El caso “Municipalidad de Chinautla, un negocio de familia”, en el que se involucra a familiares y allegados del exalcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano —condenado a prisión por diversos hechos de corrupción durante su gestión— tomó un nuevo giro que podría beneficiar a todos los implicados, principalmente a su hijo, el exdiputado Gustavo Arnoldo Medrano Osorio, quien se encuentra prófugo.

Gracias a una recusación interpuesta por los abogados de Medrano Osorio en contra de la jueza de Mayor Riesgo C, Silvia de León, el caso fue trasladado al Juzgado de Mayor Riesgo B, a cargo de la jueza Abelina Cruz, quien ha estado en el ojo público por resoluciones que han favorecido a exfuncionarios sindicados en distintos casos de corrupción.

La recusación contra la jueza Silvia de León fue presentada por la defensa de Medrano días antes de que fuera removida como titular del Juzgado de Mayor Riesgo C, el pasado mes de mayo. Hasta el momento se desconoce cuál sala de apelaciones admitió la acción y autorizó que el caso fuera conocido por el Juzgado de Mayor Riesgo B.

Lavado de dinero y asociación ilícita

El hijo del exalcalde de Chinautla es acusado por los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita en el caso “Municipalidad de Chinautla, un negocio de familia”, revelado por la extinta Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) en 2017.

Según la investigación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), Gustavo Medrano Osorio formó parte de la estructura liderada por su padre, conformada por integrantes del Concejo, entre ellos varios familiares de la esposa del exalcalde. Esta estructura operó en la comuna de Chinautla de 2008 a 2012, periodo en el cual se habrían adjudicado de forma anómala varios proyectos y servicios a distintas empresas, por medio de las cuales se apropiaron de más de Q100 millones.

La Cicig impulsó estas investigaciones contra Arnoldo Medrano, su hijo Gustavo y otros familiares y conocidos, de los cuales la mayoría ya han sido sentenciados.

En cuanto a Gustavo Medrano, su captura no fue posible en su momento, ya que gozaba de inmunidad como diputado del Congreso. Al finalizar su periodo en 2020, se le retiró el derecho de antejuicio y se esperaba que se presentara voluntariamente ante los tribunales. Sin embargo, se dio a la fuga y su paradero sigue siendo desconocido. Solo sus abogados han promovido acciones legales dentro del caso.

Resoluciones controversiales

La jueza Abelina Cruz, actual titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, ha dictado resoluciones controversiales que beneficiaron a exfuncionarios de distintos gobiernos. Entre ellas, se encuentra el caso del exministro de Comunicaciones durante la administración de Jimmy Morales, José Luis Benito, quien fue beneficiado en febrero de 2024 con un procedimiento abreviado tras declararse culpable de lavado de dinero. Se le impuso una condena de seis años de prisión y una multa de Q1 millón 600 mil.

Asimismo, Cruz ordenó el sobreseimiento de delitos como lavado de dinero, asociación ilícita, cohecho pasivo, evasión y defraudación tributaria a favor de Gustavo Alejos, exsecretario privado de la Presidencia durante el gobierno de Álvaro Colom, y empresario farmacéutico, sindicado dentro del caso “Red de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero”.

También decidió dejar en libertad a Alejandro Sinibaldi, exministro de Comunicaciones del gobierno de Otto Pérez Molina, quien enfrentaba cargos por financiamiento electoral no registrado, lavado de dinero y liderar una estructura de cobros y pagos ilegales. La jueza argumentó que la acusación era imprecisa, al incluir el año 2015, cuando Sinibaldi ya no ejercía como ministro.

Además, cerró el proceso contra el exdiputado Estuardo Galdámez, implicado en el caso “Asalto al Ministerio de Salud”, donde se le acusaba de recibir sobornos por Q2 millones a cambio de beneficiar a conocidos con contratos de construcción del hospital de Quiché.

Todas estas resoluciones fueron dictadas por la jueza Abelina Cruz cuando estaba al frente del Juzgado de Mayor Riesgo D.