Guatemala actualizó, 25 años después, su marco legal para prevenir y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo mediante la aprobación del Decreto 15-2026, denominado Ley Integral para la Prevención y Represión del Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo. La normativa constituye una de las reformas más importantes en materia de supervisión y regulación financiera de las últimas décadas.

La nueva ley deroga la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos (Decreto 67-2001) y la Ley para Prevenir y Reprimir el Financiamiento del Terrorismo (Decreto 58-2005) para sustituirlas por un marco legal unificado, alineado con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Aunque aún están pendientes su publicación oficial y la emisión de su reglamento, la normativa ya permite identificar los principales cambios que impactarán a empresas, profesionales, entidades financieras y otros sectores económicos sujetos a controles para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

La nueva ley representa la reforma antilavado más ambiciosa realizada en Guatemala desde el 2001. Su principal novedad es que traslada el enfoque del sistema bancario al conjunto de la economía, al incorporar sectores como bienes raíces, vehículos, profesionales, criptomonedas y estructuras corporativas.

El mayor impacto económico será el aumento de las obligaciones de cumplimiento y transparencia para empresas y profesionales, mientras que el principal beneficio esperado es fortalecer la credibilidad internacional de Guatemala frente al GAFI, los inversionistas y los bancos corresponsales.

¿Cuál es el objetivo principal?

La ley busca fortalecer la prevención, detección, investigación y sanción del lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, bajo estándares internacionales. También pretende proteger la estabilidad del sistema financiero y evitar que Guatemala sea considerada una jurisdicción vulnerable ante organismos internacionales.

1. Amplía significativamente los sujetos obligados

Uno de los cambios más relevantes es que ya no solo estarán bajo vigilancia los bancos y las entidades financieras.

Ahora se incluyen:

• Empresas inmobiliarias.
• Comercializadores de vehículos.
• Comerciantes de joyas, metales preciosos y obras de arte.
• Casinos, rifas y loterías.
• Casas de empeño.
• Empresas de transferencia de dinero.
• Profesionales universitarios (abogados, notarios, contadores, auditores y asesores financieros) cuando participen en determinadas operaciones de clientes.
• Proveedores de servicios corporativos.
• Proveedores de servicios de activos virtuales (criptomonedas).

Implicación económica

Esto representa un incremento considerable en los costos de cumplimiento para sectores que históricamente habían estado fuera del radar de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

2. Regulación explícita de criptomonedas

Por primera vez, la legislación incorpora la figura de los proveedores de servicios de activos virtuales.

La ley regula actividades como:

• Intercambio de criptomonedas.
• Custodia de activos virtuales.
• Transferencias de criptoactivos.
• Plataformas de negociación.
• Emisión y oferta de activos virtuales.
• Servicios financieros asociados con criptomonedas.

Implicación

Guatemala se acerca a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) para controlar los riesgos de lavado de dinero mediante criptoactivos.

3. Fortalece el concepto de beneficiario final

La ley obliga a identificar quién controla realmente una empresa o estructura jurídica.

Se considera beneficiario final a quien posea o controle, de forma directa o indirecta, al menos el 20% de participación o ejerza control efectivo.

Implicación

• Reduce el anonimato societario.
• Dificulta el uso de sociedades de papel.
• Aumenta la transparencia corporativa.

4. Reforma profunda al registro de accionistas

Las sociedades deberán mantener información actualizada de:

• Accionistas.
• Beneficiarios finales.
• Fideicomisos.
• Estructuras patrimoniales.

Además, el Registro Mercantil deberá disponer de mecanismos para verificar esta información.

Implicación

Es una de las reformas corporativas más importantes de los últimos años porque incrementa la trazabilidad de la propiedad empresarial.

5. Se adopta plenamente el enfoque basado en riesgo

Las empresas obligadas deberán:

• Identificar riesgos.
• Evaluarlos.
• Clasificar a los clientes.
• Aplicar controles diferenciados según el nivel de riesgo.

Ya no bastará con cumplir formularios; será necesario demostrar una gestión activa del riesgo.

Implicación

Mayores inversiones en:

• Sistemas tecnológicos.
• Monitoreo.
• Auditorías.
• Capacitación.

6. Controles reforzados para personas expuestas políticamente (PEP)

La ley amplía la vigilancia sobre:

• Funcionarios públicos.
• Exfuncionarios.
• Familiares cercanos.
• Asociados comerciales.

Además, la IVE deberá publicar periódicamente los cargos considerados PEP.

Implicación

Mayor escrutinio sobre operaciones vinculadas con funcionarios y contratistas del Estado.

7. Reporte obligatorio de operaciones sospechosas

Las entidades deberán:

• Monitorear transacciones.
• Detectar operaciones inusuales.
• Reportar transacciones sospechosas a la IVE.

La ley fortalece la protección legal de quienes realizan estos reportes.

8. Umbral de US$10 mil

Se mantiene como referencia el monto de US$10 mil, o su equivalente, para registros y controles especiales sobre transacciones y movimientos de efectivo.

También se exige declarar ingresos o egresos transfronterizos de efectivo superiores a ese monto.

9. Creación y fortalecimiento institucional

La ley fortalece dos pilares:

CONCLAFT

Consejo Nacional de Coordinación de los Esfuerzos contra el Lavado de Dinero, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

IVE

La Intendencia de Verificación Especial recibe mayores facultades para:

• Requerir información.
• Analizar inteligencia financiera.
• Coordinar con autoridades nacionales y extranjeras.
• Imponer sanciones administrativas.

Régimen sancionatorio más severo

Multas administrativas

Las sanciones pueden oscilar entre:

• US$500.
• US$300 mil.

Dependiendo de la gravedad de la infracción.

Delito de lavado de dinero

Se castiga con:

• Seis a 20 años de prisión.
• Multa equivalente al beneficio económico obtenido.
• Publicación de la sentencia.

Responsabilidad penal de empresas

Por primera vez se desarrolla ampliamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Las empresas pueden recibir:

• Multas de hasta US$625 mil.
• Cancelación definitiva de su personalidad jurídica en casos graves o de reincidencia.

Implicación

Las juntas directivas y los accionistas enfrentarán mayores riesgos legales por fallas de cumplimiento.

Impacto para la economía guatemalteca

Aspectos positivos

1. Mejora la imagen internacional

La reforma busca cumplir con los estándares del GAFI y evitar observaciones que puedan afectar:

• La inversión extranjera.
• Las corresponsalías bancarias.
• El acceso al sistema financiero internacional.

2. Mayor transparencia empresarial

La identificación de beneficiarios finales reduce los espacios para la evasión, la corrupción y las estructuras opacas.

3. Mayor control sobre criptomonedas

El país se actualiza frente a nuevos riesgos financieros.

Riesgos y desafíos

1. Incremento de costos de cumplimiento

Las empresas deberán invertir en:

• Oficiales de cumplimiento.
• Software.
• Auditorías.
• Capacitación.

Esto afectará especialmente a las pequeñas y medianas empresas incluidas por primera vez.

2. Mayor carga regulatoria para profesionales

Abogados, notarios, contadores y auditores enfrentarán nuevas obligaciones de registro, monitoreo y reporte.

3. Posibles tensiones con sectores empresariales

La obligación de revelar beneficiarios finales podría generar resistencia entre grupos acostumbrados a estructuras societarias con bajo nivel de transparencia.