Un grupo de exfuncionarios de Estados Unidos, tanto republicanos como demócratas, advirtió sobre un posible abuso del poder presidencial por parte de Donald Trump, a quien acusan de utilizar recursos del Estado para vengarse de sus críticos.

La denuncia se hizo pública este sábado, 19 de abril, a través de una carta abierta firmada por unas 200 personas, entre ellas Ty Cobb, exabogado especial del mandatario durante su primer mandato.

Los firmantes, entre los que figuran antiguos funcionarios de Gobiernos republicanos con experiencia en seguridad nacional, cuestionan dos memorandos ejecutivos emitidos por Trump en abril, dirigidos a figuras específicas.

Según explican, se trata de medidas punitivas contra Chris Krebs, exdirector de la Agencia de Ciberseguridad, y Miles Taylor, exjefe de personal del Departamento de Seguridad Nacional.

Krebs fue sancionado por rechazar públicamente las afirmaciones de fraude en las elecciones de 2020, mientras que Taylor fue castigado por publicar, bajo seudónimo, un libro crítico con Trump, al que acusan de difundir falsedades.

Los exfuncionarios consideran que estas decisiones constituyen una “peligrosa escalada en el uso arbitrario del poder presidencial“, al instrumentalizar a las agencias federales para llevar a cabo represalias personales. En la misiva, señalan que tales acciones vulneran la libertad de expresión y solicitan la revocación inmediata de las medidas.

Asimismo, sostienen que Trump rompe con la tradición de expresidentes de ambos partidos que han evitado incluso la apariencia de parcialidad o abuso, y lo comparan con la “lista de enemigos” de Richard Nixon, un episodio considerado vergonzoso en la historia del país. En su opinión, el expresidente avanza “por el camino de la autocracia, no de la democracia“.

“Comportamientos como estos se esperarían más de un déspota real que de un líder elegido en una república constitucional”, señalan los firmantes.

Mientras tanto, Trump anunció en su red social Truth Social que planea emitir nuevas regulaciones para empleados públicos de carrera, con el objetivo de facilitar el despido de aquellos que, según él, no promuevan sus intereses políticos o incurran en comportamientos corruptos.

Aunque el presidente asegura que estas medidas permitirán que el Gobierno “funcione como una empresa”, expertos advierten que podrían dejar a miles de funcionarios desprotegidos, al amparo de criterios poco claros relacionados con los intereses políticos del presidente.