Guatemala enfrenta un reto complejo: el narcotráfico no es solo un flagelo nacional, sino un fenómeno transnacional que convierte al país en un puente entre Sudamérica y el mercado del norte. Nuestra posición geográfica estratégica ha hecho que más del 90 % de la cocaína destinada a EE. UU. atraviese territorio guatemalteco, lo que nos coloca en el centro de una cadena ilícita que trasciende fronteras.

Este fenómeno fortalece estructuras criminales, alimenta violencia, extorsión y corrupción, y erosiona la confianza ciudadana. Según el Índice de Denuncias de Delitos (IDD) del CIEN, las denuncias por extorsión crecieron cerca de 38 % en 2024, alcanzando casi 25 000 casos, mientras que la tasa de homicidios se mantiene en un preocupante nivel, superior a 16 por cada 100 000 habitantes.

El apoyo de EE. UU. ha sido contundente. En su informe más reciente del International Narcotics Control Strategy, el Departamento de Estado describe a Guatemala como “un socio dispuesto” que ha fortalecido sistemas de alerta y respuesta contra drogas sintéticas, además de mejorar controles y coordinación regional.

En el marco del Diálogo de Alto Nivel en Seguridad (2024), EE. UU. señaló que Guatemala logró incautar casi 11 000 kg de drogas, un incremento del 223 % respecto al año anterior, y entregó más de 13 millones de USD en equipamiento —que incluye una embarcación patrullera y vehículos todo terreno—, además de comprometerse a invertir cerca de 100 millones de USD en programas de interdicción y seguridad.

Pero estas acciones deben ir acompañadas de iniciativas profundas. Guatemala necesita una coordinación activa y estable con México y Estados Unidos para intercambiar inteligencia, realizar operaciones conjuntas y sustentar alianzas en tecnología de interdicción. Las acciones esporádicas no bastan: se requiere una estrategia regional coherente y permanente.

También es urgente fortalecer las capacidades nacionales. Unidades especializadas como DIPANDA, SGAIA y el Ministerio Público requieren formación, transparencia y autonomía operativa. Ya no podemos depender en gran medida de apoyo externo; la incautación de droga debe ser una capacidad sólida del Estado.

Y no menos importante es el desarrollo. En zonas como Petén, Izabal, Huehuetenango y San Marcos, donde las alternativas son casi inexistentes, el narcotráfico encuentra terreno fértil. Los cultivos ilícitos, que según datos recientes suman entre 1.5 y 3 millones de plantas de coca y amapola en 2024, siguen sumándose año tras año. Solo con inversión real en educación, empleo y servicios básicos será posible ofrecer una opción a las comunidades.

El narcotráfico puede parecer un monstruo demasiado poderoso; sin embargo, no es invencible. Requiere un compromiso presidencial más allá de los períodos de campaña, una visión de Estado que ponga la seguridad, la justicia y el desarrollo en el centro. Y, por supuesto, una coordinación estrecha con los aliados importantes, que comparten rutas, riesgos y responsabilidades.

Guatemala tiene la oportunidad de dejar de ser un puente para el narcotráfico y convertirse en un territorio firme para la legalidad.