Justicia ecológica, cuestión de salud
El fenómeno de desatención Una explicación clara del fenómeno de la impunidad ambiental se debe plantear, como bien lo dice el Msc Leonel Salas, como un fenómeno sistémico, una ecuación desde un enfoque socioambiental, que muestre cómo el problema puede reproducirse y agravarse con el tiempo: Debilidad judicial → Impunidad ambiental → Degradación ecológica → […]
El fenómeno de desatención
Una explicación clara del fenómeno de la impunidad ambiental se debe plantear, como bien lo dice el Msc Leonel Salas, como un fenómeno sistémico, una ecuación desde un enfoque socioambiental, que muestre cómo el problema puede reproducirse y agravarse con el tiempo:
Debilidad judicial → Impunidad ambiental → Degradación ecológica → Conflictividad social → Pérdida de confianza institucional → Mayor debilidad judicial
Lo ecológico no ha sido olvidado dentro del planteamiento legislativo de la nación, pero si desatendido su cumplimiento. Las afirmaciones sobre la impunidad, el cierre masivo de expedientes y la persecución selectiva en el ámbito de lo ambiental, en Guatemala cuentan con el respaldo de instituciones nacionales y compañías internacionales, tal como investigaciones periodísticas y análisis de organizaciones sociales elaborados entre 2021 y 2026 lo han señalado. Y en ello cabe señalar varios hechos y prácticas, como referencias documentadas al respecto:
- Cierre Masivo de Expedientes y Desestimación en el MP
La Investigación Periodística de Quorum y Elementos (2024): En el reportaje «Río de impunidad: MP pidió el cierre de 4 mil denuncias ambientales», documentó que en 2023 la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente solicitó a los juzgados la desestimación o archivo de 4,187 denuncias (en comparación con solo 743 desestimaciones en 2022). Entre los casos archivados se encontraban denuncias por contaminación hídrica masiva provocada por empresas extractivas y de agroindustria (como en el río San Román en Alta Verapaz). Otro caso que ejemplifica lo dicho es el de la minera en Asunción Mita. El 18 de septiembre de 2022 se realizó una consulta municipal de vecinos de Asunción Mita, Jutiapa, frente al proyecto minero Cerro Blanco. En ella, el 87.98 % de los votos válidos rechazó la minería metálica, reflejando la preocupación de la población por la protección de los recursos naturales, especialmente el agua, y la defensa de su territorio. Los dos procesos mencionados son claro ejemplo de la resistencia, representa un referente para analizar la justicia ecológica, el derecho a la participación ciudadana y las tensiones entre las decisiones comunitarias, los intereses extractivos y la actuación de las instituciones estatales.
A la vez existe el Informe del INECIP y Alianza por las Reformas (¿Eficacia o Impunidad?, 2024/2025) que evaluó la tasa de efectividad del Ministerio Público bajo la gestión de Consuelo Porras, señalando un uso sistemático del archivo y la desestimación (superior al 70-80% del ingreso general de denuncias) para maquillar métricas de eficiencia institucional sin haber agotado peritajes ni garantizado reparación a las víctimas.
- Asesinatos y Criminalización de Defensores Ambientales
En este tema son documentos valiosos los Informes Anuales de Global Witness (2021–2025): En su reporte global Raíces de resistencia, la organización internacional ubicó a Guatemala entre los países más peligrosos del mundo para la defensa de la tierra y del medio ambiente. En 2024, el número de asesinatos contra defensores ambientales en Guatemala aumentó un 500% respecto a años anteriores (registrando al menos 20 homicidios en un solo año, la tasa per cápita más alta del mundo), afectando principalmente a líderes indígenas de áreas con proyectos mineros, de monocultivo o hidroeléctricos. Y en ese informe, se ubica a Guatemala como el país con la tasa per cápita más alta de asesinatos de defensores ambientales en el mundo y el segundo lugar en términos absolutos (superado solo por Colombia). También se señala el perfil de las víctimas, la mayoría pertenecían a comunidades indígenas Maya Poqomam, Q’eqchi’ y agrupaciones campesinas que defendían ríos, bosques y territorios frente a monocultivos, minería o despojos de tierra. Confirmando lo anterior la UDEFEGUA (2024-2025) en sus reportes ha señalado que más del 60% de las agresiones y citaciones penales infundadas están dirigidas hacia líderes ambientales. La UDEFEGUA señala un uso sistemático del «derecho penal del enemigo», donde el MP agiliza órdenes de captura contra defensores, pero engaveta o desestima denuncias por delitos ecológicos.
A los anteriores Informes UDEFEGUA, 2021–2025 añade y registra que año con año, más del 60% de las agresiones y denuncias de criminalización mediante el uso del aparato penal son dirigidas contra defensores del territorio, la tierra y el medio ambiente que cuestionan licencias extractivas irregulares.
- Informes de Organismos Internacionales y de Derechos Humanos
En efecto, la Relatoría Especial sobre Derechos Humanos y Medio Ambiente de las Naciones Unidas (ONU), ha llamado de manera constante la atención del Estado guatemalteco sobre la grave impunidad frente a la contaminación hídrica y la tala ilegal, instando a ratificar instrumentos como el Acuerdo de Escazú para brindar mayor transparencia judicial e institucional a la población afectada. A ello se suman los informes Anuales sobre la Situación de los Derechos Humanos en Guatemala (OACNUDH / OEA) quienes han documentado la falta de independencia judicial, la escasez de juzgados ambientales especializados y la asimetría procesal con la que se atienden las denuncias presentadas por comunidades vulnerables frente a denuncias corporativas.
Y a la documentación de anomalías presentadas se suman las Denuncias del Ejecutivo y la de la Comisión Nacional contra la Corrupción (CNC) (2024) a través de su Comisionado Nacional, que expresó públicamente en aquella ocasión, la preocupación del Gobierno del presidente Bernardo Arévalo ante el patrón recurrente del MP de pedir el archivo y desestimación masiva de expedientes que aportaban suficientes indicios y pruebas físicas de irregularidades.
En ese voluminoso contenido de denuncias, destacan a su vez los datos, informes y publicaciones investigativas periodísticas que detallan cómo operan estos patrones dentro del sistema de justicia guatemalteco: como ejemplo tenemos la Investigación periodística de Quorum y Elementos (junio de 2024). En su reportaje «Río de impunidad: MP pidió el cierre de 4 mil denuncias ambientales» se revela como hallazgo clave que en 2023 la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente solicitó el archivo o desestimación de 4,187 denuncias ambientales, en comparación con únicamente 743 solicitudes en 2022.
Entre las causas archivadas y de manera emblemática se encuentra la contaminación masiva del río San Román (Chisec, Alta Verapaz), ocurrida tras vertimientos industriales. Similar el caso de Mita en donde debido a la operación minera, la gente de las comunidades vecinas junto con la iglesia católica, han manifestado la escasez de agua tanto en nacimientos de agua como en el río Ostúa. Pese a las pruebas aportadas por las comunidades afectadas en los casos mencionados, el MP cerró la causa aduciendo falta de peritajes suficientes. Ante ese hecho consumado, los analistas señalan que este cierre masivo responde a una política interna para inflar métricas de eficiencia y reducción de mora fiscal, dejando sin persecución real los delitos contra los bienes naturales.
Ante tales acontecimientos (divulgado también por prensa nacional e internacional) Informes del Sistema de Naciones Unidas y PGN, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha reiterado la vulnerabilidad de las comunidades rurales frente a la contaminación de fuentes hídricas y suelos y ha llamado la atención sobre la falta de juzgados dedicados al ramo ambiental en los departamentos donde existe mayor conflictividad por licencias extractivas (Caso de Mita en que el MEM y MARN aprobaron licencia de extracción y la Muni la licencia de construcción). Haciendo eco de lo anterior, la CNC en el 2024 y autoridades del Ejecutivo, denunciaron públicamente el abandono de persecución penal en expedientes sobre licencias ambientales dudosas e irregularidades en estudios de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA).
Quiénes son los implicados
Es evidente que, en Guatemala, los imputados y acusados por la comisión de delitos y violaciones ambientales se dividen en cuatro grandes categorías, reflejando la complejidad y asimetría con la que opera la persecución penal en el país:
- Grandes Empresas y Conglomerados (Casos Emblemáticos): en las investigaciones y denuncias por contaminación masiva de fuentes hídricas, desvío de ríos y usurpación de bienes naturales, los señalados suelen ser ejecutivos, representantes legales o empresas corporativas: así podemos ver el ecocidio del caso Río La Pasión (Sayaxché, Petén – 2015), igualmente existen los casos de redes de traficantes que extraen maderas preciosas (caoba, cedro) a gran escala para su manejo y exportación ilegal. Otro grupo lo conforman depredadores de áreas protegidas: Grupos vinculados a la ganadería extensiva ilegal y el narcotráfico acusados de usurpación de áreas protegidas de CONAP para instalar pistas de aterrizaje o fincas ilegales. Y finalmente los grupos dedicados a tráficos ilícitos de Fauna y Flora: Imputados procesados por contrabando de especies en peligro de extinción (jaguares, guacamayas, orquídeas) sin castigo alguno.
A pesar de que los grandes daños son generados por megaproyectos o el crimen organizado, las estadísticas operativas del Ministerio Público muestran que la gran mayoría de personas que terminan siendo imputadas, ligadas a proceso y juzgadas individualmente, son usualmente pequeños agricultores y pobladores locales: Personas de escasos recursos detenidas en carreteras transportando leña o trozas de madera sin la guía o licencia respectiva del Instituto Nacional de Bosques (INAB) o bien trabajadores operativos de campo: Choferes de camiones, motosierristas o peones, que ejecutan la tala o el desmonte por orden de terceros que no figuran en las carpetas judiciales.
Mientras que los acusados de mayor impacto ecológico (grandes corporaciones y funcionarios que autorizan proyectos irregulares) suelen lograr que sus expedientes se estanquen o se desestimen en el MP mediante amparos y vacíos de peritaje, los únicos imputados que de manera frecuente sufren la persecución penal en el país son los eslabones más bajos de la cadena (transportistas informales o pequeños taladores de leña).
La corrupción en el sistema de justicia aplicado al ámbito ambiental en Guatemala es catalogada por analistas y defensores del territorio como una red de impunidad operativa y selectiva. No solo se manifiesta a través del soborno económico directo, sino también mediante la instrumentalización del sistema legal para favorecer a sectores de alto poder político o empresarial y asfixiar la protesta comunitaria.
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La justicia y sus parcialidades
Las denuncias y documentación sobre este tema con sus principales manifestaciones y mecanismos de corrupción judicial se agrupan en las siguientes dinámicas:
- Tráfico de Influencias y «Captura» del Sistema de Justicia Actividad que da como resultado: en primer lugar, la producción de filtros selectivos en investigaciones y aunque estas sean presentadas con evidencias adecuadas son engavetadas o dilatadas sistemáticamente.
En segundo lugar: Pese a que instituciones y periodistas de investigación han expuesto ante las instituciones de caso como la Fiscalía de Delitos contra el Ambiente, evidencias de flagrantes violaciones, se producen dentro del sistema judicial (debido a su facilidad) peticiones masivas de desestimaciones al punto de que, como ya dijimos, se han archivado por la vía judicial más de 4,000 denuncias de un solo golpe (como en 2023) sin agotar los peritajes mínimos.
En tercer lugar, a pesar de investigaciones y revisiones institucionales del MARN, evidenciando que exfuncionarios y jueces avalaron o permitieron la operación de proyectos extractivos e industriales que contaban con Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fraudulentos o licencias aprobadas anómalamente, se ha dado aval judicial a licencias irregulares.
- La corrupción no solo actúa impidiendo que se sancione al infractor, sino invirtiendo el uso del derecho penal. Hablamos de uso Asimétrico y Político de la Justicia (Criminalización) lo que ha provocado desde hace décadas persecución a defensores y líderes comunitarios. Es notable y posible de documentar que el sistema judicial procesa con celeridad órdenes de captura, querellas y prisión preventiva contra autoridades indígenas y activistas que denuncian el desvío de ríos o la tala ilegal. Por otro lado, existe protección al infractor de gran escala y así vemos que mientras un agricultor local puede ser condenado y multado con rapidez por cortar árboles para leña, las redes de tala masiva dentro de reservas protegidas o las descargas tóxicas de grandes empresas rara vez concluyen en juicios orales o resoluciones firmes.
Ante la ley y en base a los procedimientos institucionales del sistema, es fácil identificar y así se ha hecho, una práctica de cohecho y venta de criterios periciales. En efecto, se puede hablar de una vulnerabilidad de las pruebas forenses. La justicia ambiental depende de peritajes científicos (análisis hídricos, edafológicos y de biodiversidad). Se han señalado presiones o incentivos económicos a nivel local y regional para manipular, demorar o perder muestras de laboratorio clave, elementos básicos para sostener una acusación. Se puede decir que esa vulnerabilidad permite también medidas administrativas benignas a cambio de beneficios y en efecto, en las judicaturas no especializadas, se promueve el uso irresponsable de Criterios de Oportunidad, permitiendo a empresas que causaron severos impactos en cuencas solucionar el caso pagando sumas irrelevantes como donaciones o «reparaciones» sin impacto ecológico real.
Finalmente podemos hablar que debido a debilidades normativas y administrativas en todo el territorio, es posible observar inacción en las áreas protegidas y zonas de frontera. En regiones como Petén, Izabal o las Verapaces, jueces y fiscales locales operan bajo coacción o colusión con grupos dedicados a la usurpación de áreas protegidas para la ganadería extensiva, el narcotráfico, la extracción ilegal de maderas finas y minerales y la penetración de cultivos extensivos como la palma africana.
Los impactos
Todas esas anomalías e infracciones sin control y sanción, han y siguen permitiendo que miles de personas, quizá millones, sufran el impacto social y humano de las consecuencias derivadas de ese uso indebido ambiental y su contaminación, siendo afectadas tanto directa como indirectamente en consumo y subsistencia y oportunidad laboral.
Nos hemos acostumbrado tanto a oír hablar de residuos, ilegalidad, contaminación e ilegalidad medioambiental, que incluso la primacía de cualquier campaña ya nace muerta ante la indiferencia de la gente y corre el riesgo de convertirse en noticia como cualquier otra. Esta realidad de tolerancia y de «dejar hacer y pasar» no tiene visos de desaparecer, más bien se fortalece como un sistema más complejo y en crecimiento. La mala praxis medioambiental es otra de las indiferencias que a pesar que afecta mecanismos de la economía y lo social, pasa por alto el diario vivir guatemalteco. Y aquí el problema no es solo ambiental o judicial: también concierne a la salud pública y al futuro de las generaciones.
En cuanto a la salud, se buscan explicaciones sencillas para fenómenos atendidos clínicamente, mientras se presta menos atención a los venenos vertidos ilegalmente en nuestro campo, a la calidad del aire y el agua y al compromiso del suelo y su uso (la cadena agroalimentaria y los delitos contra la flora y la fauna) como causante de enfermedades. Sin protección penal del medio ambiente, nuestra salud física, mental, emocional, social y económica, seguirá siendo pobre y mal atendida.
Pero para solucionar toda esta problemática sistémica en su naturaleza, como mencionamos al principio no va a resultar suficiente en la solución de confiar todo a la política. También necesitamos mayor atención y participación de parte de la ciudadanía. Es necesario observar, denunciar, informarse y exigir a la vez que proteger el territorio. Y, sobre todo, evitar que la ilegalidad ambiental se convierta en algo con lo que simplemente aprendamos a convivir.
Bibliografía
- Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala. (2023).Conflictividad socioambiental y vacíos en la tipificación penal de los delitos ecológicos en Guatemala. CALAS. https://calas.org.gt/
- Comisión Nacional contra la Corrupción. (2024).Pronunciamiento y reportes oficiales sobre el archivo y desestimación de expedientes ambientales en el Ministerio Público. Gobierno de Guatemala. https://cnc.gob.gt/
- Corte de Constitucionalidad de Guatemala. (2023).Compilación de jurisprudencia sobre el derecho a la consulta previa, libre e informada y protección de recursos naturales. Gaceta de la Corte de Constitucionalidad. https://www.cc.gob.gt/
- Global Witness. (2025).Raíces de resistencia: La tierra y el medio ambiente en peligro. https://www.globalwitness.org/
- Instituto de Agricultura, Recursos Naturales y Ambiente. (2022).Perfil ambiental de Guatemala: La gestión ambiental nacional ante la vulnerabilidad y el cambio climático. Universidad Rafael Landívar. https://www.url.edu.gt/iarna/
- Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, & Alianza por las Reformas. (2024). ¿Eficacia o Impunidad? Análisis de la gestión fiscal y el uso de desestimaciones en el Ministerio Público. https://www.inecip.org/
- Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. (2021–2025).Informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala. Naciones Unidas. https://www.hchr.org.gt/
- Organización de los Estados Americanos. (2021–2025).Informes anuales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Guatemala. OEA. https://www.oas.org/
- Quorum, & Elementos. (2024, junio). Río de impunidad: MP pidió el cierre de 4 mil denuncias ambientales. Quorum. https://quorum.gt/
- Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala. (2021–2025).Informes anuales sobre agresiones a personas defensoras de derechos humanos, la tierra y el ambiente en Guatemala. UDEFEGUA. https://udefegua.org/