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Jugada desgastante se sigue repitiendo
Cada funcionario tiene un período legal por cuyos resultados u omisos debe responder.
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Editorial
Queda claro que el equipo de comunicación presidencial no brinda buena asesoría o no es escuchado: el discurso del presidente de la República Bernardo Arévalo anunciando que citará a la fiscal general, Consuelo Porras, es una declaración que repite otra convocatoria similar planteada el 16 de enero y reiterada días después, que fue simplemente desechada por dicha funcionaria, quien se escudó en la autonomía del Ministerio Público, reforzada por un artículo de su ley orgánica que asegura inamovilidad. Porras asistió finalmente, pero solo para hacer un escénico desplante, al abandonar la reunión justo al inicio, con argumentos legales.
Los allanamientos de la Fiscalía contra el Lavado de Activos en inmuebles del ahora exministro de Comunicaciones Félix Alvarado, tras una accidentada y cuestionada gestión, por una supuesta denuncia del mencionado delito, motivó la conferencia de prensa las 10 de la noche del domingo 17, en la cual el mandatario anunció que la Policía Nacional Civil no iba a cumplir órdenes ilegales, a lo cual el MP institucionalmente respondió con una amenaza de consecuencias legales que a estas alturas no extraña nada, pero que vuelve a generar un ambiente políticamente crispado y tenso.
De hecho, el MP presentó la semana anterior la acusación contra un exjefe de Informática del Tribunal Supremo Electoral por supuesta alteración en la transmisión de datos de actas electorales al sistema de transmisión de resultados preliminares (Trep), audiencia en la cual la fiscal Leonor Alvarado extrapoló que habría sido el origen de un supuesto fraude electoral que originó el asedio a la democracia en todo el segundo semestre del 2023, que pretendía impedir la toma de posesión de Arévalo como presidente. De alguna forma se percibió un tácito objetivo ulterior de defenestración en dicha exposición que reiteró alegatos del 2023.
Los llamados a la mesura, la desescalada y el diálogo por parte de diversos sectores, analistas de coyuntura y centros de pensamiento surgieron desde las primeras horas de este lunes 18, porque a nadie le conviene una confrontación estatal que devenga en una crisis institucional. El mandatario debe recordar su misión como representante de la unidad nacional, y como tal puede expresar públicamente lo que considera contradicciones de discurso y acción, incoherencias en el abordaje de casos o incluso la parsimonia en la investigación de denuncias planteadas contra funcionarios del anterior gobierno, durante el cual fue reelecta la fiscal. Sin embargo, al manifestar ambiguamente otro tipo de situaciones hipotéticas con potenciales acciones que generen dudas legales, se debilita la fuerza del reclamo.
Del lado del Ministerio Público, sin perder su independencia ni su autonomía, lo correspondiente, correcto y civilizado sería aceptar un encuentro con el mandatario, en lugar de seguir eludiéndolo como ha hecho desde hace más de 300 días. Tener el espacio para exponer apreciaciones, objeciones, acciones u omisiones, posiblemente con testigos de honor, para finalmente presentar una declaración pública conjunta, sería lo más maduro, constructivo y hasta ético, de cara a un país que necesita certeza jurídica.
En el ajedrez existe una jugada que se llama enroque, la única en la cual se mueven dos piezas: el rey, bajo ciertas condiciones, cambia su lugar con una torre, para protegerse. En la presente situación, animosidades y ataques han llevado la partida política —que no judicial— a enroques, es decir inamovilidades y amenazas contra las reglas del juego. Y para más agravante, la realidad guatemalteca, con sus ingentes desafíos, no es un juego. Cada funcionario tiene un período legal por cuyos resultados u omisos debe responder.
