¿Qué pasaría si uno de los arrecifes más ricos del Caribe guatemalteco fuera declarado área protegida? Esa es la propuesta del proyecto de ley 6499, que busca incorporar el arrecife Corona Caimán al área protegida Punta de Manabique, en Izabal.

La iniciativa ha despertado el interés de ambientalistas, autoridades y comunidades costeras, no solo por su potencial para conservar la biodiversidad marina, sino también por los desafíos legales y sociales que implica su implementación.

¿Por qué es tan importante esta zona?¿Qué opinan los actores involucrados?

Aquí le explicamos los puntos clave para entender el debate.

¿Por qué se quiere proteger el arrecife Corona Caimán?

El Congreso de la República analiza el proyecto de ley 6499, que propone reformas al Refugio de Punta de Manabiquepara incorporar el arrecife Corona Caimán a dicha área protegida, ubicada en el departamento de Izabal.

Esta propuesta busca ampliar la cobertura legal de conservación marina para fortalecer la protección del arrecife Corona Caimán, uno de los ecosistemas marinos más saludables y biodiversos de Guatemala.

Según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), el arrecife Corona Caimán representa un ecosistema marino de alto valor ecológico.

Se considera un refugio de biodiversidad y un área clave para la productividad pesquera sostenible.

Las instituciones explicaron que proteger este arrecife permitiría garantizar los servicios ambientales que brinda, preservar su valor natural y contribuir al bienestar de las comunidades costeras, muchas de las cuales dependen de la pesca artesanal. Sin embargo, el respaldo técnico y legal aún está en proceso.

En un comunicado conjunto, el MARN y el Conap señalaron que, aunque valoran la intención de conservar el arrecife, a su parecer el proyecto de ley aún no cumple con los requisitos establecidos en la Ley de Áreas Protegidas.

Esto incluye la necesidad de un estudio técnico integral aprobado por el Conap, así como la opinión favorable de otras instancias del Organismo Ejecutivo y el respaldo social necesario.

Las autoridades ambientales subrayaron que cualquier nueva declaratoria debe tomar en cuenta factores ambientales, sociales, culturales y económicos, así como los posibles impactos para las comunidades cercanas.

Contexto: preocupaciones sobre la pesca y los límites marítimos

La diputada Karina Paz, promotora de la iniciativa, aseguró que el objetivo central es garantizar la protección de un “súper reef” vital para la biodiversidad marina y para el propio sistema arrecifal mesoamericano.

“El arrecife Corona Caimán es clave para la vida marina en el Caribe guatemalteco. Su conservación no solo es urgente, es esencial”, expresó.

No obstante, reconoció que el avance de la iniciativa enfrenta un desafío geopolítico: la indefinición del límite marítimo entre Guatemala y Belice.
“El diferendo con Belice es un obstáculo real”, explicó.

La diputada subrayó que el proyecto busca frenar actividades que ya ocurren en la zona núcleo, como la pesca ilegal por parte de embarcaciones extranjeras, y promover una pesca más sostenible para las comunidades nacionales.

“La meta es proteger esta zona, garantizar su abundancia marina y, a partir de eso, permitir que los pescadores de la región pasen de una pesca artesanal a una industrial sostenible”, detalló.

También consideró que parte del rechazo se basa en desinformación o confusión con otras normativas vigentes, como el Acuerdo Ministerial 85-2020, que estableció una veda en el área desde 2019.

“Esta propuesta no tiene relación con conflictos como el de los trasmayos o el conflicto con pescadores beliceños. Es importante no mezclar temas. Lo que queremos es evitar que en poco tiempo no tengamos nada que proteger: mares vacíos completamente contaminados”, enfatizó.

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¿Qué denuncian los pescadores?

En paralelo al debate legislativo, han surgido expresiones de preocupación por parte de pescadores artesanales de la zona.

El grupo de pescadores de San Francisco del Mar, en Izabal, ha solicitado la revisión del Acuerdo 85-2020, que impuso una veda sobre más de 20 mil hectáreas marinas para preservar especies como la corona de caimán y zonas arrecifales.

Alegan que la medida se implementó sin consultarles y que ha afectado gravemente su sustento, ya que limita el acceso a sus zonas tradicionales de pesca.

Además, han denunciado conflictos constantes con pescadores de Belice, quienes ingresan a aguas guatemaltecas, les quitan redes y los amenazan. Esto, aseguran, mantiene un clima constante de tensiones en el área sin que sientan respaldo por parte de las autoridades.

Afirman haber perdido más de mil redes de pesca, cada una valorada en más de Q3 mil. También señalan haber invertido más de Q200 mil en gestiones y reuniones con autoridades sin obtener soluciones concretas.

Paz, quien ha dado seguimiento a temas en la zona, explicó que parte del conflicto deriva de la falta de una delimitación oficial entre Guatemala y Belice en sectores marítimos, especialmente desde el río Sarstún hasta la Punta de Manabique.

En algunos casos, agregó, la falta de definición ha dificultado la actuación de las autoridades nacionales ante incidentes con embarcaciones extranjeras.

“No hay un límite claro en el mar, y por eso se presentan incidentes entre pescadores. Lo que más molesta a las comunidades es cuando se les decomisan trasmayos o se les detiene, pero son temas que también dependen del fallo pendiente en la Corte Internacional sobre los límites con Belice”, explicó, sin vincular directamente estos hechos con el proyecto de ley 6499.

¿Y cómo se relaciona esto con el proyecto de ley?

Aunque las preocupaciones de los pescadores están ligadas a normativas y conflictos previos, en algunos espacios públicos se ha generado confusión entre esas quejas y el contenido del proyecto de ley 6499.

Tanto autoridades como la diputada promotora han aclarado que la iniciativa legislativa es independiente de los acuerdos ministeriales vigentes y no busca restringir derechos sin diálogo o estudios técnicos.

Por el momento, el futuro del arrecife Corona Caimán depende de que se realicen los estudios necesarios y se fortalezca el diálogo con las comunidades.

En resumen

• El proyecto de ley 6499 busca incorporar el arrecife Corona Caimán al área protegida Punta de Manabique.
• El MARN y el Conap reconocen el valor ecológico del arrecife, pero señalan que el proyecto aún debe cumplir requisitos legales y técnicos.
• El contexto social incluye preocupaciones por normativas previas (como el Acuerdo 85-2020) y conflictos marítimos que afectan la pesca artesanal.
• No hay una oposición abierta al proyecto de ley, pero su avance requiere diálogo técnico y social.

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