Hoy comenzamos la publicación de una serie de reportajes que tratan grandes desafíos nacionales en varios ámbitos. Bajo el temático “No es normal” se expone la necesidad de enfrentarlos con visión de Estado, y el primer campo analizado es el repunte de muertes violentas. Después de una década de paulatino descenso, los años 2024 y 2025 han estado marcados por incrementos que ponen en entredicho la política de seguridad del actual gobierno. En este espacio, meses atrás, se afirmó una paradoja: el crimen organizado es cada vez más común y la criminalidad común es cada vez más organizada.

Algunos síntomas públicos de este fenómeno: homicidios a plena luz del día, que más parecen un descarnado desplante; enfrentamientos y ejecuciones denotan disputas de territorios; asesinatos en zonas que no necesariamente se consideran rojas generan una sensación de indefensión y zozobra, que amenaza con convertirse en una inercial indiferencia, la cual no puede ni debe permitirse. Todavía se puede recordar los años 2009 y 2010, cuando fueron asesinados más de 200 pilotos de autobuses. Diputados del extinto —y nefasto— Partido Patriota censuraban a las autoridades de Gobernación, exigiendo acciones de seguridad. El patriotismo ganó las elecciones del 2011 con el discurso de “mano dura”, el cual evidenció que no solo es un problema de vigilancia o represión.

Cabe cuestionar ¿quién se beneficia del miedo? ¿Qué acciones deben priorizarse en instituciones y organismos? ¿Qué acciones debe fijar el actual Ejecutivo y ser continuadas por futuras autoridades? ¿Qué nexos financieros o pactos convenencieros pueden identificarse entre organizaciones criminales y ciertos grupos fácticos? Y más importante, ¿qué sectores políticos están dispuestos a trazar una agenda de unidad nacional contra la violencia?

Es obvio que la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Gobierno y el Consejo Nacional de Seguridad no están funcionando al cien por ciento, comenzando por la abrupta y aún no explicada salida del titular de la primera, Christian Espinoza, el 16 de julio. Las explicaciones semanales del ministro de Gobernación no alcanzan a cubrir los cuestionamientos ciudadanos, mientras se suceden ejecuciones, hallazgos de cuerpos, exacciones y atracos a plena luz del día.

Tampoco es cuestión de caer en ridículas demandas de diputados que exigen a funcionarios y policías —so pretexto de la seguridad ciudadana— que revelen públicamente las estrategias de seguridad, cuando es obvio que tales planes se deben manejar de manera cuidadosa, pues de ello dependen vidas y por lo tanto no pueden ser difundidos a la ligera. Y ya que se habla de la participación de otros entes estatales, es necesario señalar la persistencia de la vulnerabilidad carcelaria. Mientras a las cárceles sigan ingresando celulares, equipos de internet o cualquier artículo ilícito, habrá vidas en riesgo en las calles.

Las voces opositoras pueden criticar los errores del gobierno de turno, pero no quedarse en eso; pueden aportar recomendaciones y promover leyes para sentar disuasivos. El combate de la violencia no puede hacerse como un juego de trincheras publicitarias, porque si el fenómeno violento se usa como arma política, la ciudadanía queda inerme. Tampoco puede dejarse fuera del tema el combate de la infiltración de dineros sucios en campañas electorales para procurar impunidades, de lo cual ya hay casos emblemáticos. La violencia no es normal ni debe normalizarse, se debe combatir de manera integral, pero ello solo lo puede pedir una ciudadanía activa, participativa y consciente, que exija políticos propositivos, probos y responsables, no merolicos del populismo.