Dentro de 25 días se cumplirán 20 años de la desaparición de la joven universitaria Claudina Velásquez, quien asistió a una fiesta pero nunca volvió a su hogar. Su cuerpo fue localizado al día siguiente, 13 de agosto de 2005, con evidentes señales de violencia y ultraje. Aquella noche del 12 de agosto, su familia pidió auxilio a la Policía Nacional Civil, pero en esta institución les respondieron que debían pasar 24 horas para considerar la denuncia.

Aquella fue la primera de muchas fallas del sistema de justicia, incluida la inexplicable clausura del caso durante varios años. Quizá, tan solo quizá, si se hubiese actuado con prontitud aquella noche, tal vez Claudina estaría con vida o sus victimarios ya estarían purgando sentencia. Los errores prosiguieron: el Ministerio Público (MP) omitió tomar las huellas dactilares de la víctima. Auxiliares fiscales llegaron al velorio de la joven para efectuar tal procedimiento, como un amargo preludio de dos décadas sin respuestas. El crimen sigue impune y su resolución debería ser un compromiso prioritario de las autoridades a cargo de la investigación y procesamiento. Es más, en 2015, el Estado de Guatemala fue sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y, sin embargo, el caso no avanzó.

El 12 de junio último fueron detenidas dos personas, presuntamente involucradas en el crimen: se trata de un abogado y una nutricionista, capturados en sendos operativos. En aquel momento, el MP no informó por cuál caso, porque el proceso estaba (y está) bajo reserva. Esa figura legal, de mantener en sigilo información de casos, tiene el objetivo de proteger pesquisas en curso para asegurar la aplicación de justicia; sin embargo, en no pocos casos, ha servido para otros aparentes propósitos.

La figura de reserva judicial, en ciertos hechos, ha coincidido con maniobras para enmascarar decisiones controvertidas de jueces —incluida la clausura de procesos contra exfuncionarios señalados de corrupción—, también para esconder errores que amenazan la integridad de casos y hasta disfrazar dilaciones, así como entorpecer la defensa de ciertos acusados. La primera declaración de los señalados fue inicialmente programada para el 1 de julio y se fue extendiendo por varios días.

Ayer, la jueza de mayor riesgo Abelina Cruz optó por ligar a proceso a ambos señalados. A pesar de la gravedad de los presuntos delitos —asesinato, obstaculización a la acción penal y falso testimonio—, decidió otorgarles libertad bajo medida sustitutiva. Es un mal mensaje. Por el alto impacto del caso, la prolongada espera de justicia y el riesgo de interferencias —obstaculización es uno de los delitos—, el proceso debería estar abierto a la prensa, para no quedar a merced de sigilos riesgosos. Y esto es aún más necesario si se toma en cuenta que la jueza Cruz dio seis meses al MP para completar la investigación. Es decir, que la desaparición de Claudina cumplirá 20 años sin justicia.

Desafortunadamente, no es el único proceso con síntomas dilatorios que sucesivas cortes supremas de Justicia no han atendido. Otro ejemplo de estos rezagos es el proceso por el asesinato de Melisa Palacios, perpetrado el 5 de julio de 2021. Los acusados no han podido ser juzgados ni sentenciados a causa de jugarretas judicialoides en las judicaturas de Zacapa y Chiquimula, lo cual denota influencias. El caso se trasladó al Juzgado de Mayor Riesgo C en la capital, pero el expediente llegó incompleto. La audiencia de etapa intermedia se anunció para el 2 de septiembre. Y la espera ciudadana de justicia continúa.