La Corte de Constitucionalidad otorgó un amparo provisional ante los bloqueos programados por CODECA y los Cuarenta y Ocho Cantones, ordenando medidas para garantizar la libre locomoción y el orden público, sin afectar los derechos de la población.

La Corte de Constitucionalidad (CC) de Guatemala otorgó un amparo provisional en respuesta a la acción promovida por Isidro Xoyón Rumpich, quien solicitó la intervención del máximo órgano constitucional debido a los bloqueos anunciados por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca) y los Cuarenta y Ocho Cantones de Totonicapán, previstos para el lunes 28 de abril de 2025.

La CC, en un fallo que reafirma su postura en casos similares, instruyó al presidente de la República y a los ministros de Estado a tomar acciones inmediatas para garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la libre locomoción, la reunión pacífica y la manifestación. La Corte destacó la importancia de preservar el orden público y proteger la vida, la seguridad y los derechos laborales y comerciales durante el ejercicio de estos derechos.

En su resolución, la Corte ordenó medidas específicas para evitar que los bloqueos afecten las actividades diarias de los guatemaltecos, haciendo énfasis en la necesidad de habilitar carriles alternativos en las carreteras afectadas y de asegurar el libre tránsito de los cuerpos de socorro y las fuerzas de seguridad. Además, instó a coordinar acciones que no interrumpan el acceso a servicios de transporte comercial, como aeropuertos y terminales de carga.

Con respecto a las manifestaciones que puedan tener lugar, la Corte ordenó que las autoridades adopten las medidas necesarias para que se lleven a cabo sin perjudicar el ejercicio de los derechos de otros ciudadanos, resaltando la importancia de garantizar la paz y la seguridad pública.

Esta decisión se da en un contexto de creciente tensión social en el país, ante la posibilidad de nuevos bloqueos que podrían interrumpir la circulación y afectar la economía nacional. La Corte, al actuar en este sentido, busca equilibrar el derecho a la protesta con la necesidad de garantizar la movilidad y el bienestar de la población en su conjunto.

Las autoridades responsables deberán ahora ejecutar las directrices emitidas por la Corte para asegurar que los derechos constitucionales de los guatemaltecos sean respetados durante las manifestaciones programadas para los próximos días.

Redacción: Andrea Palacios