Se cumplen cuatro semanas desde que los estudiantes de 5 mil 800 escuelas públicas están sin recibir clases, como resultado de la asamblea permanente que mantiene a maestros afiliados al Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG) alejados de las aulas, desde el pasado 19 de mayo.

Pablo Guerra, coordinador de Formación Ciudadana del Movimiento Cívico Nacional (MCN), indica en entrevista que las protestas constituyen una guerra política entre los sindicalistas y el Mineduc; sin embargo, quienes quedan en medio son los estudiantes, y el impacto será a largo plazo, pues las acciones de hecho afectan la calidad educativa y podrían derivar en deserción escolar.

¿Cuál es su opinión por la suspensión de clases en más de 5 mil escuelas, por la asamblea permanente del STEG?
Definitivamente, es negativo que estén en asamblea permanente, concepto que no existe dentro del Derecho laboral. Estas son medidas a raíz del 5% de aumento salarial que anunció el Ministerio de Educación, que es una acción totalmente política y que carece de fundamento técnico: premiar el mérito de los maestros. Es más, una medida política para desbaratar el poder de Joviel Acevedo, y esto lleva a que los maestros estén plantados en la Plaza Central, y, al final, ¿quién se responsabiliza de esos días perdidos de aprendizaje de los niños?

Definitivamente, hay un conflicto de intereses. Es una lucha de poder que no debería estar en discusión, pues el poder fue delegado a las autoridades, que deben ser el ente rector de la educación.

El STEG asegura que el paro continuará. ¿Qué opina?
Es preocupante. Tengo entendido que hay procesos iniciados para 6 mil profesores que no están en sus centros educativos. También es preocupante cómo se está utilizando a los maestros en esta lucha de poder entre Joviel Acevedo y el Ministerio de Educación; él está blindado.

Hemos encontrado en el pacto colectivo que hay un privilegio otorgado a Acevedo después de que fue destituido por María del Carmen Aceña. Con ese antecedente, él se dio cuenta de que necesitaba blindarse, porque era muy fácil destituirlo, y con el siguiente gobierno, el de la UNE, negoció su inamovilidad, que está en el pacto colectivo vigente.

Esta inamovilidad sindical no protege a los 6 mil profesores a quienes el ministerio ya les inició un proceso disciplinario; protege únicamente a Acevedo y a los demás líderes sindicales, porque, mientras estén en los cargos, no se les puede iniciar un proceso interno administrativo ni de destitución.

Lamentablemente, los maestros no se dan cuenta de que los están instrumentalizando, porque a ellos sí les van a iniciar un proceso administrativo, mientras que Acevedo los tiene en su lucha por su cuota de poder.

¿Qué impacto tendrá esto en la educación?
Hay videos en las redes sociales donde los maestros están bailando en la Plaza Central, mientras los niños no están recibiendo ni guías didácticas ni hay supervisión de su aprendizaje. Están perdiendo días de clases, y esto definitivamente retrasa al país, baja los estándares, baja la calidad y sube el porcentaje de deserción escolar, un problema que Guatemala tiene a nivel de básicos y de diversificado.

Un niño o un adolescente que no tiene incentivos, que no ve a su profesor en la clase, prefiere ir a trabajar con sus papás al campo, prefiere dejar la escuela. Pero no vemos las repercusiones, cuando ya hay órdenes judiciales que permiten al Ministerio de Educación iniciar los procesos administrativos. Esto es preocupante, y la pregunta que deberíamos hacernos es: ¿quién está mandando en la educación de Guatemala?, que, por más de dos décadas, al parecer ha sido Joviel Acevedo.

Como MCN presentaron un recurso de amparo y uno de inconstitucionalidad, ante la Corte Suprema de Justicia y la Corte de Constitucionalidad, para que el proyecto del pacto colectivo del magisterio se haga público, pero no han sido resueltos. ¿Qué esperan lograr con estas acciones?
Nadie ha sido capaz de dejar un precedente, y por eso en el MCN buscamos sentar una jurisprudencia y que sirva para otras negociaciones colectivas. Hay muchas otras negociaciones que también son lesivas para el Estado de Guatemala, pero es importante iniciar y dejar un precedente: que una resolución de la Corte Suprema de Justicia sirva de instrumento a otros ciudadanos y que establezca que ninguna negociación colectiva se haga bajo garantía de confidencialidad.

🚨Ante la notificación de la @CC_Guatemala sobre la confidencialidad del Pacto Colectivo de Educación, comunicamos: pic.twitter.com/8lZEdznRym

— Movimiento Cívico Nacional (@MCNGuatemala) December 10, 2024

¿Usted menciona que en esta disputa entre el Mineduc y el STEG los más afectados son los niños?
Nadie habla de los niños, de los días perdidos de clases, de los problemas que vamos a tener en un año o en dos. Venimos con el retraso de la pandemia y no nos hemos recuperado de esa baja calidad educativa.

Guatemala necesita una educación de calidad, no un pacto colectivo diseñado para extorsionar al Estado. Ese es el resumen de todo lo que hemos visto con el Movimiento Cívico Nacional, que puso el tema sobre la mesa y generó esta avalancha de acciones, tanto del sindicato como del Ministerio de Educación. Pero no vemos claridad en las acciones, ni contundencia en la manera de ejecutar esa facultad que tiene el ministerio.

Se habla de que el STEG alegará ante la OIT violación de los derechos adquiridos de los trabajadores del magisterio. ¿Cómo podría afectar esto a Guatemala?
Más que irse por la OIT, la vía a la que el sindicato podría acudir, alegando la violación de algún derecho laboral, podría ser la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, este es el momento de revisar cuáles son las alternativas y cuáles son las soluciones a este problema, porque el Código de Trabajo, que regula las relaciones entre patrono y empleado, data de los años 40. Es muy antiguo y estaba diseñado para regular relaciones entre patrono y empleado en la parte privada. Ahora lo necesitamos con todos estos problemas y con todos los sindicatos y negociaciones colectivas que hay en el Estado de Guatemala.

Es momento de regular el tema sindical y las negociaciones colectivas a través de una ley, de que los congresistas vean este problema, que se involucren y empiecen a generar estas propuestas que sienten un precedente sobre cómo deberían ser las negociaciones colectivas. No existe una regulación que establezca, por ejemplo, que en la negociación colectiva debe involucrarse al Estado, la PDH, la PGN, y que los ciudadanos podamos conocer lo que están negociando.

Si eso no existe, ellos (el sindicato) podrían accionar legalmente en alguna corte, pero ahí es donde el Estado debe tener cautela con las acciones que toma y ser contundente con ellas, apegarse a derecho, y aquí debe prevalecer el interés superior del niño.

¿Qué le resta por hacer al Ministerio de Educación?
Aquí hay una lucha entre el ministerio y el sindicato. Estamos buscando que el pacto colectivo sea público, haciéndolo por los ciudadanos, pero debe prevalecer el interés superior del niño, y nadie habla de ello.

Lo que podría hacer el ministerio es salir y hablar de cuántos niños están siendo afectados por los maestros que están frente a la plaza, ser contundente con sus acciones y presentar no solo acciones administrativas, sino penales, por incumplimiento de deberes.

Nos dicen que hay 6 mil procesos administrativos abiertos, pero hay incumplimiento de deberes y se está violando el derecho a la educación de cientos de niños. El Estado de Guatemala puede decir que lo está haciendo por causas muy legítimas, y esas acciones lo respaldarían si, el día de mañana, estos señores acuden a alguna corte internacional.