Nadie puede cuestionar que la institucionalidad del país se encuentra bajo el férreo interés y control de muchas mafias que vienen saqueando los fondos públicos desde hace años y que el sistema de justicia juega un papel fundamental, no sólo porque se hace de la vista gorda respecto a la investigación criminal -tarea del Ministerio Público-, sino que es garante de la más absoluta impunidad para los operarios de la corrupción y de persecución y castigo para quienes cuestionan lo que viene ocurriendo hace ya tantos gobiernos.

Entramos ahora a la fase decisiva de la elección de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y con total desfachatez, ante el inminente riesgo de perder al menos una de las magistraturas, tres de los miembros de la CC urgen a la Presidenta de la Corte a que acelere el trámite de un recurso interpuesto en contra de la elección del representante del Colegio de Abogados. Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa Escribá y Claudia Paniagua Pérez muestran su desesperación y hasta emiten opinión sobre el tema del amparo, demandando que se conozca de inmediato.

Por su parte Nester Vásquez sigue operando con sus seguidores y se acaban de asegurar el control de la Asociación Nacional de Municipalidades con la reelección de su discípulo, Sebastián Siero, lo que evidencia cuán desesperados están ante la posibilidad de perder el control. En el caso de la Anam, ganara quien ganara, estábamos frente a una de esas decisiones en las que hay que escoger el veneno, porque todas las facciones responden a intereses oscuros y no al ciudadano y la ley. Como saben que está en juego la remota, pero posible situación de que la gente decente pueda recuperar el control de las diferentes instancias de la justicia, se están desbocando de una forma sin antecedentes.

Están dispuestos a todo lo que sea necesario para impedir lo que la comunidad internacional y la sociedad guatemalteca esperan, es decir terminar con esa peculiar forma de dictadura que se estableció mediante el control institucional del país.

El artículo 269 de la Constitución Política de la República de Guatemala dice de manera tajante que corresponde “a la Asamblea General del Colegio de Abogados” la designación de un magistrado titular y un suplente para integrar la Corte de Constitucionalidad. El sentido literal del mandato de la Carta Magna es que todo aquel que sea parte del Colegio de Abogados tiene el derecho a participar en la decisión como miembros de la Asamblea General de dicha entidad gremial. No hay, en el texto constitucional, ninguna excepción puesto que dice que es competencia de la Asamblea General tal decisión.

Cuando ganó Nester Vásquez su magistratura ante la CC por el Colegio de Abogados, votaron los profesionales de ciencias afines y como en ese entonces les convenía, las mafias no protestaron.

Sintiendo pasos de animal grande, los magistrados actuales pretenden dar un manotazo cambiando el mandato constitucional ante el temor de que esa Asamblea elija a alguien que no es parte de las mafias que vienen controlando todo el sistema de justicia y es que la CC es pieza vital para mantener ese sistema perverso actual.

A la celeridad del asunto del CANG, debemos contrastar la parsimonia que hay en la elección del Consejo Superior Universitario (CSU), donde se sabe que Walter Mazariegos maniobra con algunos magistrados de la CC para tener paralizada la elección.

Repetimos que nos estamos jugando el todo por el todo y en este momento la actitud ciudadana y de los grupos sociales es fundamental para evitar que se consuma otra mañosería como la que pretenden algunos magistrados en la CC.