El domingo pasado, cuando estaba por empezar a escribir esta columna, nos cenamos la noticia de que, aunque sigue siendo confusa y llena de contradicciones, gracias a la profusa divulgación en redes sociales de varios videos que grabaron lo sucedido desde distintos ángulos, pudimos enterarnos del enfrenamiento armado ocurrido en La Mesilla, municipio de La Democracia, Huehuetenango, entre policías mexicanos e integrantes del crimen organizado que opera en la zona fronteriza, con la participación del Ejército y la Policía Nacional Civil de Guatemala.

Mientras el Gobierno de Guatemala al referirse al enfrentamiento armado, en conferencia de prensa el ministro de la Defensa disculpó a los vehículos blindados de la Policía mexicana que, “por el ímpetu operativo que traían” en la persecución de delincuentes provenientes de México, “ingresaron al territorio nacional”.

Los que hemos podido observar los videos pudimos constatar que el encuentro no parecía fortuito, porque miembros de la institución armada que estaban en el lugar (en un carro blindado J8 de los que donó a Guatemala el Gobierno de los Estados Unidos) e integrantes de la Policía Nacional Civil (de la patrulla HUE 111), junto a otros hombres fuertemente armados (que puede suponerse eran los perseguidos desde México), que al principio estaban discutiendo acaloradamente e intentaban sacar a un policía de uno de los vehículos policíacos mexicanos.

Durante dicho altercado, aparecieron otros dos carros blindados de la Policía del hermano país y se inició la refriega entre las autoridades mexicanas y los delincuentes, mientras los soldados de Guatemala, ante “un ambiente confuso”, tomaron “la decisión de no involucrarse para evitar muertos de nuestra población civil”, según la versión oficial guatemalteca.

Por su lado, el gobernador de Chiapas, manifestó que “es muy delicado que autoridades encargadas de velar por la seguridad de sus conciudadanos participen en estos actos. No es cosa menor estar coludidos, pero lo que es peor es estar al servicio de la delincuencia. Esperamos que nuestra hermana República de Guatemala actúe con legalidad y responsabilidad con los elementos de sus corporaciones”.

Me parece que lo sucedido es intolerable, tanto por la violación del territorio nacional por parte de autoridades policíacas de México, como por los indicios de aparente contubernio entre los delincuentes perseguidos y las autoridades militares y policíacas de Guatemala. Quizás sea necesario recordar que, constitucionalmente, el Ejército es la “institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior”.

Este es un asunto delicado que debe asumirse y tratarse con seriedad, tanto a nivel de ambas cancillerías, como por las autoridades de seguridad y justicia, a fin de investigar a fondo lo ocurrido y tomar las medidas correctivas que sean necesarias.

No es fácil enfrentar al crimen organizado transnacional, que pone en jaque a las autoridades a ambos lados de la frontera. Pero este tipo de hechos solo abonan en la percepción de que nuestro país es un narco-Estado; si agregamos, entre otros, hechos nunca, tardía o difícilmente explicados, como la tonelada de droga incautada recientemente en Barcelona dentro de contenedores provenientes de Guatemala.

Aunque sea un flagelo binacional compartido, de nuestra parte debe abordarse con decisión y valentía. Por fortuna nos enteramos, gracias a los celulares y las redes sociales; porque actualmente, tarde o temprano, todo sale a luz.