Es indiscutible que ha existido un afanoso y costoso cabildeo en Estados Unidos para garantizar la continuidad de conocidas figuras que han sido clave para mantener el control del sistema de justicia que aquí es garantía de impunidad para todos los que se han enriquecido con el manejo de los fondos públicos y un peligroso camino para esa consolidación del narco y otros actores de cuidado. Vemos con mucha preocupación que ni siquiera se intentó lavar la cara mediante la designación de personas nuevas aunque igualmente apalabradas, puesto que para muchos más valen los rostros conocidos que sin ningún tipo de restricción han sido los principales operadores de ese modelo garante de la corrupción y el saqueo del erario nacional.

Creemos que es momento de un amplio acuerdo nacional, sin radicalismos causantes de divisiones irreparables, para que como sociedad sepamos exigir que se busque a personas realmente capaces y honorables que sean garantes del orden constitucional y el Estado de Derecho en el país. No podemos permitir que Guatemala siga en esa ruta de destrucción de la legalidad y la justicia para asegurar la protección legal que tanto desde el Ministerio Público como de los tribunales ordinarios y las más altas Cortes, se viene dando a los más descarados ladrones de recursos públicos que desde posiciones de poder se han enriquecido a costillas de las necesidades del pueblo.

Esa ruta de protección, además, es la que usa el crimen organizado y el narcotráfico que han encontrado en las adjudicaciones públicas mecanismos para sus lavados.

Guatemala tiene muchos juristas comprometidos, varios de los cuales presentaron su papelería para aspirar a cargos como los de magistrados de la Corte de Constitucionalidad, y en ellos debemos centrarnos. Son personas que creyeron que había una nueva visión de nuestro ordenamiento legal y por ello decidieron manifestar su interés por cargos que pueden ser decisivos en la necesaria transformación que el país requiere; pero obviamente el cabildeo bien financiado va por otro lado y los operadores oscuros de ambos bandos no quieren sorpresas. Sin duda el lobby ha tenido su efecto y de esa cuenta es que se produjo el increíble apoyo de Estados Unidos a figuras como Roberto Molina Barreto y hasta ayer a Consuelo Porras para que tanto en el Congreso como en la Corte Suprema de Justicia se les eligiera.

Cualquiera pensaría que en este momento de evidente hartazgo por los niveles que la impunidad ha alcanzado en el país, los operadores podrían proponer rostros nuevos, personas sin tachas tan notorias, para que fueran los que asumieran la función de dar continuidad al modelo que hace tiempo se ha implementado prácticamente a lo largo de lo que va del siglo. Sin embargo es tal el descaro que se decantaron por dos de los rostros más conocidos de ese sucio modelo y por ello la insistencia en que Molina Barreto y Consuelo Porras fueran los designados con apoyos inesperados.

Es tiempo de cerrar filas, sin apasionamientos radicales, para emprender la reconstrucción de la justicia en Guatemala.