La calidad de un sistema democrático se mide, en gran medida, por la firmeza con que sus instituciones de justicia garantizan la independencia, la imparcialidad y la certeza en la administración de la ley. Sin embargo, en muchas naciones, incluyendo la nuestra, el régimen actual que regula las instituciones judiciales, los fiscales y los defensores públicos, presenta graves deficiencias. Estas deficiencias generan inestabilidad en la función jurisdiccional, afectan la confianza ciudadana y abren la puerta a influencias políticas y de grupos de interés en los procesos de nominación, selección y desarrollo profesional de estos funcionarios clave.

La situación actual evidencia que la elección y postulación de jueces, fiscales y defensores, está excesivamente marcada por criterios políticos y grupales, en lugar de enfocarse en la meritocracia, la ética y la profesionalización. Esto, a su vez, debilita el principio de independencia de las instituciones, perpetúa la inseguridad jurídica y fomenta la desconfianza en la justicia. Por supuesto, hay excepciones, pero son eso: excepciones.

Por ello, es necesario transitar hacia un modelo que integre la plena profesionalización y estabilidad de los funcionarios de justicia, en línea con las mejores prácticas internacionales. La idea central es que quienes ingresen a estas carreras lo hagan mediante concursos abiertos, transparentes y meritocráticos, y puedan ejercer sus funciones en un marco de inamovilidad, siempre que actúen dentro de la ley y los principios éticos. Bajo este esquema, los jueces, fiscales y defensores públicos gozarían de protección frente a presiones externas, con condiciones de carrera claras, condiciones financieras estables y garantías para su desarrollo profesional y jubilación.

Implementar esta transformación requiere de un proceso complejo, coordinado y participativo. Una estrategia posible consiste en que el Jefe del Estado conforme una comisión de expertos en áreas clave: derecho constitucional, derecho procesal, administración pública, derechos humanos y reformas del sistema de justicia. La primera tarea de esta comisión sería elaborar uno o más anteproyectos de reforma constitucional y legal que reflejen estos principios y objetivos. Estos anteproyectos deben ser técnicamente sólidos, jurídicamente viables y socialmente aceptados, por lo que su discusión y perfeccionamiento deben hacerse en un proceso abierto y participativo.

Una vez elaborados, estos anteproyectos deberían ser sometidos a la consideración de la ciudadanía y de los distintos sectores políticos, sociales y profesionales, principalmente las universidades, centros de estudio, gremios profesionales y organizaciones sociales. Recabadas las observaciones, una segunda comisión, especializada en la revisión y síntesis, elaboraría un documento de referencia que ordene las sugerencias según su importancia y coherencia con los principios constitucionales.

Con base en este documento, la comisión que diseñó los anteproyectos ajustaría las propuestas, cuidando de no sacrificar los pilares de independencia, estabilidad y profesionalización. Finalmente, una tercera comisión, conformada por expertos nacionales e internacionales con experiencia en procesos de transición, elaboraría una “hoja de ruta”. Este plan detallado orientaría la aprobación por el Congreso y ratificación por la ciudadanía de las reformas constitucionales y legales, asegurando que la transición se realice de manera ordenada, eficiente y sin desestabilizar las instituciones.

Todo este proceso requiere, por supuesto, de un compromiso firme de las élites del país —políticas, académicas, sociales y económicas— para entender que el cambio es urgente y que una justicia fuerte y autónoma es la base de la democracia moderna. Este esfuerzo, además, deberá incidir en otras reformas estructurales, como las del régimen electoral, los partidos políticos y el servicio civil, que son esenciales para consolidar un sistema democrático estable y transparente.