Además del proceso administrativo que se lleva en contra del presidente del Tribunal de Sentencia de Alta Verapaz, Walter Fabricio Rosales —a quien se le señala de supuestamente mantener una menor viviendo en la judicatura y de la posibilidad de que haya cometido abusos en su contra—, también existe un proceso penal del que a la fecha no se tiene mayor información.

Supervisión General de Tribunales se encargó de iniciar el proceso administrativo y ahora, ante esta falta de información, teme que el caso penal iniciado sea desestimado.

De acuerdo con los registros del Organismo Judicial (OJ), desde marzo del año pasado ingresó a la Dirección de Gestión Penal una solicitud de antejuicio en contra del juzgador que fue registrada con el expediente número 01080-2024-00223, y fue asignada al Juzgado Sexto Penal, quien después de inhibirse lo remitió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ); sin embargo, en esta fase se entrampó el proceso sin que al momento se conozca cómo avanza.

A decir de la Supervisión General de Tribunales, el proceso fue asignado a la Sala de Apelaciones de Alta Verapaz, donde se supone, los magistrados habrían despojado de la inmunidad a Rosales para ser investigado, por lo que el expediente quedaría en manos de la Fiscalía de la localidad.

Esta información no ha sido confirmada por las autoridades judiciales ya que no figura en sus sitios oficiales cómo marcha la solicitud de retiro de inmunidad y el Ministerio Público (MP) no ha respondido a las consultas insistentes.

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TEMEN DESESTIMACIÓN

Según Sindie García, supervisora General de Tribunales, «el pleno de la CSJ, desde el momento cuando ordena realizar ya un expediente disciplinario formal, ordena a la Asesoría Jurídica presentar la denuncia penal correspondiente», esta es la única base por la que se cree que el juzgador habría quedado ya sin inmunidad.

Recientemente, García solicitó a la Junta de Disciplina Judicial la destitución de Rosales —la máxima sanción— por sus supuestas acciones al frente del cargo, pero en la petición, no se solicitó el proceso de antejuicio, porque considera que el proceso ya se encuentra en la vía penal.

Otra razón por la que se cree que ya se le habría retirado el derecho a antejuicio al juzgador, es porque, en declaraciones a los medios, la supervisora dijo que «extrañamente, él —Rosales— tiene información muy puntual del caso», puesto que habría afirmado que el caso será desestimado por la Fiscalía de Alta Verapaz.

La declaración del juzgador en medio del proceso administrativo no fue abierta a los medios de comunicación, pues por involucrar a una menor, la Junta reservó tales datos, por lo que las declaraciones de Rosales se hicieron a puerta cerrada.

Sin embargo, García señaló: «Nos llama poderosamente la atención que se percibe una situación por parte del Ministerio Público (MP) bastante infructuosa conforme a lo que nosotros como OJ esperaríamos, porque él mismo indicó que tenía conocimiento —de que el caso— lo iban a desestimar».

SIN INFORMACIÓN

Desde febrero pasado que inició el proceso administrativo contra Rosales, se consultó en diversas ocasiones al MP sobre cómo avanza el caso, pero a la fecha no se ha recibido respuesta.

El Departamento de Comunicación y Prensa del MP ni siquiera ha confirmado si existe el proceso o en qué fiscalía se encuentra, situación que no solo se marca en esta dependencia, pues fuera de la estimación que hace García, ninguna de las partes involucradas tiene información al respecto.

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«Estamos a la espera de presenciar algo contundente de parte de la Fiscalía de Alta Verapaz respecto al caso, ya que de los tres órganos que hemos estado interviniendo, es el único del que no hemos tenido respuesta en el caso concreto», recalcó.

Por el momento, la Procuraduría General de la Nación ya rescató a la menor que fue víctima en este caso y se encuentra bajo resguardo; sin embargo, aún queda pendiente conocer la decisión de la Junta de Disciplina y el futuro del caso penal.