La creación de una nueva política contra el contrabando en Guatemala, con base en los resultados observados en los últimos años, comenzó a estructurarse con el fin de establecer un marco institucional robusto.

Los primeros pasos para la construcción de esta política comenzaron a ejecutarse entre los integrantes de la Comisión Interinstitucional contra el Contrabando y la Defraudación Aduanera (Coincon), y se fundamentan en la experiencia acumulada durante la última década en el combate de este flagelo.

La propuesta será elaborada de manera conjunta entre los miembros que integran la Coincon, tanto a nivel institucional como con la representación de los sectores productivos, con el objetivo de presentar una política que responda a las necesidades para abordar estructuralmente el problema.

Edwin Curtidor Juárez, intendente de Aduanas de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), declaró que el contrabando no se limita a los decomisos de mercancías incautadas, sino que deben implementarse acciones que generen una percepción de riesgo y fomenten el cumplimiento voluntario del pago de impuestos. Sin embargo, indicó que el fenómeno es estructural, pues también debe abordarse el desarrollo de los territorios fronterizos, especialmente mediante la generación de empleo y la formalización del trabajo.

Explicó que, al haber ocupación laboral en las zonas colindantes a las fronteras —citó como ejemplo la instalación de fábricas en Tecún Umán, San Marcos—, las personas se desvincularían de estas actividades, lo cual también involucra al sector privado organizado.

El funcionario añadió que la nueva política contará con un planteamiento estructural respecto de las instituciones que deben intervenir, tales como los ministerios de Gobernación, Defensa y Salud, entre otros. Esto incluirá disposiciones sobre la asignación permanente de fondos y recursos, así como la creación de un grupo institucional con disponibilidad inmediata de medios. Actualmente, las solicitudes deben hacerse caso por caso, y lo que se busca es una capacidad de respuesta inmediata con recursos garantizados.

Ejemplificó que, durante los operativos, la Policía Nacional Civil (PNC) debería contar con recursos como combustibles y patrullas, así como con instrumentos de inteligencia para el intercambio de información, dado que se trata de un fenómeno transnacional y regional.

La Política Nacional de Prevención y Combate de la Defraudación y el Contrabando Aduanero tendría una vigencia de 10 años.

Ajustes

De enero a abril de este año, la Intendencia de Aduanas realizó ajustes pagados por Q168 millones a mercancías detectadas con desajustes, monto cubierto por los propietarios de los bienes en los recintos aduaneros.

Además, los decomisos de mercancías en las aduanas suman un valor de Q18.9 millones y se han presentado denuncias por defraudación aduanera por Q27.7 millones.

El intendente agregó que se ha identificado un patrón de contrabando de mayor volumen mediante el uso de medios de transporte de hasta 53 pies, así como de vehículos modificados, los cuales ingresan por puntos ciegos desde México, principalmente para el traslado de productos de abarrotería.