La conectividad a la Isla de Flores, el principal ícono turístico de Petén, se encuentran en una situación crítica debido al deterioro de su infraestructura vial.

El tramo que comprende los dos puentes de acceso a la isla presenta serios daños estructurales, un problema que ha pasado de ser una alerta técnica a una disputa administrativa y legal que mantiene en impase las obras de reparación.

Por un lado, las autoridades del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), representadas por el viceministro de Infraestructura, Pedro Martínez, y el director de Caminos, el ingeniero Ovidio Álvarez, explicaron en una citación en el Congreso, este lunes 18 de mayo, que el tramo vial no figura en los registros oficiales de la institución. Según indicaron, este motivo les impide legalmente invertir fondos públicos en el sector.

Por el otro, el alcalde de la municipalidad de Flores, Eduardo Méndez, argumentó “los dos accesos a Flores son nacionales” y que lo único municipal es “la parte del islote del parque Concordia”, por lo que la comuna carece de la capacidad financiera para asumir un proyecto de tal magnitud.

Méndez dio declaraciones a los medios este mismo lunes, luego de interponer un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra la ministra de Comunicaciones, Norma Zea, así como contra las direcciones de Covial, Caminos y la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), señalando una falta de apoyo gubernamental tras dos años de mesas técnicas para atender los daños estructurales en el puente.

El jefe edil alertó que el tramo sufre un grave socavamiento provocado por el lago Petén Itzá que está dejando la capa asfáltica en el aire, por lo que recurrió a la vía judicial ante el riesgo inminente de que la estructura colapse y provoque una catástrofe que afecte a los miles de turistas y trabajadores que transitan diariamente por el sector.

“Prácticamente se está socavando a los dos lados de laguna Petén Itzá, y de esa manera pues el puente ya está colapsando, está quedando en el aire la capa asfáltica de arriba del suelo”, alertó Méndez.

“El miedo de nosotros que a diario entra turismo, que no quiera Dios que se vaya a ir un microbús de turistas y pues va a ser una catástrofe nacional”, declaró.

La falta de mantenimiento también arrastra un conflicto legal heredado desde el año 2022, cuando se inició un proyecto de mejoramiento vial en el sector.

De acuerdo con Méndez, en ese entonces “se empezó a mejorar un tramo carretero en donde se le dio un 60% a la empresa y un 40% no se le dio”, pero los contratistas “se desaparecieron y ha sido el problema más grande que es poder destapar ese proyecto y así poder uno adjudicar uno nuevo”.

Esta obra suspendida ha provocado que, según el jefe municipal, en el CIV les den “largas que nadie se echa el paquete de ese problema legal que tiene, aduciendo que no estuvieron en su momento”.

Al respecto, el diputado Edwin de Jesús, quien convocó a las autoridades del CIV, calificó la medida del amparo como “una acción válida por parte de la autoridad municipal” debido a “la misma presión de la población”, aunque advirtió que la vía judicial es una ruta larga que puede tardar semanas o meses.

El congresista sugirió que “lo ideal hubiese sido tener la reunión de hoy juntamente con las autoridades municipales” para avanzar en la inscripción formal de la infraestructura ante el Ministerio de Comunicaciones.

Este trámite, necesario para que el Gobierno central adquiera la competencia legal sobre el sector, tomaría entre cinco y ocho días mediante el envío de técnicos a Petén para delimitar junto a la comuna únicamente los dos puentes y el relleno de acceso. Detalles y requisitos que el mismo diputado, aseguró que ya trasladó al jefe edil para que envíe el oficio correspondiente y solicite la inscripción.

El diputado de Jesús aseguró que el ingeniero de Covial le manifestó que “ellos tienen dos empresas en Petén que tienen obra civil y que pueden tener potencia, poder intervenir ese tramo y poder solventar esa problemática” como una medida de respuesta inmediata.

Sin embargo, toda reparación física en el puente y el relleno se mantendrá suspendida a la espera de este registro que otorgue la certeza jurídica de la vía, un requisito indispensable sin el cual el ministerio tiene prohibido por ley invertir fondos públicos. El retrasó del proceso prolongaría el riesgo en la principal zona turística del departamento.

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