Los índices de calidad institucional elaborados por organismos multilaterales, centros de investigación y organizaciones especializadas no son sentencias infalibles; son instrumentos de diagnóstico útiles para esquematizar fortalezas y debilidades del entorno jurídico y administrativo de un país. Los índices más serios buscan revelar el Estado de derecho de hecho y van más allá de lo que dice la ley en papel.

El índice del World Justice Project (2024) sintetiza información de encuestas a hogares y a expertos legales para calificar ocho factores —límites al poder, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil y justicia penal— y más de 40 subfactores que permiten descomponer el análisis. El índice tiene cierta atención al detalle; resalta dónde fallan las prácticas estatales y dónde hay mejoras formales que no se traducen en logros concretos.

Los países que ocupan los primeros lugares suelen ser los mismos en diferentes índices, y aunque son una agrupación heterogénea, comparten características estructurales fuera del índice; altos niveles de ingreso y capital humano, burocracias profesionales meritocráticas, prensa independiente y sistemas judiciales efectivos. En los países con los rankings más bajos predominan la captura estatal, el clientelismo, corrupción, inseguridad persistente y la incapacidad administrativa para ofrecer servicios básicos; atributos que debilitan la efectividad de la ley aun cuando exista un marco normativo extenso.

Aparentes inconsistencias internas que identifica el WJP —países que puntúan relativamente bien en transparencia, pero muy mal en seguridad o acceso efectivo a la justicia— reflejan la realidad política, no fallas en el indicador. Esa dispersión interna identifica cuellos de botella concretos que explican por qué reformas administrativas o declaraciones de transparencia no consiguen producir efectos sustanciales. Un país puede mejorar su gobierno abierto o prensa libre y seguir sufriendo impunidad y desprotección jurídica.

Guatemala ilustra esta tensión con claridad. En el WJP 2024, el país aparece en posiciones bajas a nivel global y regional, con un puntaje agregado que refleja debilidades estructurales y un perfil marcadamente disparejo por factores. Las mejores señales relativas se concentran en indicadores de apertura administrativa; las peores se muestran en orden y seguridad, justicia civil y penal. Esa composición indica que, a pesar de avances formales o iniciativas de transparencia, la capacidad real del sistema judicial y la seguridad siguen siendo atascos sistémicos.

Ese diagnóstico se complementa con otros estudios sobre capacidad estatal; según indicadores del Banco Mundial (WGI), Guatemala se sitúa en percentiles bajos de efectividad gubernamental, lo que confirma limitaciones en la provisión de servicios públicos, en la ejecución de políticas y la efectividad del sistema de justicia. La conjunción de baja capacidad administrativa y fallas en la justicia explica la persistencia de prácticas corruptas y la fragilidad de los controles formales.

Herramientas de diagnóstico hay; tanto para resaltar señales generales como para identificar prioridades operativas. Es difícil creer que las élites políticas carecen de información y desconocen las principales debilidades institucionales del país. Una clara señal de captura de Estado es que no hay muestras de una agenda consensuada entre estas élites, para corregir el rumbo. Domina el cortoplacismo de negociar presupuestos y ocupar las sillas de poder.