La indiferencia es el desinterés, despreocupación o displicencia que muestra una persona respecto de alguien o algo. Es una suerte de resignación del individuo ante lo que acontece; o sea que este adopta una actitud de aceptación pasiva de circunstancias, incluso injustas o adversas, lo que desemboca en la adaptación a lo que ocurre a su alrededor. No se inmuta; se acomoda, se aviene, sin chistar, sin protestar ni reclamar, aunque las decisiones que adoptan los demás le dañen o perjudiquen.

La indiferencia en una comunidad puede degenerar en apatía, o sea en desánimo, indolencia y sumisión, lo que facilita que los oportunistas, abusivos y criminales se hagan del poder y avasallen a quienes no opinan, no se defienden a sí mismos ni se resisten a la opresión y la expoliación. La falta de activismo convierte al individuo en “hombre-masa”, como dice José Ortega y Gasset, y en alguien abrumado por la corrupción, la injusticia y el desamparo.

De suerte que la indiferencia convierte al individuo en un simple engranaje de una maquinaria cruel y corrupta, que no se reconozcan y protejan sus derechos fundamentales, ni se respete su autonomía personal y su desarrollo humano, privándolo de expresarse, disentir y elegir. Una comunidad de no ciudadanos, o sea, de individuos que renuncian a su derecho a decidir y participar en el manejo de la cosa pública, generalmente cae en un despotismo de corte orwelliano, bajo el cual el tirano controla la actividad social y, al efecto, echa mano de la desinformación, el engaño, el temor y la represión, así como prohíbe el libre juego de opiniones, el pluralismo y la participación.

En todo caso, mi ideario se centra en la exigencia de legalidad, transparencia y lucha anticorrupción. Por ello, me indigna que se tolere la opacidad, la corrupción, el abuso de poder, así como que no se exija una eficaz rendición de cuentas. En este contexto, tampoco soporto que el Congreso, durante los últimos 26 años, no haya cumplido con su deber constitucional de aprobar o improbar la ejecución presupuestaria estatal anual, haciendo con ello nugatoria la rendición de cuentas de la gestión pública; y, asimismo, que no se deduzcan responsabilidades legales en contra de los diputados, por esta descarada omisión.

Tampoco acepto que las declaraciones juradas patrimoniales que presentan ante la Contraloría General de Cuentas los funcionarios al tomar posesión y cesar en los cargos, conforme a la Ley de Probidad, sean inaccesibles para la población, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad estableció que las mismas no deben ser confidenciales.

Me da grima también que los funcionarios en ejercicio se autorreceten antojadizos y abusivos incrementos salariales e indemnizaciones. Lo lógico es que los aumentos salariales y demás beneficios se decreten para futuros períodos de funciones y no para aquellos en curso, conforme a parámetros legales y financieros preestablecidos, así como que el pago indemnizatorio a favor de los despedidos injustificadamente se determine por instituciones técnicas neutrales, a la luz de la Constitución y la ley.

Mientras vivamos en el lodazal de los privilegios, los abusos y los actos de corrupción, así como aherrojados por la impune mafiocracia, seguiremos siendo una sociedad fracasada, de oportunidades perdidas, que condena a la pobreza al 60 por ciento de su población.
Por lo tanto, debemos interesarnos en el manejo de la cosa pública y transitar hacia una comunidad de ciudadanos, libres y responsables, en la cual se proteja la dignidad humana y rija el Derecho, y no la ley del más fuerte.