Dos diputados oficialistas presentaron la iniciativa 6576, “Ley de Agilización de la Inversión Pública”, que en realidad es un caballo de Troya contra la institucionalidad y la transparencia. Con el pretexto de superar la lentitud burocrática, se pretende otorgar al Ejecutivo, a las municipalidades y, sobre todo, a los opacos Consejos de Departamentales de Desarrollo (Codedes) un poder discrecional por tres años para contratar a dedo, eludiendo la licitación pública y demás controles de la Ley de Contrataciones. Es un “estado de calamidad por tres años”, un cheque en blanco para ejecutar el gasto gubernamental sin competencia ni fiscalización real.

Pretenden elevar considerablemente los montos de compra directa y por cotización, permitiendo que la gran mayoría del presupuesto de gasto en infraestructura se adjudique sin el concurso público que, aunque imperfecto, es el principal mecanismo para garantizar competencia y obtener mejores precios para el tributario. Se argumenta que la ejecución es baja y que los trámites son un obstáculo. Es cierto. Pero la solución no puede ser demoler los pocos controles que existen. La experiencia en Guatemala y en toda la región demuestra que cuando se abren estas compuertas, el resultado no es un desarrollo más rápido, sino corrupción, sobreprecios, obras de mala calidad y la captura del Estado por redes político-económicas. Todo lo que supuestamente la administración de Bernardo Arévalo prometió combatir.

El punto más alarmante es el fortalecimiento de los Codedes. Estas entidades, lejos de ser ejemplos de participación ciudadana, son focos documentados de clientelismo, cooptados por cacicazgos locales y diputados distritales que los usan para obtener ganancias y repartir obras a cambio de lealtad electoral. Inyectarles fondos masivos con controles mínimos no es “empoderar a las comunidades”, es alimentar direc tamente a la maquinaria del clientelismo con el dinero de los guatemaltecos.

La iniciativa atenta contra los pilares de una sociedad libre y próspera. El Estado de derecho se basa en reglas generales, conocidas y predecibles, que limitan el poder y se aplican a todos por igual. Esta ley hace lo contrario: crea un régimen de excepción que sitúa al poder político por encima de la ley. Además, al obviar la licitación, el gobierno no solo invita a la corrupción, sino que garantiza el despilfarro, porque no hay forma de conocer cuál es el mejor precio.

Quizás lo único bueno de esta nefasta propuesta es que el gobierno admite que la tramitología es un cáncer que paraliza al país. Mecanismos como el “silencio administrativo positivo” —que una gestión se considere aprobada si el burócrata no responde en un plazo fijo— son una idea excelente (que yo vengo proponiendo desde hace muchos años), especialmente con un plazo tan corto como los cinco días que proponen. Pero si es una idea tan buena, debe ser universal. Debería aplicarse a todos los trámites que asfixian al ciudadano y a las empresas, no convertirse en un privilegio exclusivo para que el propio gobierno se salte sus engorrosas reglas. Si la tramitomanía es mala, ¡elimínese para todos, no solo para los políticos!

Uno de los problemas que la iniciativa busca resolver es la metida de pata del gobierno por tratar de “triangular” los fondos para el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Con ella pretenden “sacar la pata”.

La solución a la parálisis estatal no es un cheque en blanco para la opacidad. La solución es una reforma integral que simplifique los trámites para todos, que fortalezca la transparencia con tecnología y que profesionalice la administración pública. El camino fácil de la discrecionalidad, y la corrupción que ella conlleva, es, como siempre, el más costoso para la libertad y la prosperidad de los guatemaltecos.