Allá por 1993, junto con el abyecto Serranazo, se identificó pública y claramente en el Congreso de la República de Guatemala a un nutrido grupo de diputados señalados de transas, abusos, descarados conflictos de interés, negligencias y sabotajes politiqueros. A tal combo indeseable se les llamó “los Depurables” por sus trayectorias, acciones y perfiles nefastos, incorregibles e intolerables. Al año siguiente se efectuó una consulta popular, a pedido del presidente interino, Ramiro de León Carpio, en la cual se exigía su renuncia y la elección de sustitutos. El 68% de sufragantes aprobó la depuración y se votó por nuevos congresistas para un período de 16 meses.

En la X legislatura, es decir la actual, hay perfiles de congresistas que superan en despropósitos, indolencias, lesividades y hasta en desidia a los depurables de hace tres décadas. Pero no solo en lo individual, también en general. Y el mejor ejemplo es el reiterado insulto público contra la inteligencia y dignidad ciudadana, al prolongarse el abusivo aumento de sueldo totalmente injustificado, que fue ilícitamente aprobado, a oscuras, a espaldas de los contribuyentes, la madrugada del 27 de noviembre del 2024.

En el “receso” de medio año se han ausentado del hemiciclo, pero también de salas de trabajo. Tan alto ausentismo debería descontarse. Sin embargo, en una clara estafa pública, los diputados y diputadas siguen cobrando el salario completo. No son pocos los legisladores que se van de viaje, a “representar” al país por “invitación” de otros congresos e instituciones en el extranjero. Cobran viáticos y pasean con dinero de los contribuyentes, mientras la ciudadanía se debate entre precariedades, mientras se rezagan normativas urgentes, mientras evaden cumplir una orden.

El trabajo legislativo durante el primer semestre del 2024 es decepcionante, precisamente porque se evaden las plenarias para que no se aborde el atraco en despoblado del aumento. Entretanto, la Corte de Constitucionalidad, que hasta ordena repetir sesiones y otros procedimientos legislativos, se hizo de la vista gorda respecto del requerimiento que emitió acerca del incremento salarial. Quizá alguno de sus integrantes tiene ia expectativa de ser reelecto o reelecta como representante del Legislativo en el 2026 y por eso no quiere quedar mal con las bancadas ni con sus cacicadas, pero sí queda mal en pleno con la ciudadanía.

El 26 de febrero último, la CC le dio al Congreso 24 horas para presentar un informe circunstanciado sobre la discusión en el pleno sobre el autoaumento. Dos semanas antes, en un fallo más bien tibio, había dictaminado que tal medida se debía discutir en el hemiciclo, es decir, ante el ojo y juicio ciudadano. La directiva, mediante una alambicada maniobra —que desacató el amparo de la CC del 12 de febrero— avaló en secreto el atraco salarial. Pero ese no era el procedimiento estipulado. Negaron y renegaron de tal aval hasta que se hizo público. Y la CC ya no dijo nada más. Es vergonzosa, históricamente, y legalmente dolosa, la dilación de la discusión pública del incremento, que sigue siendo ilícito y sigue siendo repudiado por la ciudadanía.

Es evidente que el autoaumento es lesivo e ilícito, porque no se ha cumplido con los procedimientos legales dictaminados por la CC. Todo aquel diputado que pretenda cobrarle de más a los ciudadanos por “representarlo” está poniendo en evidencia la obcecada necedad de sus pretensiones. Y son esas acciones, omisiones y contradicciones las que más le asemejan con el concepto de depurable.