Solo decir que no hay corrupción les basta: los preocupantes casos y similitudes del Ejecutivo y la CSJ
Las declaraciones de transparencia y combate a la corrupción contrastan con los cuestionamientos que enfrentan el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por decisiones relacionadas con el manejo de recursos públicos y los nombramientos dentro del Estado. Mientras el presidente Bernardo Arévalo ha prometido fortalecer la fiscalización de las obras públicas y habilitar […]
Las declaraciones de transparencia y combate a la corrupción contrastan con los cuestionamientos que enfrentan el Ejecutivo y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por decisiones relacionadas con el manejo de recursos públicos y los nombramientos dentro del Estado.
Mientras el presidente Bernardo Arévalo ha prometido fortalecer la fiscalización de las obras públicas y habilitar más información para la ciudadanía, la nueva presidenta del Organismo Judicial (OJ), Jenny Noemí Alvarado Tení, aseguró que en esa institución «no se venden plazas».
Sin embargo, investigaciones periodísticas de La Hora han documentado la posible sobrevaloración en la adjudicación de tres puentes por parte del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), así como testimonios, grabaciones y decisiones administrativas que han puesto bajo la lupa la contratación y los ascensos en el Organismo Judicial.
Bernardo Arévalo habla de corrupción; ignoran oscura licitación de tres puentes
Aunque se trata de casos distintos, ambos exhiben una tensión entre los compromisos públicos de transparencia y los hechos que requieren explicaciones, fiscalización y, cuando corresponda, investigaciones de las autoridades competentes.
«NO SE VENDEN PLAZAS»
El 13 de octubre, al asumir la presidencia de la CSJ para el período 2026-2027, Jenny Alvarado Tení aseguró que su gestión buscará recuperar la confianza ciudadana mediante procedimientos transparentes, resoluciones fundamentadas en derecho y resultados concretos. Asimismo, defendió los mecanismos institucionales de selección de personal y afirmó que los nombramientos cumplen con los requisitos legales.
«En el OJ no se venden plazas», sostuvo la magistrada, quien también pidió denunciar cualquier caso de corrupción. Según explicó, la población debe conocer las convocatorias, quiénes participan y las fases que deben cumplir quienes aspiran a un puesto judicial.
No obstante, las declaraciones se producen después de una serie de publicaciones de La Hora sobre presuntos cobros por plazas y ascensos, posibles negociaciones entre actores vinculados con la institución y decisiones que han puesto en duda la aplicación de los procedimientos ordinarios de selección.
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El 24 de agosto, una investigación basada en una grabación y 15 entrevistas a trabajadores y funcionarios judiciales documentó cómo una trabajadora vinculada con Recursos Humanos ofrecía a un aspirante una plaza 011, le preguntaba si tenía «cuello político» y le explicaba que debía pagar una parte del dinero de inmediato y otra después de recibir su primer salario.
La investigación también expuso cómo, durante la conversación grabada, se mencionaron distintas opciones laborales, entre ellas puestos administrativos, ascensos y plazas en juzgados. Una publicación posterior identificó a otra aspirante mencionada en la llamada, señalando que era hermana de un juez de paz.
Estos elementos forman parte de los señalamientos periodísticos sobre posibles influencias y conexiones en la asignación de puestos; por sí solos, no constituyen una resolución judicial que establezca responsabilidades penales.
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El 16 de septiembre, La Hora publicó testimonios de al menos 10 aspirantes y jueces que describieron presuntas negociaciones para acceder a plazas judiciales. Según esas declaraciones, los cobros podrían alcanzar hasta Q350 mil y existirían intermediarios y compromisos que irían más allá de conseguir un empleo, incluidos supuestos acuerdos para resolver determinados casos.
La publicación señaló que la CSJ tenía pendiente decidir sobre 145 plazas de jueces de Paz y de Primera Instancia.
CUESTIONAMIENTO A EXPRESIDENTA
Otra investigación publicada el 9 de octubre expuso que Claudia Paredes canceló dos concursos para cubrir plazas de jueces de Paz en los que participaban 19 aspirantesy, en la misma resolución, ascendió temporalmente a Rodrigo Montenegro Samayoa y Maritza Trinidad Ramírez Onofre, quienes no participaron en esas convocatorias.
Según los documentos revisados por La Hora, ambos eran elegibles para ejercer como jueces, pero no siguieron las fases ordinarias de postulación, selección y conformación de nóminas. La decisión contó con el aval de la CSJ, de acuerdo con la publicación.
A esto se sumó la convocatoria para resolver más de 150 plazas de jueces de Paz y de Primera Instancia. El 29 de septiembre, La Hora reportó que la CSJ se disponía a conocer las nóminas finales de los concursos de oposición para cubrir las vacantes.
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El proceso adquirió relevancia porque las investigaciones anteriores habían señalado presuntas negociaciones de nombramientos entre magistrados y otros actores.
En ese contexto, la afirmación de Alvarado sobre la inexistencia de venta de plazas plantea un desafío para la nueva presidencia del OJ: demostrar, mediante información verificable, que los procesos de contratación y ascenso se apegan a los procedimientos institucionales y que los señalamientos son investigados.
TRANSPARENCIA, MENOS EN PUENTES
En el Ejecutivo, el discurso anticorrupción también ha sido acompañado por promesas de mayor fiscalización. El 27 de agosto, durante una actividad sobre auditoría social en obras públicas, Arévalo sostuvo que los hallazgos de la ciudadanía deben generar respuestas de las autoridades.
«No solo es lo que ustedes encuentran, lo que ustedes identifican, sino cómo las autoridades vamos a responder a esos hallazgos», afirmó el mandatario. En esa ocasión, aseguró que su administración estaba comprometida con el combate a la corrupción y destacó la necesidad de desarrollar herramientas para identificar riesgos en el gasto público.
El 8 de octubre, el presidente anunció que la Estrategia Nacional de Datos Abiertos sería aprobada en diciembre de 2026 y comenzaría a implementarse en 2027. Según explicó, la información pública debe permitir a la población conocer cómo se utilizan los recursos del Estado y evaluar los resultados de las acciones gubernamentales.
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«No son una herramienta tecnológica, no son un elemento accesorio, son su esencia más profunda, una forma de entender y ejercer la democracia», expresó durante su participación en Abrelatam con Datos 2026.
Sin embargo, las investigaciones sobre la adjudicación de los llamados Puentes de Primavera han mantenido bajo escrutinio la actuación del CIV.
Los cuestionamientos se concentran en los proyectos de los puentes Mocá, Las Pericas y Santa Bárbara, adjudicados por la Dirección General de Caminos (DGC) bajo una modalidad de emergencia, así como en la selección de las empresas, los costos y la documentación disponible de los concursos.
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El 27 de agosto, La Horapublicó que la adjudicación de los tres puentes, por un total aproximado de Q276.94 millones, presentaba una posible sobrevaloración de hasta Q148.6 millones, según la comparación con una cotización solicitada a una empresa con experiencia en la construcción de este tipo de infraestructura.
Los montos adjudicados fueron Q130.3 millones para el puente Mocá, Q68.3 millones para Las Pericas y Q78.2 millones para Santa Bárbara. La publicación también cuestionó la experiencia de las empresas contratadas y la falta de transparencia en el proceso.
La adjudicación se realizó mediante un procedimiento de emergencia amparado en el artículo 95 de la Ley de Infraestructura Vial Prioritaria, que permite invitar a empresas para presentar ofertas. La modalidad abrió interrogantes sobre la discrecionalidad para seleccionar a los participantes y sobre la competencia efectiva entre oferentes.
El 7 de septiembre, analistas consultados por La Hora advirtieron que el uso de mecanismos de emergencia puede facilitar procesos acelerados con menor transparencia y favorecer a determinadas empresas. También señalaron que el Gobierno se había concentrado en aplicar el artículo 95, mientras otras disposiciones de la ley seguían pendientes de implementación.
El análisis incluyó una advertencia: las deficiencias institucionales y regulatorias pueden explicar parte de los problemas, y las diferencias entre precios no demuestran por sí solas que exista corrupción.
El 25 de septiembre, otra publicación informó que la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) no realizó evaluaciones estructurales de los puentes, debido a que no cuenta con personal especializado para ese tipo de valoraciones.
El dato añadió preguntas sobre el sustento técnico de la contratación por emergencia, aunque no determina por sí mismo si los proyectos requerían o no intervención.
LA AUDITORÍA DE LA CONTRALORÍA Y LAS DIFERENCIAS EN LOS COSTOS
El 2 de septiembre, Arévalo anunció que pediría una auditoría concurrente a la Contraloría General de Cuentas (CGC), con el propósito de que la fiscalización acompañara la ejecución de los proyectos y pudiera advertir problemas antes de que concluyeran las obras.
«No estamos esperando a que termine la implementación para que después de implementar hagan la auditoría», explicó.
No obstante, el informe preliminar de auditoría conocido por La Hora y publicado el 30 de septiembre indicó que la fiscalización ya estaba en marcha desde el 1 de julio y abarcaba hasta el 17 de septiembre, incluso antes de que los concursos fueran publicados en Guatecompras.
El documento consignó diferencias entre los valores registrados en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y los incluidos en los contratos, por un total de Q38.9 millones. También señaló que la ministra del CIV, Norma Zea, seleccionó a las empresas invitadas a ofertar, conforme a las bases de licitación.
La auditoría todavía era preliminar y las entidades responsables tenían oportunidad de responder a los hallazgos.
La investigación del 3 de octubre agregó que, según información obtenida por La Hora de fuentes internas del CIV, los costos estimados inicialmente por el Departamento Técnico de Ingeniería de la DGC eran inferiores a los precios finalmente adjudicados.
Para Mocá, el valor proyectado era de Q74.7 millones frente a Q130.3 millones adjudicados; para Las Pericas, Q53.4 millones frente a Q68.3 millones; y para Santa Bárbara, Q58.9 millones frente a Q78.2 millones. La diferencia entre esas estimaciones y las adjudicaciones sumaba Q89.8 millones.
La publicación también señaló que Gilberto Guerra,exdirector de Caminos y posteriormente asesor del CIV, habría intervenido durante la preparación de las bases para pedir que no se modificaran los costos, porque estos serían definidos por otros actores. Se trata de señalamientos atribuidos a fuentes internas, no de una determinación judicial de responsabilidad.
El 8 de octubre, La Hora informó que las ofertas de las empresas adjudicadas no detallaban cuánto cobrarían por cada renglón de las especificaciones técnicas. El medio obtuvo los documentos mediante una solicitud de acceso a la información pública, debido a que las ofertas no estaban disponibles en Guatecompras.
Esa falta de desglose limita la posibilidad de que la ciudadanía compare los costos de los componentes de las obras.
RESULTADOS VERIFICABLES
Las declaraciones de Arévalo y Alvarado Tení presentan compromisos de transparencia, rendición de cuentas y cumplimiento de la ley.
El presidente anunció herramientas de datos abiertos y fiscalización de obras; la nueva presidenta de la CSJ aseguró que los nombramientos se realizan conforme a los procedimientos institucionales y pidió denunciar posibles irregularidades.
La diferencia entre esas promesas y los cuestionamientos documentados por La Hora está en la respuesta concreta que las instituciones den a los hallazgos.
En el OJ, las investigaciones describieron presuntos cobros por plazas, posibles intermediarios, cuestionamientos sobre la intervención de magistrados en Recursos Humanos y decisiones de nombramiento que se apartaron de los concursos.
En el CIV, los reportajes expusieron posibles sobrevaloraciones, diferencias entre estimaciones y contratos, falta de desglose de ofertas y concentración de adjudicaciones en empresas relacionadas entre sí.
Los casos no son equivalentes y ninguno permite afirmar, sin una resolución que lo establezca, que las autoridades señaladas hayan cometido delitos.
Pero sí plantean una pregunta común para ambas instituciones: ¿basta con asegurar que no hay corrupción o anunciar mecanismos de transparencia, o es necesario demostrar con documentos públicos, investigaciones oportunas y respuestas verificables que los procedimientos fueron correctos?