Hace más de tres meses ocurrió la tragedia del bus que cayó en un precipicio en la Calzada de la Paz, zona 6 capitalina, y las preguntas siguen abiertas sobre qué harán las autoridades para garantizar la vida de los usuarios del transporte colectivo. En esa oportunidad murieron 54 personas, víctimas de las precarias condiciones de los autobuses, el exceso de velocidad y el laxo control de la Dirección General de Transporte. A rajatablas, el Ministerio de Gobernación trató de imponer un seguro obligatorio a todo tipo de vehículos. La medida resultó contraproducente: se implementó sin una mínima campaña de concienciación, sin claridad sobre el tipo de cobertura y, encima, con amenazas de sanciones para quienes no lo adquirieran. Una medida que hubiera solucionado el problema resultó negativa, por la falta de una eficiente comunicación política. Después de esa infortunada iniciativa, todo pareció volver a quedar como antes.

Esta semana se conoció que los familiares de las 54 víctimas mortales y de los nueve heridos recibieron de una empresa aseguradora un total de Q9.8 millones en concepto de indemnización. También se supo que el Congreso había destinado Q3.15 millones de ayuda económica, de Q50 mil, para las familias damnificadas, de los cuales ya se habría desembolsado el 43% de los fondos. A ello se agrega que el Ministerio de Desarrollo realizó un censo, en febrero pasado, en los hogares afectados para conocer sus necesidades, lo cual servirá para que el presidente Arévalo les dé algún apoyo. ¿Cuándo? No hay certeza, porque la burocracia avanza con paso de tortuga. Ahora bien, ¿será responsabilidad del Legislativo y del Ejecutivo destinar fondos, cuando la responsabilidad de un hecho de este tipo es de una empresa privada? Definitivamente, no. Para eso debe haber una póliza obligatoria, lo cual está establecido en la Ley de Tránsito, desde 1996, pero que ningún gobierno ha querido poner en marcha.

¿Por qué la gente tiene una actitud de rechazo? Existe una falta de cultura de previsión y las personas prefieren gastar en cualquier cosa, menos en asegurar su futuro. Se tiene la percepción de que las coberturas son muy caras. Sin embargo, con el accidente de la calzada de la Paz se vio que sí hubo pago a los damnificados; o sea, la póliza sí fue efectiva. La solución sería encontrar una forma para que sea accesible a todos los bolsillos. Al respecto, Carlos Leonidas Díaz, quien combina su afición por las matemáticas con la previsión, tiene una iniciativa que podría ayudar a resolver el problema. En su propuesta señala que, si se toma como referencia el parque vehicular del 2024, que fue de 5 millones 771 mil 508 vehículos terrestres, se podría crear a partir del próximo año un seguro que tenga un valor anual de Q157.96, o sea un costo diario de apenas Q0.43, cuya cobertura sería de fallecimiento, invalidez y lesiones. Una prima baja sería ideal para los beneficios que traería consigo.

¿Cómo se podría cobrar? Lo ideal es que estuviera incluida en el impuesto de circulación de vehículos que los propietarios de automotores pagan cada año, lo que significaría una pequeña cantidad adicional y favorecería el aseguramiento de conductores, acompañantes y pasajeros. En esta idea tendría que sondearse qué empresas aseguradoras estarían interesadas en implementarlo, además de que el gobierno tendría que crear una instancia (secretaría, consejo o autoridad) que se encargue de concretarla. Según Díaz, debe llevarse una gestión aseguradora mediante costos altamente probables y no por probabilidad de realización de siniestros. Se podría desarrollar en tres fases: daños personales, daños materiales y daños catastróficos. No se trata solo de pagar indemnizaciones, sino de evitar nuevas tragedias. Y eso comienza con responsabilidad y previsión.