El Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV) dispone para este año de Q920 millones más que en el 2025 para atender programas que mejoren la seguridad alimentaria entre la población vulnerable. Estos fondos se vinculan al Plan Operativo Anual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Poasán). Sin embargo, se cuestiona el impacto directo que las obras podrían tener para resolver la problemática de la desnutrición y la pobreza en el país.

El presupuesto global del Poasán, de acuerdo con datos actualizados al cierre de febrero, es de Q14 mil 943 millones, Q1 mil 594 millones más que la asignación del 2025. Los recursos se reparten entre nueve ministerios, cuatro secretarías y cinco instituciones descentralizadas que reportan acciones para atender salud y nutrición.

Pese a que el CIV ejecutó solo el 72.55% de los Q2 mil 145 millones que tenía el año pasado para actividades en el marco del Poasán es la institución que registra el mayor incremento de recursos enfocados en atender la malnutrición. Esa condición se manifiesta como desnutrición crónica ―situación en la que se encuentra uno de cada dos niños menores de cinco años en el país―, y la aguda ―se han identificado tres mil 207 casos este año, hasta el 14 de febrero―.

En la línea de atender la problemática nutricional, el CIV tiene a su cargo programas de desarrollo de infraestructura vial ―mejoramiento de carreteras primarias, secundarias, puentes, distribuidores viales y caminos rurales―; construcción pública ―ampliación, reposición y mejoramiento de centros educativos―; y subsidio para vivienda, según detalla el Poasán.

En lo que respecta al mejoramiento de infraestructura, este año tiene programados 28 proyectos de carreteras y caminos rurales en comunidades distribuidas en 14 departamentos.

Mientras que son 16 proyectos de construcción, ampliación, reposición y mejoramiento de escuelas de preprimaria, primarias y básicos en zonas no urbanizadas en nueve departamentos.

Con el subsidio para vivienda, el CIV prevé beneficiar a 50 mil 824 familias con adquisición de lotes con servicios básicos, lotes con vivienda, módulos habitacionales en propiedad horizontal, mejoramiento, ampliación y reparación de vivienda, y construcción de viviendas.

Impacto de obras

A criterio del diputado Jairo Flores, coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre, los proyectos que el CIV vincula al Poasán no tienen impacto en el combate a la desnutrición y la inseguridad alimentaria, pues no están ligados a las comunidades con mayores índices de pobreza.

El qué, cómo y dónde realizar las obras, apunta Flores, queda “a discreción” de las autoridades de la cartera, cuando estas deben plantearse desde la necesidad de las comunidades y proponerse en el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Conasán).

Agrega que los esfuerzos y el presupuesto del CIV deberían estar dirigidos a la construcción y el mejoramiento de puestos y centros de salud, que tienen un impacto mayor en la atención de la problemática que el trabajo en rutas y caminos, el cual es difícil de fiscalizar y no está dirigido a las comunidades priorizadas.

Por su parte, el CIV responde que la planificación de los proyectos obedece a lineamientos establecidos en la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Polsan) 2022-2037: mejorar el acceso a transporte y comunicación para facilitar el comercio de alimentos en zonas vulnerables; ampliar la infraestructura rural para asegurar el abastecimiento, y mejorar las condiciones de vivienda, centros educativos y servicios básicos (agua, saneamiento e higiene) en comunidades con mayor inseguridad alimentaria.

Indica que en los proyectos del 2026 contempla el mejoramiento y la construcción de carreteras primarias y secundarias, puentes y caminos rurales, así como de escuelas de preprimaria, primaria y nivel básico, y subsidios para vivienda. Dichas obras, asegura, “coadyuvan al trabajo de seguridad alimentaria nutricional” establecido en la Polsan.

El CIV señala que el presupuesto que este año está vinculado al Poasán, puede sufrir modificaciones debido a la suspensión del Presupuesto aprobado para el Ejercicio Fiscal 2026 por parte de la Corte de Constitucionalidad, y esto afectar la disponibilidad de recursos económicos para el financiamiento de algunos programas.

Más y menos presupuesto

Entre los ministerios que aumentaron este año la asignación para programas y proyectos que fortalecen la seguridad alimentaria están Ambiente, Salud y Educación; este último tiene Q112.4 millones más que en el 2025, principalmente para atender la alimentación escolar.

Pero los que tienen un aumento mayor son Economía, con Q311.3 millones más dentro del Poasán; millones; Agricultura, Q280.9 millones; y el CIV, que aparece con la mayor ampliación con Q920.8 millones.

Al Ministerio de Cultura y Deportes, que por segundo año se involucra con acciones para atender la malnutrición, tiene Q11.7 millones menos de los Q186.5 millones que tenía asignados el año pasado y de los que solo ejecutó el 35.89%.

Trabajo tiene Q6.09 millones menos

También tiene menos fondos el Ministerio de Desarrollo Social para combatir el hambre y la desnutrición, con una disminución de Q198.2 millones respecto del presupuesto del 2025.

En el Poasán se involucra, además, a cuatro secretarías: la de Obras Sociales de la Esposa del Presidente (SOSEP) dispuso Q15.68 millones más para atender temas relacionados con la seguridad alimentaria.

Mientras que la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBS) tiene Q8.7 millones menos, y la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán) presenta una disminución de Q1.6 millones, pese a que es la institución encargada de guiar y coordinar las metas que las entidades se plantean dentro del Poasán.

También están involucradas cinco instituciones descentralizadas: el Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas (ICTA) destinará Q29.2 millones menos a programas de seguridad alimentaria y nutricional, y el Comité Nacional de Alfabetización (Conalfa) disminuye Q44.5 millones para atender el tema.

Aumentaron su presupuesto el Fondo de Tierras (Fontierras), con Q9 millones, y el Instituto Nacional de Comercialización Agrícola (Indeca), con Q472 mil. Mientras que el Instituto de Fomento Municipal triplica el presupuesto que tenía asignado el año pasado para atender la problemática de la desnutrición e inseguridad alimentaria, pues de Q74 millones ahora aparece con Q250.4 millones.

La Sesán refiere que debido a la suspensión del presupuesto 2026, que todas las instituciones que vinculan su presupuesto al Poasán está en fase de reprogramación.