En el análisis de ALas845 conversamos sobre el tema, “Justicia en la mira: extinción de dominio y observación internacional en Guatemala”.

Los invitados fueron Melvin Portillo, secretario de Política Criminal del MP; y Freddy Sánchez, abogado penalista y analista jurídico.

Portillo al inicio se refirió al informe de la relatora especial de la ONU, Margaret Satterthwaite, que señaló al MP por una supuesta “criminalización”.

“Sus declaraciones son inconstitucionales. Se tuvo una visita de cortesía de la relatora y le preparamos una presentación donde se demostraba el ataque sistemático contra le fiscal general. Además, la persecución contra algunos fiscales, y se le hizo ver una línea del tiempo en que empezó esto, que fue con el caso Semilla. Me llamó la atención que no hubo prensa en la presentación del informe. Sus conclusiones no tuvieron rigor metodológico, no citó expedientes puntuales”, dijo.

Por su lado, Sánchez señaló que le llama la atención, que se realizó un procedimiento sobre la inmovilización de una finca del expresidente Giammattei pero no hay una pesquisa sobre lavado de dinero.

“Se habría que también entender, sobre por qué no se ha abierto una investigación sobre el lavado. Tiene que haber una postura más agresiva del MP para entender que la compra de este tipo de bienes haya sido ilícita”, dijo.

El abogado señaló que además había que “certificar lo conducente” a la fiscalía sobre lavado para investigarse con qué dinero se adquirió el bien.

Portillo fue consultado sobre los antejuicios que rechazó la CSJ contra el presidente Arévalo y otros funcionarios cercanos del gobierno.

“Si presento un antejuicio es porque pensamos que el Estado de Derecho no funciona. La CSJ debería de hacer su papel de enviar el antejuicio ante la comisión pesquisidora. Nosotros hacemos algunas diligencias, y decir que se diga que es espurio, pues suena a un poco a que no se lleva el proceso constitucional adecuado. Se debía darle trámite a estos antejuicios y que los pesquisidores rinden su informe”, dijo y explicó que analizan apelar el desistimiento.

Sánchez indicó que el antejuicio se dirime por cuestiones “políticas y espurias”. “Cuando hay un señalamiento del MP se sobreentiende de que hay indicios. Por eso estas cuestiones se dirimen desde lo político y no lo jurídico”, señaló.

El abogado indicó que es “errado” que el MP tenga un secretario de política criminal pues a su criterio “se parcializan los temas”

“El MP debe ser parte del Estado. Puede tener su secretario de política criminal, pero pierde cierta objetividad y entonces el Estado debería de crear una secretaría”, agregó.

Por alusión, Portillo respondió que su oficina al cargo, estudia casos internos del MP y dijo que no “debe confundirse” de una política de seguridad nacional.

“Nosotros definimos las estrategias dentro del MP contra la persecución penal. Tenemos un modelo para desjudicializar los delitos menos graves”, añadió.

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