El Gobierno de Estados Unidos (EE. UU.) parece estar dispuesto a terminar con las organizaciones criminales transnacionales, incluso, si para ello tiene que señalar e ir tras funcionarios o políticos que las apoyan.

El pasado 9 de junio el Departamento de Justicia de ese país (DOJ, en inglés) emitió un nuevo memorando en el cual se actualizan las instrucciones para aplicar la Ley de Prácticas corruptas en el Extranjero (FCPA, en inglés), cuya aplicación rutinaria fue suspendida por el presidente Donald Trump el pasado 9 de febrero.

Hasta ahora, esta norma se limitaba a perseguir a aquellos empresarios estadounidenses que, estando fuera de EE. UU., pagaran sobornos a funcionarios extranjeros para hacer negocios.

Las actuales autoridades creen que esto puso durante décadas en desventaja a las empresas estadounidenses, puesto que otras firmas de diferentes países sí aprovecharon la fragilidad de los estados, principalmente los de Latinoamérica, para instalarse.

Por ejemplo, el subsecretario de Estado Christopher Landau cuestionó el pasado 16 de junio la facilidad con que las compañías chinas se han posicionado en los países de la región, y sugirió la posibilidad de que estas no necesariamente respetan los marcos legales.

ELIMINAR A LOS CÁRTELES

El nuevo memorando indica que «a partir de hoy —9 de junio— los fiscales deben centrarse en las malas conductas en las estructuras corporativas» y, para iniciar una investigación, los fiscales deben considerar cuatro factores. El primero, el objetivo de «los cárteles y organizaciones criminales transnacionales —OCT—» .

Este aspecto es, probablemente, el más importante, puesto una de las primeras acciones de Trump fue declarar a las organizaciones del narcotráfico y del crimen organizado transnacional como terroristas, ya que «amenazan la estabilidad del orden internacional en el hemisferio occidental» y «representan una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de los EE. UU.».

Asimismo, reviste especial importancia porque, en la orden que declaró terroristas a las referidas organizaciones, se reconoce la «infiltración de los cárteles internacionales en los gobiernos extranjeros de todo el hemisferio occidental».

Christopher Landau: No queremos que a nuestros empresarios les afecte la corrupción

De esa cuenta, la unidad encargada de implementar la FCPA, deberá priorizar las investigaciones relacionadas con el cobro de sobornos de funcionarios en el extranjero que faciliten las operaciones criminales de los carteles y de OCT.

Asimismo, las nuevas directrices del DOJ destacan que la búsqueda y erradicación de las bandas criminales internacionales requerirá un esfuerzo sostenido para enjuiciar a sus asociados corruptos «y desmantelar los mecanismos de financiación —incluyendo— las empresas fantasma utilizadas por estas redes criminales».

De esa cuenta, una consideración «primordial» que los investigadores deberán tomar en cuenta antes de iniciar una investigación, recalca el memorando, es si la supuesta conducta a investigar está asociada con estos grupos criminales, si se utilizan lavadores de dinero o estas empresas de fachada para tal fin o, si está vinculada a empleados estatales u otros funcionarios extranjeros que reciban sobornos de los cárteles o de las OCT.

OPORTUNIDADES JUSTAS

El segundo factor en el que ordena centrarse el DOJ es el de «salvaguardar las oportunidades justas para las empresas estadounidenses», ya que el crecimiento económico y la expansión de oportunidades de negocios para EE. UU. en el extranjero son «fundamentales para salvaguardar la seguridad nacional y la prosperidad económica».

La nueva directriz pone mucha atención al pago y cobro de sobornos por parte de autoridades extranjeras y dice que esta práctica distorsiona los mercados y socava el Estado de derecho.

El círculo cercano de Porras, jueces y la FCT: ¿Quiénes son y de qué se les señala los 8 sancionados por la UE?

«Las empresas que sobornan a funcionarios para obtener negocios en una grave desventaja económica a sus competidores que respetan las leyes, como las empresas estadounidenses», señala la norma.

Al sobornar a funcionarios para obtener ganancias de cientos de millones de dólares, «los competidores corruptos distorsionan los mercados y perjudican a las empresas y a los individuos estadounidenses respetuosos de la ley», subraya el memorando.

Por lo tanto, la nueva aplicación de la FCPA «tratará de reivindicar estos intereses, identificando y priorizando la investigación y el enjuiciamiento de conductas que socaven estos principios».

Una posible investigación, agrega, deberá tomar en cuenta si mediante esta práctica «se privó a entidades estadounidenses de un acceso justo para competir y/o resultó en un perjuicio económico para empresas o individuos estadounidenses específicos e identificables».

SEGURIDAD NACIONAL Y CONDUCTAS INDEBIDAS

El tercer y cuarto factor que se especifican en el memorando del DOJ hablan de promocionar la seguridad nacional de EE. UU. y priorizar la investigación de conductas indebidas graves.

En el primer punto, enfatiza en que, para el presidente Trump, «los terroristas y criminales prosperan donde los gobiernos son débiles, la corrupción es rampante y la confianza en las instituciones gubernamentales es baja». En este sentido, señala que los empresarios de otros países, lejos de buscar desalentar la corrupción y la debilidad de los estados, se aprovechan de estas para extraer recursos y explotar a las poblaciones.

«Cuando esta corrupción se produce en sectores como la defensa, la inteligencia o las infraestructuras críticas, los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos pueden verse perjudicados». Por esa razón, el memorando indica que la aplicación de la FCPA «se centrará en las amenazas más urgentes a la seguridad nacional de EE. UU. que resulten del soborno de funcionarios extranjeros corruptos que involucren infraestructuras o activos clave».

Finalmente, en cuanto a las conductas indebidas graves, señala que los investigadores deberán priorizar aquellos casos en los que la presumible mala conducta «tenga fuertes indicios de intención corrupta ligada a individuos particulares, tales como pagos de sobornos sustanciales, esfuerzos probados y sofisticados para ocultarlos, conducta fraudulenta en la promoción estos y esfuerzos para obstruir la justicia».

Además, los fiscales de la FCPA deben examinar la probabilidad (o falta de ella) de una autoridad extranjera competente que esté dispuesta a investigar y enjuiciar dichas conductas.

¿CÓMO SE IMPLEMENTARÁ?

La norma no dice cómo se llevarán a la práctica estos nuevos procedimientos en los países donde existan estos conflictos que afecten los intereses estadounidenses.

Los guatemaltecos sancionados por EE. UU. con la Ley Magnitsky

El internacionalista y profesor universitario, Roberto Wagner, considera que la aplicación de esta norma puede ser «complicado» en nuestros países.

Por ejemplo, si una persona tiene relación con el narcotráfico, sus parientes pueden sufrir las consecuencias. Para evitarlo, estos tendrían que demostrar que los recursos que posee y maneja son lícitos y por negocios ajenos a su familiar señalado por EE. UU.

Afirmó que las nuevas directrices del DOJ presionarán a los políticos en nuestros países que suelen recibir recursos para sus campañas electorales, muchas veces sin saber de dónde provienen. También pondrá presión sobre la banca y los agentes financieros, puesto que, si se descubre que alguno incurrió en actividades o movimientos ilícitos, podría ser investigado.

Wagner agregó que cuando ocurran estas investigaciones y se identifique a las personas que estén, a criterio de la justicia estadounidense, colaborando con el narcotráfico o afectando los intereses de EE. UU., la lógica es que se solicite la extradición al país de origen del sindicado.

Sin embargo, añade, si se facilita o no, la extradición dependerá del impacto político que la medida tenga en nuestros países. «Habrán algunos —gobiernos— que defenderán a tal ciudadano, porque considerarán que son acusaciones políticas, y habrán otros que digan ‘estamos de acuerdo y vamos a aprovechar para sacar a esta persona'», explicó.

Wagner concluyó que la nueva norma representa un giro de la administración Trump con un «toque más realista» en la lucha contra la corrupción.

No descartó que Washington levante algunas sanciones impuestas por el gobierno de Joe Biden si se determina que no ponen en peligro ni afectan lo intereses de EE. UU., pero sobre todo las que tienen que ver con la publicación de listados y el retiro de visas, como la Lista Engel, no así con aquellas que fueron impuestas por el Departamento del Tesoro, a través de la Ley Magnitsky.

¿Es posible un acercamiento con China sin dejar de reconocer a Taiwán?