Q1 mil 147, mientras que en Chiquimula asciende a Q2 mil 304.

El informe indica que los adolescentes demandan el 28% del costo total de la dieta del hogar, debido a sus altos requerimientos de micronutrientes en comparación con un adulto. Una mujer embarazada requiere el 26% de los alimentos, un hombre el 25% y dos niños el 21%, de acuerdo con las estimaciones.

La falta de acceso a una alimentación nutritiva limita la seguridad alimentaria y nutricional del país, añade el estudio que se desarrolló entre junio del 2024 y mayo del 2025.

Además, se calcularon dos canastas adicionales: una energética —combinación más barata que solo cumple requerimientos calóricos— y otra basada en las recomendaciones de las guías alimentarias, siendo esta última la más costosa. Casi ocho de cada diez hogares no pueden costearla.

Eunice López, oficial de Nutrición y Protección Social del PMA en Guatemala, explicó que se recopiló información nacional sobre factores económicos, sociales, de salud, nutrición y seguridad alimentaria, y se análisis colaboraron con entidades gubernamentales.

El estudio incluyó modelos para evaluar el impacto de programas como alimentación escolar, transferencias monetarias, suplementación, fortificación, agricultura sensible a la nutrición, efectos del cambio climático y sostenibilidad ambiental.

De todos ellos, el de alimentación escolar, a cargo del Ministerio de Educación, tiene el mayor impacto, pues promueve la diversidad de productos, principalmente de proteína animal. En su modalidad de comida servida, puede cubrir hasta el 62% del costo de la canasta nutritiva, lo que equivale a Q172, considerando que el costo mensual por estudiante de preprimaria es de Q278.

El uso de micronutrientes múltiples, proporcionados por el Ministerio de Salud, puede reducir hasta en un 20% el costo de la canasta para mujeres embarazadas.

La implementación conjunta de estos dos programas podría reducir en 11 puntos porcentuales la brecha de acceso a una alimentación nutritiva, pasando del 37% al 26%.

López subraya que la información del estudio permitirá a los tomadores de decisiones y a los responsables de políticas públicas identificar brechas y focalizar intervenciones hacia las poblaciones más vulnerables.

Inseguridad alimentaria

El PMA también presentó la Evaluación Nacional de Seguridad Alimentaria (ESA) 2025, en la que se establece que uno de cada cuatro hogares del país —el 23%— enfrenta inseguridad alimentaria. Esta condición se caracteriza por el bajo consumo de alimentos nutritivos, como lácteos, huevos, carnes, vegetales y frutas, tanto en variedad como en frecuencia.

Luis Penutt, del equipo de investigación, monitoreo y evaluación del PMA, indicó que las evaluaciones de la ESA han mostrado un patrón constante en los últimos años, con mínimas variaciones en el porcentaje de población afectada.

Los hogares en esta situación priorizan el gasto en alimentos por encima de otras necesidades esenciales y recurren a estrategias como la venta de activos, el recorte en salud y educación, el endeudamiento o la migración.

La evaluación subraya que la mayoría de estas personas también se encuentran en situación de pobreza, en hogares dedicados a la agricultura o al autoconsumo. Las mujeres y los pueblos indígenas son los más vulnerables.

En Alta Verapaz, la mitad de los hogares enfrenta dificultades para acceder a alimentos. En Sololá, el porcentaje es del 34%; en Quiché, del 31%; en Totonicapán, del 30%; y en Huehuetenango y Chiquimula, del 27%.

Penutt explicó que estos hogares también presentan carencias adicionales: no tienen acceso a educación, viven en zonas alejadas, dependen de trabajos precarios —como la agricultura o la construcción— y cuentan con escaso acceso a programas de gobierno. Esta combinación crea un ciclo de inseguridad alimentaria que se agrava por un contexto adverso, generando desigualdad.

“Si no se generan buenos empleos, ni una buena educación, ni un buen acceso a alimentos o servicios de salud, la probabilidad de mejorar condiciones de vida será baja”, advirtió.

Martha Salazar, subsecretaria técnica de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), afirmó que los informes del PMA son esenciales para la toma de decisiones y la planificación intersectorial, a fin de enfocar las intervenciones donde más se necesitan y garantizar el derecho a la alimentación, con miras a reducir la malnutrición en el país.