Cuando se mencionan los principios republicanos en una sociedad se hace referencia a ciertos postulados que garantizan, por un lado, la protección de los derechos de los ciudadanos frente al poder público y por el otro, a los balances que deben ocurrir entre las fuerzas que compiten entre sí por el control político de las instituciones. Aspectos claves como la independencia de los órganos de juzgamiento, el funcionamiento adecuado de los mecanismos de cuentadancia, la alternabilidad democrática y la división de poderes es lo que asegura que los dos objetivos mencionados se cumplan.

Los balances de poder pueden ocurrir en dos formas diferentes. Una, en aquellas sociedades donde existe una muy arraigada tradición democrática, es dónde los ciudadanos, siempre bien informados, toman las decisiones en el marco de los juegos electorales en forma tal que se respetan y garantizan dichos equilibrios. Una segunda, mucho menos estudiada por las ciencias políticas, se produce en aquellos países donde por la configuración de su estructura poblacional, su situación geográfica interna, su diseño político, la circulación de sus liderazgos, la historia de sus instituciones y la composición de su élites sociales y económicas hace que dichos equilibrios ocurran como una mera consecuencia de la interacción entre estos factores. Dicho en palabras más sencillas, existen países y pueblos donde la distribución del poder real es tal, que no es posible para alguien o para alguna fuerza política determinada, tomar el control total de un estado por un tiempo prolongado. Podríamos decir que es una versión light de esa expresión popular tan común de “un país difícil de gobernar”.

Si se hace una revisión de la dinámica política de Guatemala en los últimos cuarenta años, uno podría decir que la constante que hemos vivido es un ejercicio recurrente y cíclico entre tomas de poder, desajustes políticos y reequilibrios. Quién no recuerda las ansiedades que se crearon respecto de las intenciones de permanencia y control político que se atribuía a la democracia cristiana en 1990; o la figura del general Ríos Montt y su proyecto mesiánico; o los coqueteos del gobierno de Colom con la iniciativa del Alba y el control continental de la extrema izquierda que prefiguraba; o la Cicig y el ogro político en que se convirtió; o el último gobierno y su pretendida captura de la institucionalidad y finalmente el elástico y por lo visto intercambiable término del “pacto de corruptos”. Todos estos episodios tuvieron sus propios puntos álgidos, pero siempre ha surgido algo que ha cambiado la dirección de los vientos. Llámense votos, élites que han puesto el pecho o personalidades que han afirmado, contra toda presión posible, su firme vocación democrática.

Hoy la historia podría ser otra. Con un liderazgo político cuestionado, élites retraídas por el pertinaz ataque sobre ellas y el aterrizaje evidente de los intereses ilícitos en los espacios de poder, puede romperse esa dinámica de equilibrios. No se trata solo de llevar la mejor gente posible a la institucionalidad en 2026, objetivo que debería ser obviamente prioritario. Se trata también de asegurar los balances que eviten la alineación perversa que ha ocurrido en otras latitudes y que suelen derivar en autoritarismos y dictaduras. Las experiencias de las supuestas “buenas intenciones” o la de los “santones” siempre han terminado, como nos lo muestra nuestra propia historia reciente, engendrando monstruos. Esa es la consecuencia de perder los necesarios equilibrios de poder.