Ana tiene cinco años y vive en Alta Verapaz, donde una de cada dos personas vive en pobreza extrema. En sus primeros seis meses de vida, su mamá no pudo alimentarla solo con leche materna, como se recomienda, y cuando comenzó a comer papillas y otros alimentos, en casa apenas recibió la dieta mínima aceptable, que incluyó bebidas azucaradas y productos poco saludables.

Ana, uno de los nombres más comunes entre las mujeres guatemaltecas, es un personaje ficticio construido a partir de los hallazgos de la Endesa 2025 para retratar las condiciones que enfrentan miles de niños en Guatemala.

Su familia pertenece a los pueblos indígenas, un grupo en el que tres de cada 10 personas viven en pobreza extrema. En la casa de Ana el agua es escasa y, la mitad de las veces, está contaminada con bacterias presentes en las heces.

Todas esas condiciones favorecen la desnutrición crónica, una condición que afecta el desarrollo físico, la capacidad de aprendizaje y la productividad en la vida adulta.

Esa realidad es una fotografía de lo que enfrenta la niñez menor de cinco años en Guatemala, según la Encuesta Nacional de Desarrollo en Salud 2025 (Endesa), que recién fue presentada.

Su historia refleja las condiciones de pobreza, inseguridad alimentaria y desnutrición que afectan a miles de hogares en Guatemala, donde cuatro de cada 10 personas enfrentan inseguridad alimentaria.

La medición realizada a escala nacional revela que seis de cada 10 niños guatemaltecos reciben lactancia materna exclusiva durante los primeros seis meses de vida. En una década, la cifra apenas cambió: pasó de cinco a seis de cada 10 menores.

Este es un indicador importante, pues el hecho de que un infante sea amamantado durante esa etapa mejora su estado inmunológico —enfermará menos— y garantiza que recibirá los nutrientes necesarios para alcanzar el desarrollo cognitivo, lo que tendrá repercusiones en las siguientes etapas de la vida.

La encuesta también evidencia que, a partir de los seis meses, cuando el niño puede digerir otros alimentos, solo una tercera parte tiene una dieta mínima aceptable, es decir, consumirá los nutrientes recomendables para su edad y con la frecuencia requerida.

Otro dato que aumenta la preocupación de los expertos es que en la dieta de seis de cada 10 infantes, entre los 6 y 23 meses, se incluyen bebidas azucaradas, como jugos envasados, bebidas gaseosas y otros productos con exceso de azúcar, mientras que una tercera parte de la población infantil ingiere alimentos no saludables, como sopas instantáneas o frituras.

Este tipo de productos con exceso de azúcar, explica Mireya Palmieri, titular de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Sesán), forma parte del patrón alimentario reciente del 85% de los guatemaltecos, lo que representa un riesgo de desarrollar sobrepeso,obesidad y enfermedades no transmisibles (ENT), como hipertensión y diabetes, que causan muerte y discapacidad.

De acuerdo con la Endesa, el consumo de bebidas azucaradas entre los niños es mayor en los hogares más pobres, que viven en el área rural, de población indígena o afrodescendiente, y cuando la madre tiene menor escolaridad.

Luz María Cabrera Orozco, especialista en asuntos humanitarios y emergencias en salud y nutrición de World Vision Guatemala, señala que estos hábitos alimenticios desde los primeros años de vida aumentan la probabilidad de malnutrición —conviven la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad—, además de representar un riesgo para el crecimiento, desarrollo y bienestar integral de los niños.

Escasez de alimentos

El limitado acceso a alimentos también condiciona que una persona sufra inseguridad alimentaria. El reporte de la Endesa señala que cuatro de cada 10 guatemaltecos enfrentan esta realidad, es decir, tienen dificultades para alimentarse de forma sana y nutritiva por falta de dinero en el hogar. Pero dos de cada 10 están en una situación severa, al quedarse sin alimentos, al punto de pasar un día sin comer, según la encuesta.

“Es preocupante”, dice Palmieri, pues al estar en crisis severa las familias adoptan estrategias de sobrevivencia extremas, como vender activos productivos, migrar a otro departamento o país o sacar a los niños de la escuela.

La población más afectada está en Alta Verapaz. Allí siete de cada 10 personas están en inseguridad alimentaria y cuatro de cada 10 tienen un riesgo mayor.

Ese círculo vicioso de pobreza y desigualdad conduce a la desnutrición infantil. La manifestación más inmediata es la aguda o emaciación, como consecuencia de la falta de alimentos en el hogar. Según la Endesa, el 1% de los menores de cinco años en el país tiene esta condición; la cantidad real este año, al 16 de mayo, es de 8 mil 198 casos, como reporta el Ministerio de Salud.

Si la desnutrición aguda no se trata de manera oportuna, puede conducir a un cuadro crónico y, en el peor de los casos, llevar a la muerte: en el 2026 van 11 fallecidos.

Condena silenciosa

En Alta Verapaz, de cada 10 niños menores de cinco años, cuatro tienen desnutrición crónica o retardo de crecimiento, una condición asociada con un alto riesgo de deterioro cognitivo. Pero en Totonicapán la situación es más crítica, pues la cifra sube a siete de cada 10.

En ese contexto, las mujeres llevan la peor parte. El estudio Guatemala un Siglo Atrás indica que la población femenina adulta del país tiene la talla más baja del mundo: para el 2000, el promedio era de 149.4 cm, similar a la de una niña de 11 años bien nutrida, según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La baja estatura en una mujer es un factor que limita la esperanza de vida y propicia la transmisión de la desnutrición crónica a los hijos.

Los datos que arroja la Endesa sobre desnutrición son los esperados para Guatemala, según Palmieri, pues cuando los casos crónicos son más altos, los agudos tienden a ser menos.

Hay un indicador que también condiciona que un niño sufra desnutrición: el acceso al agua y la calidad del recurso que llega a los hogares. Las fuentes contaminadas ocasionan diarreas en los menores, lo que lleva a cuadros crónicos o agudos que, sin atención adecuada, pueden conducir a la muerte.

La encuesta señala que el 30% de la población en general no tiene disponibilidad de agua. En Alta Verapaz, el 63% de las personas utiliza fuentes de las que no es seguro beber, y el riesgo de consumir agua contaminada es alto: el 80% del recurso tiene E. coli.

Para World Vision, los resultados de la Endesa reflejan la necesidad urgente de fortalecer las acciones de promoción de cambio social y de comportamiento en las prácticas de alimentación y cuidado infantil a nivel familiar y comunitario, así como fomentar el consumo de alimentos variados, nutritivos y accesibles desde los primeros años de vida.

El otro extremo

En el otro extremo del péndulo hay una población infantil que tiene sobrepeso u obesidad, lo que se traduce en un desbalance entre las calorías consumidas y gastadas. A escala nacional, el 5% de los menores de cinco años enfrenta dicha condición, porcentaje que es superado en Santa Rosa, donde llega al 10%.

Esos porcentajes son reflejo de prácticas alimentarias inadecuadas, en las que están presentes las bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, ya sea por costumbre o porque son productos de fácil acceso. El resultado es la aparición de enfermedades como diabetes e hipertensión a edad temprana.

La desnutrición crónica también acarrea la presencia de ENT en la adultez, a lo que se suman problemas en el desarrollo cognitivo.

Ambas condiciones —desnutrición, sobrepeso y obesidad— representan la doble carga de la malnutrición, que tiene serias consecuencias en la persona y en la sociedad.

Un informe de la Sesán sobre el asunto indica que la desnutrición acarrea mayor morbilidad y mortalidad, menor rendimiento —repitencia y deserción escolar—, un alto costo para el sistema de salud y educativo, pérdida de capacidad productiva por menor nivel educativo y mortalidad.

Mientras que la obesidad trae aumento de enfermedad y muerte, mayor ausentismo y menor rendimiento laboral, alto costo para el sistema de salud, pérdida de capacidad productiva por ausentismo en el trabajo y fallecimientos prematuros.

Para el 2018, el costo económico para el país de la doble carga de la malnutrición ascendía a US$12,034 millones, el equivalente al 16.3% del Producto Interno Bruto.