Más allá de la normalización y de la crítica, la acción (Parte 2)

En mi artículo de ayer comentaba los cinco artículos punzantes en los cuales Flaminio Bonilla describió a Bernardo Arévalo como un presidente “nagüilón” y como alguien que había perdido una oportunidad de oro. Yo decía que el argumento de que no lo dejaron trabajar es falso. El presidente tuvo apoyo de la mayoría de los guatemaltecos y jamás valoró ese apoyo a juzgar por su indiferencia con las personas criminalizadas por defender que él asumiera la presidencia.

Decía también que según una investigación de La Hora confirmaba que el presidente Arévalo o su círculo cercano, con consentimiento de él, negoció con el usurpador de la rectoría un puesto en la Corte de Constitucionalidad. La Hora dijo que cinco fuentes del Ejecutivo atribuyen a Ana Glenda Tager acercamientos con Mazariegos en vísperas de la renovación de la Corte de Constitucionalidad y, al menos, una reunión presencial. Esas negociaciones no fueron una sorpresa para mí. En varios artículos aquí en La Hora adelanté que lo que estaba haciendo el presidente de no decir nada respecto a la Usac era parte de una estrategia de sacrificar a la misma Usac. Eso ya no se podía explicar por incapacidad, por negligencia, por “nagüilón”. Era simplemente que nos había vendido. Esos sus aún defensores lo quieren tapar.

Sin embargo, insisto: la negociación o no de un puesto en la Corte de Constitucionalidad será tema de futuras investigaciones, no solamente de La Hora. Pero el silencio de Arévalo ante este segundo fraude electoral fue y es la muestra más patente de un presidente que es indiferente a la pérdida de la Universidad Nacional.

Al mismo tiempo incluía en mi artículo de ayer un comentario sobre la encuesta de percepción de octubre de 2026 de la Fundación Libertad y Desarrollo, en alianza con CID Gallup. Subrayo “percepción” porque de inmediato salieron los pocos defensores de Arévalo a decir que “solamente entrevistaron a unos 1,200 guatemaltecos” y que cómo podía ser que 1,200 guatemaltecos decidieran que Bernardo Arévalo era peor que Alejandro Giammattei y el mismo Jimmy Morales, cuando la encuesta no dice eso. Esa reacción revela un malentendido profundo sobre cómo funciona el muestreo estadístico. No se necesita entrevistar a millones de personas para estimar lo que piensa una población de más de 18 millones. Con un nivel de confianza del 95 % y un margen de error de ±2.8 %, una muestra aleatoria de alrededor de 1,200 personas es estadísticamente suficiente. El tamaño de la muestra depende del nivel de confianza y del error que se acepta, no del tamaño total de la población una vez que esta es grande. Creer lo contrario es confundir el número de entrevistados con la validez de la inferencia.

Los malos resultados de esa encuesta no deben leerse como un simple desgaste de imagen o como ruido estadístico. Con 1,213 entrevistas, un margen de ±2.8 % y 95 % de confianza, el sondeo estima de forma rigurosa lo que piensa una muestra representativa de la población adulta: el 74 % desaprueba la gestión de Bernardo Arévalo y solo el 15 % la valora positivamente, para un índice de −59 puntos, peor que el de Alejandro Giammattei (−40) y Jimmy Morales (−34) en periodos comparables. El 81 % considera poco o nada probable que el Gobierno resuelva los problemas de los hogares y el 76 % afirma que el presidente casi nunca o nunca hace lo mejor para el pueblo.

Estos números no inventan la decepción; la cuantifican. Como señala el editorial de La Hora titulado “¿Decepción democrática?”, el dato más delicado de la misma encuesta es que el 51 % de los guatemaltecos expresa preferencia por un gobierno autoritario, mientras el 69 % cree que el narcotráfico y el crimen organizado intentarán influir en las elecciones de 2027. Esa preferencia no nace de la nada: es el producto de una larga erosión de la confianza desde 1985, agravada por el golpe más duro al espíritu democrático de los últimos años. La gente votó con fe y entusiasmo en 2023 para dar un mandato claro de combate a la podredumbre, y el resultado ha sido percibido como catastrófico: falta de voluntad para cumplir ese mandato y la reaparición de los mismos vicios que habían hartado a los guatemaltecos.

Cuando el electorado concluye que su voto no se traduce en un mandato ejecutable –sea por falta de carácter o porque resulta más fácil ajustarse al sistema y tender puentes a la corrupción–, la desmoralización con la democracia se profundiza. La encuesta, leída así, no solo mide la baja aceptación de Arévalo; documenta cómo esa gestión, o su ausencia de resultados, contribuye a que más de la mitad de la población considere preferible un régimen autoritario.

Lo cierto es que Flaminio Bonilla no se queda en el diagnóstico. En la parte final de su serie insiste en lo que realmente importa: la organización. No basta con señalar que Arévalo es mediocre, cínico o que tiene “sangre de horchata”. No basta con recordar que los grandes derechos no se compran con lágrimas. Se necesita un renacimiento de la organización popular real: movimientos multisectoriales y pluralistas que articulen a campesinos, obreros, académicos, pueblo maya, estudiantes, sindicatos, sectores culturales y organizaciones cívicas no comprometidas con el pasado: Un proyecto de nación concreto, participativo y orgánico que busque consensos sobre la base de la dignidad y la justicia social, no de la fuerza ni de la negociación en las sombras. Que aspire a otra primavera –la de 1944-1954–, pero construida desde abajo, con la sociedad civil, y no esperando que un individuo la decrete.

La democracia no es solo el círculo de la teoría ni el voto cada cuatro años. Es, como práctica social, la capacidad de los sectores que hoy están desarticulados de vertebrar el cuerpo de la sociedad. Cuando permanecen fragmentados y confrontados, el resultado es lo que vemos: gobiernos que normalizan la impunidad, la banalidad y la tibieza. Cuando se organizan, se crean alternativas creíbles y se depura lo que el Estado, por sí solo, no depura.

Más allá de la normalización y de la crítica está la acción de organizarse. No se trata de personalizar todo en un presidente. Se trata de reconocer que un sistema político agotado, cooptado por élites y poderes fácticos, solo se mueve cuando los ciudadanos –los del Corredor Seco, los universitarios que denuncian el fraude, los trabajadores, las comunidades mayas, los profesionales que todavía creen en la probidad– construyen instancias reales de contrapoder. Cuando la indignación deja de ser individual y se convierte en redes, en asambleas, en propuestas de refundación institucional y en exigencia permanente.

Si seguimos aceptando que “no se puede hacer más”, la normalización habrá ganado. La crítica de Bonilla, la evidencia de las negociaciones con el usurpador de la Usac y el contundente rechazo ciudadano medido en la encuesta sirven, precisamente, para no aceptar eso. El siguiente paso es organizarnos. Hagámoslo ya, porque si no es ahora, no será nunca.