A un alumno que no estudia, pierde exámenes y entrega tareas mal hechas, o no cumple con ellas, no se le puede promover. Así tampoco se puede dar crédito a los alegatos de un grupo que dice defender la dignidad de la educación pero lleva décadas actuando como lastre para su mejora. El sindicato de Joviel Acevedo ha utilizado tal invocación para servir de alfombra conveniente a favor de pretéritos gobiernos que le compraron el silencio mediante la firma de pactos colectivos a espaldas de la ciudadanía. Está a la vista lo lesivo, oneroso e improductivo de tales tratos, porque traicionan la formación del recurso más valioso: la niñez y juventud.

Es notoria la caduca intolerancia a la crítica de parte del dirigente y su rosca cercana, que dicen actuar en nombre de derechos democráticos, pero lucen en pancartas, gorras y playeras efigies de figuras totalitarias. Sí, existe libertad de expresión consagrada en la Constitución, pero eso mismo obliga a todo funcionario —y los maestros del Estado también lo son— a dar cuenta de sus actos, de su calidad de desempeño y a responder los cuestionamientos de la ciudadanía y de la prensa independiente.

Integrantes del sindicato acevedista efectuaron ayer una manifestación y un mitin para presionar por la aprobación de un pacto colectivo secretista que les había sido avalado sin discusión ni exigencia por sucesivos gobiernos desde 2008. Ello, por supuesto, a cambio de servilismos y aquiescencias registrados en la historia. Todavía se puede recordar cuando salió el profesor Acevedo dándose la mano con los presidentes Otto Pérez Molina, Jimmy Morales Cabrera y Alejandro Giammattei Falla después de concederle sus deseos. No fue sino hasta que la actual ministra, Anabella Giracca, buscó hacer públicas las cláusulas de tal pacto que empezaron los desplantes.

La Corte de Constitucionalidad, tan ubicua en otros casos, mantiene una sospechosa dilación para declarar ilícito el secretismo de la negociación de este y cualquier pacto colectivo de empleados del Estado. Primero se le acabó el período de presidente al magistrado Néster Vásquez, pero el asunto debe ser abordado con celeridad, debido a sus implicaciones económicas, legales e históricas. Valgan las repeticiones para decir que, por tratarse de recursos públicos usados en instalaciones educativas públicas para el desempeño de una labor pública al servicio de la ciudadanía que con sus impuestos paga los servicios públicos, tal acuerdo debe ser información pública.

Es sintomática la repentina y selectiva invocación, en el comunicado de la protesta, de temas como el costo de vida, la unificación del NIT y el ISR, el mal estado de la red vial —nunca se oyó a Acevedo y seguidores reclamar por el fraude del libramiento de Chimaltenango o por las rutas inconclusas del anterior gobierno—. Y no es esta ninguna apología de la actual administración, pues en este mismo espacio se han señalado negligencias y retrasos en infraestructura, salud, nutrición, seguridad pública y otros órdenes.

Como tarea mal hecha, el comunicado magisterial no denuncia el abusivo autoaumento de los diputados, y, por el contrario, toma un tono servil para pedirles que, a cuenta de usted, ciudadano, se incluya en el Presupuesto más dinero para refacciones escolares, a lo cual suman uniformes gratis. Pero, en realidad, lo único que les interesa es mantener privilegios, la injerencia en asignación de plazas, bloquear la capacitación obligatoria y recibir aumentos sin evaluación. Es tiempo de que la CC resuelva en contra del secretismo, a menos que sea comparsa de la componenda para mantener a la educación del país en el atraso y a merced de intolerantes desfasados.