“Nunca debemos permitir que el periodismo sea criminalizado. Investigar, escribir y hablar no es un crimen. Jose Rubén Zamora debería estar libre hoy y, más importante aún, debería poder continuar el trabajo que lo llevó a prisión”.

Con estas contundentes palabras, la actriz Meryl Streep entregó a José Carlos Zamora, hijo de Jose Rubén Zamora Marroquín, el premio Albie —que otorga la Fundación Clooney para la Justicia—, con el que se rinde homenaje a personas que defienden los derechos humanos asumiendo grandes riesgos personales.

En la ceremonia, Streep destacó la trayectoria del fundador del diario elPeriódico y subrayó cómo a lo largo de los años ha sido víctima de toda clase de ataques y amenazas y cómo desde hace tres años permanece en la cárcel enfrentando “procesos judiciales con cargos falsos”.

Este galardón es el tercero que Jose Rubén recibe estando en prisión y constituye un nuevo llamado al sistema de justicia para frenar la persecución espuria en su contra y emitir resoluciones basadas en ley, que detengan las arbitrariedades y la manipulación que el Ministerio Público (MP) hace del Derecho Penal.

En este contexto, resulta importante la reciente resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que mantiene anulado el juicio en el que Zamora fue condenado a seis años de prisión por el delito de lavado de dinero y ordenó repetirlo. Aunque no se ha notificado, se conoció que el fallo también deniega al MP la petición de procesarlo por los otros dos delitos de los que ya fue absuelto.

Si bien no le devuelve la libertad, se espera que en este nuevo análisis del caso se respeten sus garantías y derechos procesales y se le permita defenderse con todas sus pruebas de descargo, contrario a lo sucedido en el proceso anterior, en el que llegó a debate oral y público en total estado de indefensión y con una decena de sus abogados perseguidos e incluso algunos encarcelados.

Pero el de Zamora no es el único caso en el que la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci), que dirige Rafael Curruchiche, se ensaña contra periodistas. El proceso penal que enfrentan los colegas Alexander Valdéz, Gerson Ortiz, Julia Corado, Cristian Velix, Rony Ríos y Denis Aguilar y los columnistas Edgar Gutiérrez y Gonzalo Marroquín Godoy muestra en toda su magnitud la estrategia de silenciamiento y criminalización que el MP lleva adelante contra la prensa independiente en nuestro país.

Hace casi tres años que se les intenta imputar el delito de obstrucción a la justicia por sus publicaciones (notas informativas y columnas de opinión) en las que evidenciaron las irregularidades que los operadores de justicia (jueces y fiscales) cometieron en los casos contra Zamora.

A pesar de que una jueza de primera instancia resolvió que no había delito penal que perseguir y que el expediente debía ser conocido por un tribunal de imprenta, el MP sigue insistiendo en que los colegas enfrenten proceso penal. Ya la CSJ y la Corte de Constitucionalidad le dieron la razón a la jueza y fallaron provisionalmente ordenando cesar la persecución penal en contra de los periodistas y columnistas de elPeriódico. Pero la Fiscalía no ceja en su empeño y quiere castigo y venganza.

Por eso reviste de especial trascendencia la vista pública que realizará hoy la Cámara de Amparos de la CSJ, en la que se escucharán los argumentos de la defensa sobre por qué este es un caso claro de persecución indebida contra la prensa, que viola el ejercicio del periodismo y la libertad de expresión. Esperemos que tras esta audiencia se dicte una sentencia definitiva y de una vez por todas termine este absurdo proceso penal contra periodistas, y se siente un precedente que deje claro que hacer periodismo no es delito.