Hace 34 meses que Jose Rubén Zamora Marroquín, expresidente de diario elPeriódico, está encarcelado. A pesar de que un tribunal y un juez (en dos momentos distintos) resolvieron otorgarle medidas sustitutivas de prisión domiciliar, resoluciones de salas de Apelaciones lo mantienen privado de libertad, sin que exista peligro de fuga ni de obstaculización a la verdad.

Como sucede también con el exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y con las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, se está utilizando la prisión preventiva como castigo anticipado, y —con argucias legales del Ministerio Público (MP) y de los querellantes adhesivos— se han ido demorando los procesos judiciales que los involucran, alargando indefinidamente el castigo.

Estos casos son un ejemplo claro de la connivencia que existe entre fiscales del MP y un grupo de jueces y juezas —la mayoría, sancionados por diversos países como actores corruptos y antidemocráticos— para retorcer la ley y utilizarla como instrumento de persecución y venganza. A esto se le llama criminalización, y desde que María Consuelo Porras Argueta dirige la Fiscalía General, ha sido la principal herramienta en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, estudiantes y profesores universitarios, autoridades indígenas, abogados de la extinta Cicig y líderes sociales que les han plantado cara a los grupos corruptos y a los violadores de los derechos humanos.

Los procesos en contra de Jose Rubén no solo no tienen sustento, sino obedecen a su trabajo como periodista. Lo que está “pagando” son las investigaciones y publicaciones que desde su medio desvelaron complejas tramas de corrupción que involucraban a poderosos personajes de los ámbitos político, militar, económico y criminal. Su caso se enmarca exactamente en los que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) llama “demandas estratégicas contra la participación” (Slapp, en inglés), que se refieren a “demandas o amenazas de acciones legales que utilizan tácticas litigiosas abusivas con el objetivo o el efecto de suprimir la participación pública y la información crítica sobre asuntos de interés público”.

Por otro lado, hay que recordar que muchos de quienes fueron perseguidos y encarcelados (a partir de 2015), por malversar millones de quetzales del erario, hoy gozan de libertad y sus casos fueron sobreseídos, desestimados o resueltos con extremada “benevolencia”. Sin contar, por supuesto, la negativa de la fiscal general y su círculo cercano a investigar las tramas de corrupción del expresidente Alejandro Giammattei y su pareja, Miguel Martínez.

Por todo lo anterior, la Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), los colectivos No Nos Callarán, Otra Guatemala Ya y el Instituto Demos, con el apoyo de Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras, realizaron el pasado jueves 18/9 una marcha por la libertad de Jose Rubén Zamora y entregaron al pleno de la Corte Suprema de Justicia un memorial —firmado por decenas de organizaciones y periodistas— en el que se demanda: i) Garantizar la independencia judicial y el respeto irrestricto al debido proceso en el caso de Jose Rubén Zamora; ii) revisar con objetividad y transparencia la legalidad de las actuaciones del Ministerio Público en este proceso y iii) que, con base en los vicios del proceso y la prisión preventiva de más de tres años, se le deje en libertad, se le restituyan de manera plena sus derechos fundamentales y se ponga fin a la persecución política en su contra.

Resulta incomprensible que, a estas alturas, el gobierno de Bernardo Arévalo mantenga en el cargo a una fiscal general que violenta principios básicos del derecho penal y lo utiliza de forma ilegal como arma de persecución y silenciamiento.