Patética, predecible y, por supuesto, populista resulta la súbita oficiosidad por empujar una ley antipandillas en el Congreso de la República. Nadie hablaba del tema antes del 23 de septiembre, día en que el Gobierno de EE. UU. designó al Barrio 18 como organización terrorista. Repentinamente surgieron diputados y diputadas clamando una designación similar, endurecimiento de penas y la creación de otra categoría específica de asociación ilícita.

Ciertamente se trata de peligrosos grupos que intimidan, extorsionan y matan, coordinados por reos desde los mismos centros carcelarios donde purgan sentencia y que son beneficiados por ciertos jueces cuando se les encierra en prisiones de máxima seguridad. El castigo ya existe. Están sentenciados a decenas, cientos de años, pero la aplicación es discrecional y quién sabe si también venal: un aspecto que casi ningún diputado señala, menos aún las bancadas que ahora apoyan la iniciativa 5892, propuesta y varada desde 2020; exoficialistas ahora la vociferan, pero cuando tuvieron alianza dominante no aprobaron.

El tema de las pandillas orbita alrededor de los ciudadanos votantes como un asteroide estéril en cada campaña electoral. Pero también suele aparecer cuando cierto grupo necesita un distractor, y mejor aún si es publicitario: se promocionan como supuestos adalides de la seguridad ciudadana y a la vez desvían la vista de otros reclamos. Este Congreso sigue cobrando el ilícito aumento que no ha sido discutido en pleno y que esquilma al erario, este Congreso calla ante la extralimitación de la Corte Suprema de Justicia que pretende ser nominadora y designadora de magistrados de salas, una tropelía que la propia Corte de Constitucionalidad intenta avalar por voto dividido, aunque sea como abdicar de su función.

Esta misma legislatura que de pronto quiere ufanarse de reafirmar penas en favor de la justicia tiene relegadas las reformas para endurecer el combate del lavado de dinero proveniente del crimen organizado, la corrupción y también las extorsiones. El manido discursito no lo dice, pero es un reciclaje de la fracasada e incumplible oferta de “mano dura”. Quieren empezar a hacer campaña, ¿pero por qué no empezar por fortalecer la lucha contra el lavado de activos? ¿Por qué rehúyen de robustecer los controles para frenar el ingreso de narcofinanciamiento a campañas políticas? Porque solo les interesa un parche distractor.

En efecto, se debe hacer una revisión exhaustiva, integral y con criterios modernos del Código Penal, para mejorar el combate del crimen organizado, incluyendo a las pandillas y la delincuencia común, en el entendido de que —como se ha dicho en este espacio— el crimen organizado es cada vez más común y la delincuencia común es cada vez más organizada. En el pleno del miércoles, la diputada Sonia Gutiérrez exhortó al análisis de la iniciativa, pero señaló los atávicos nexos entre pandillas y ciertos políticos, los cuales han sido también denotados por investigaciones académicas sobre el fenómeno de esas gavillas.

¿De verdad se busca desmantelar a las pandillas y sus mecanismos de aprovisionamiento, o solo fabricar un afiche electorero? Sí, se necesita un marco legal fuerte para sancionar, pero también mecanismos institucionales de desarrollo comunitario para evitar que sigan reclutando a niños y jóvenes. El debate sobre el fenómeno criminal en el país debe ser profundo, y no una maroma politiquera o para que funcionarios salientes de otras entidades cuestionadas quieran posicionarse para cargos por designar el otro año. Guatemala merece algo mejor que una pandilla de demagogos.