Cuando éramos niños, la parte más esperada en las fiestas de cumpleaños era la piñata. ¿Quién no se emocionaba sabiendo que pronto tendría las manos llenas de dulces? Eso sí, había una regla no escrita pero conocida por todos: cada uno debía esperar su turno para pegarle a la piñata. Sin embargo, siempre aparecía un grupito que, al caer los dulces, se lanzaba al piso y, como fiera, buscaba acaparar todo lo que pudiera. Mientras tanto, los más tranquilos y que seguían las reglas se quedaban con pocos dulces o con las manos vacías.

Para la mayoría, esto es solo un recuerdo de la infancia, pero para algunos cuantos se transformó en su manera de percibir los recursos del Estado. Lo mismo que pasaba en las piñatas está pasando hoy con el dinero de nuestros impuestos. El Estado de Guatemala es una piñata gigante, llena de dulces, regalos y privilegios que unos pocos rompen y saquean sin un gramo de vergüenza. ¿El resto de ciudadanos? Esperando, como mínimo, servicios básicos de calidad, alguna que otra carretera que funcione o seguridad, mientras vemos horrorizados cómo hacen y deshacen los recursos públicos.

Los últimos días han sido el ejemplo perfecto de cómo funciona la depredación de los recursos de todos. Por un lado, el desembolso de Q35 millones en el Organismo Judicial para otorgar a sus trabajadores el famoso “bono del pescado”. ¿Qué tal? Un regalito por Semana Santa. Por otro lado, el Congreso aprobó un bono de Q3 mil para todos sus empleados, lo cual representa en total, Q10 millones de fondos públicos. Y no puede faltar uno de los extorsionistas y saqueadores más grandes que conoce el país, Joviel Acevedo, que salió a las calles con el Sindicato de Trabajadores de la Educación (STEG) para exigir un bono por Semana Santa y privilegios en la negociación del pacto colectivo de educación.

Estos bonos discrecionales son descaradamente una forma de saqueo institucionalizado. ¿Por qué? No tenemos forma de medir la productividad de los trabajadores del Estado. Nuestro servicio civil necesita una modernización porque estos bonos no responden a mérito o necesidades estratégicas de país. Responden a presiones y han convertido el nuestro en un sistema clientelar que premia la lealtad sindical o política, pero no la eficiencia.

Todo esto lo pagamos nosotros los ciudadanos. Ponemos el dinero para la piñata, pero no vemos nada de los dulces, y para los ciudadanos, los dulces se supone que son los resultados del gobierno, leyes que promuevan el desarrollo o servicios de calidad. La realidad es que los ciudadanos no pedimos dulces como privilegios, sino que el Estado cumpla con lo mínimo que le corresponde. Desde hace mucho tiempo sobrevivimos en este país a pesar del Estado, a pesar del mal desempeño del gobierno de turno y de todas las dificultades que suma el día a día.

Como si fuera poco, estos grupos hablan de derechos, pero en realidad lo que defienden son privilegios. Así lo ha hecho el STEG, porque el pacto colectivo es una herramienta para chantajear al gobierno, no para mejorar la educación. Todos lo sabemos. ¡Y qué decir del Congreso! ¿Con qué cara los diputados les hubieran negado el bono a los empleados del Legislativo si ellos mismos ya recibieron un enorme aumento salarial? Pero acá, esa no es la pregunta que vale la pena, en realidad es: ¿con qué cara van a pedir nuestro voto en dos años?

Guatemala no aguantará mucho tiempo más con piñatas rotas. Si no exigimos calidad del gasto público y eficiencia, lo que hoy son un par de “bonos” y dulcitos para algunos, mañana será una factura gigante que… ¿adivine quién va a pagar, estimado lector? Usted y yo.